Atina Chile

Un residente espera para almorzar en un comedor social en la capital, Santiago, Chile, el martes 29 de marzo de 2012. En el corazón del distrito central de negocios de Santiago, la gente recurre a los comedores populares.

Mientras la pandemia de coronavirus amplía la desigualdad después de que las medidas de bloqueo paralizaran la economía informal durante meses.

En Chile, la incapacidad del gobierno para proporcionar alimentos adecuados a sus ciudadanos durante la pandemia ha llevado a miles de personas a tomar las calles de la capital, Santiago, para protestar por el cierre, creando el caldo de cultivo perfecto para la propagación del virus. El 25 de marzo y de forma más general, el gobierno chileno introdujo la cuarentena en comunidades individuales de Santiago y en todo el país.

Los consumidores de Argentina son los más partidarios de que el COVID llegue a Sudamérica: el 78% está de acuerdo en que el país está en crisis económica. Según una encuesta reciente, incluso antes de que estallaran las protestas, la mayoría de la gente decidía que las anteriores políticas macroeconómicas de Chile habían sentado las bases de la actual situación económica.

Pésimos resultados

Perú y Chile, que han reaccionado mucho más rápido, tienen ahora mayores tasas de prueba per cápita y ofrecen un apoyo económico más amplio. Estos pésimos resultados se producen después de que el país obtuviera la primera prueba COVID en 2010 y la segunda más alta del mundo en 2013.

Chile tiene una de las tasas de mortalidad más altas del mundo, con una estimación de 58,28 muertes por cada 100.000 personas. Brasil es el segundo país, después de Estados Unidos, tanto en muertes como en casos.

Sin embargo, Colombia, Chile, Perú y México también están muy afectados. Chile está diez veces más infectado que Argentina y Brasil, lo que lo convierte en el país latinoamericano más afectado. Aunque el Banco Mundial lo clasifica como un país de renta media-alta, tiene la segunda tasa de pobreza más alta del mundo y la tercera renta per cápita más alta de todos los países.

Antecedentes

Cuando el dictador Augusto Pinochet gobernaba el país a principios de la década de 1980, se consideraba uno de los países más progresistas de América Latina y del mundo. Tras la brutal dictadura militar, el trabajo social en Chile se consolidó. Se convirtió en una fuerza vital en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social en Sudamérica.

El continente, a menudo sacudido por disturbios políticos o sociales, es considerado por algunos como una «brutal dictadura militar».

Durante esta profunda crisis social y política, Chile se enfrenta a la aparición de una pandemia de coronavirus. Chile se enfrenta ahora a la difícil tarea de hacer frente a la pandemia y a las procelosas aguas del referéndum.

Al surgir una nueva crisis, las preocupaciones sociales en Chile han pasado a un segundo plano. La pandemia perturba el funcionamiento normal de la vida política, económica y social de Chile y el impacto que tiene en la política y la sociedad chilena.

Piñera anuncia vacunación masiva contra covid-19, vía @UlloaCNN https://t.co/SUD8KksgPx

— CNN en Español – PR (@CNNEPrensa) January 25, 2021

Mala gestión

En una encuesta reciente, el 81% dijo que la gestión de la crisis por parte del gobierno chileno era mala o extremadamente mala, y sólo el 6% dijo que apoyaba a Piñera. Algunos observadores sostienen que la actual crisis sanitaria ha convertido a Chile en un ejercicio presidencialista extremo. Uno que otorga al gobierno central demasiado poder para hacer frente al desastre.

La Dra. Bacigalupe describe cómo el gobierno chileno muestra una falta de experiencia en la comunicación de crisis, lo que sólo aumenta la frustración de los ciudadanos de bajos ingresos, que representan el grueso de la población de Chile.

Un grupo que está abordando este problema es Levantemo. Esta organización pretende ayudar a cientos de chilenos mediante la distribución de alimentos, concesión de microcréditos de vivienda y la defensa de la reforma de la educación pública.

Uno de ellos es Jhonny Ayrout, graduado de Bridge de Venezuela, que imparte un curso personal y en línea en Santigo, Chile, durante la crisis. Las principales organizaciones de ayuda internacional proporcionan ayuda, pero no a la mayoría de los pobres del país.

Problemáticas

La conferencia se centrará en la crisis de Chile, marcada por las violentas protestas a nivel nacional exigiendo una nueva constitución para combatir la desigualdad social y económica. Si bien los disturbios de esta semana han permitido llegar a un acuerdo sobre el referéndum, la pandemia y la economía han supuesto una oportunidad inesperada para la izquierda chilena.

En este contexto, Chile ha puesto en marcha la Mesa Social Covid 19, presidida por el ministro del Interior y apoyada por otros representantes de la opinión pública y del gobierno. El presidente del Consejo Nacional Socialista, el secretario general y el ministro de Educación surgirán como representantes. El Banco Mundial ayuda al gobierno chileno a intensificar sus esfuerzos y a abordar los retos a los que se enfrenta la población baja, nueva y vulnerable de Chile.

El problema del hambre en Chile se debe en parte a la gran desigualdad de ingresos del país, que ha creado una importante brecha entre el acceso de los ricos y los pobres a la alimentación y la educación. Los ciudadanos chilenos que realizan trabajos informales han dejado al descubierto una brecha de más de 1.500 millones de dólares en los ingresos anuales de los pobres de Chile, según un reciente estudio del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IESR).

La crisis de la COVID 19 también afecta a la industria chilena en cuanto a sus compromisos internacionales. Característica que ha permitido a Chile posicionarse internacionalmente como un proveedor fiable de alimentos. Para combatir los principales motores de las pandemias en la región, y quizás salvar algo útil del desastre, las iniciativas sanitarias mundiales deben tomar más en serio a América Latina.

En México a principios del año https://www.pornochacha.com/xnxx/, el gobierno llevó a cabo una ley que le daba a las empresas de petróleo derechos de subir los precios de la gasolina y de los hidrocarburos sin ninguna regulación gubernamental de ningún tipo. Esto se propuso reforzar una reforma energética, y permitir la inversión privada en el mercado del petróleo. El inconveniente fue que las personas se empezaron a molestar por esta precipitada medida, por lo que el gobierno anuncio que el precio de la gasolina no subiría tan considerablemente.

Dos años después (enero del 2017), las noticias de que efectivamente el precio de la gasolina había subido, la gasolina magna fue de un 14%, la Premium un 20% y el diésel (el cual es utilizado por transportistas de cargas pesadas) subió en un 16%, esto como era de esperar, afecto a muchas personas en todo el territorio mexicano el mejor sitio web, en donde se presentaron multitudinarias colas en las gasolineras y se presentaron protestas en contra del gasolinazo.

Read More Consecuencias del gasolinazo

La frontera marítima entre Chile y Perú ha sido un punto de polémica desde hace varias décadas, pero es el año 1947 el que marcó un punto trascendente en el tema.

Fue el año en que ambos países emitieron proclamaciones unilaterales que sentaron los importantes precedentes que muchos años después dieron lugar a resoluciones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.

El 23 de junio de 1947, Chile proclamó su soberanía y jurisdicción sobre el mar y el zócalo continental adyacente a sus costas hasta una extensión de 200 millas marítimas.

Poco tiempo después, en agosto del mismo año, Perú dictó el Decreto Supremo N° 781, de similares características.

Estas declaraciones de 1947 fueron el inicio de una controversia mayor que se prolongó durante años.

Y es que la vasta repercusión que los temas limítrofes han tenido en la opinión pública han reflejado desde siempre las tensiones respecto a demarcaciones fronterizas.

Chile, 1947

1947 fue el año en que el Presidente de Chile, Gabriel González Videla, emitió una Declaración Oficial respecto al tema.

Allí quedaba expuesto lo que ese país consideraba en relación con la frontera marítima.

“El Gobierno de Chile confirma y proclama la soberanía nacional sobre todo el zócalo continental adyacente a las costas continentales e insulares del territorio nacional, cualquiera que sea la profundidad en que se encuentre, reivindicando, por consiguiente, todas las riquezas naturales que existen sobre dicho zócalo, en él y bajo él, conocidas o por descubrirse”, se expresaba en el texto.

Perú, 1947

Pero sólo dos meses después, Perú también emitió una Declaración Oficial que sostenía que la soberanía y jurisdicción nacionales se extendían a la plataforma submarina o zócalo continental.

“La soberanía y jurisdicción nacionales se ejercen también sobre el mar adyacente a las costas del territorio nacional, cualquiera que sea la profundidad y en la extensión necesaria para reservar, proteger, conservar y utilizar los recursos y riquezas naturales de toda clase que en o debajo de dicho mar se encuentren”, se enunciaba en la Declaración.

Con las declaraciones emitidas por ambos países se daba inicio a una larga historia envuelta en polémica.

200 millas

Cinco años, después, en 1952 Chile, Perú y Ecuador suscribieron la Declaración sobre Zona Marítima, que confirmaba entre ellos la línea del paralelo como delimitación marítima de sus respectivas 200 millas.

Esta Declaración constituyó una indiscutible expresión de derechos de soberanía en una zona marítima de 200 millas y ha pasado a ser, además, un punto clave del nuevo derecho del mar.

Diferendo

La controversia de delimitación marítima entre Chile y Perú dio lugar a un diferendo planteado por la República del Perú a la República de Chile sobre la soberanía de una zona marítima de aproximadamente 37.000 m² en el océano Pacífico.

Perú sostuvo que la delimitación del límite marítimo entre ambos países estaba aún sin determinar, debido a que no se había firmado un tratado específico de límites marítimos.

Pero simultáneamente, Chile mantuvo que no había temas limítrofes pendientes entre ambos, ya que existían tratados internacionales vigentes sobre la materia suscritos en 1952 y 1954.

El diferendo comprendía el área marítima entre un paralelo que cruza el punto donde concluye la frontera terrestre entre Chile y el Perú en la línea de la Concordia, el llamado “Hito 1” según Chile y lo que el Perú llamó el “Punto Concordia”.

Esta controversia escaló hasta los años 80.

Y finalmente, La Haya

Tuvieron que pasar muchos años más para que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya resolviera en 2014 modificar la frontera marítima entre Chile y Perú en una sentencia inapelable.

La sentencia fue recibida como una especie de salida a medias en la que Perú obtuvo menos de lo que quería y Chile perdió menos de lo que esperaba perder.

La CIJ otorgó a Perú un «triángulo exterior» que hasta ahora era chileno con su vértice a partir de las 80 millas náuticas. Esto es, alrededor del 70% de lo que aspiraba según la demanda que había presentado en 2008 en una próspera región pesquera.

Por otro lado, la Corte respondió a la demanda validando el argumento de Chile de que los tratados pesqueros de 1952 y 1954 entre ambos países presumían un acuerdo fronterizo tácito y además aceptó la idea de la línea paralela al Ecuador como delimitador a partir del conocido como «Hito 1«.

El alto tribunal dejó incólume la frontera marítima, tal como defendían los chilenos, pero sólo hasta las 80 millas náuticas, y no las 200 que intentaban atesorar en Santiago.

Las reacciones al fallo de la CIJ fueron moderadas e intentaron ver el lado bueno del asunto.

El presidente chileno, Sebastián Piñera, comentó: «(se) ha confirmado en lo sustancial la posición chilena»

Mientras que el mandatario peruano, Ollanta Humala, dijo en aquella oportunidad que «Perú se siente complacido con esta opción de paz».

Al parecer, no dejar del todo satisfechas a las partes fue lo mejor que podía decidir la Corte Internacional de Justicia de La Haya en un caso que tuvo como punto álgido aquellas Declaraciones del año 1947.

Unos de los hitos más emblemáticos del movimiento obrero sudamericano es un hecho sangriento ocurrido un 21 de diciembre de 1907 en el Norte Grande de Chile. Un hecho cuyas heridas todavía no se curan del todo en ese país: la masacre de Santa María de Iquique.

Se trata de una tragedia acaecida en la época del auge de la producción salitrera en las regiones de Antofagasta y Tarapacá, bajo los gobiernos parlamentarios.

En aquella época, las miserables condiciones de trabajo y la explotación indiscriminada de que sufrían los obreros del salitre los llevó a unirse en una gran huelga.

El uso de la fuerza armada por parte del gobierno del presidente Pedro Montt para reprimir esa huelga dio lugar a una terrible matanza en la que tropas gubernamentales acabaron con la vida no sólo de los trabajadores sino de sus familias y además dieron un trato especialmente cruel a los sobrevivientes.

Si bien los reportes oficiales hablan de 126 muertes, otras versiones afirman que aquel día fueron asesinadas entre 2200 y 3600 personas.

¿Cómo ocurrió un hecho tan pavoroso? ¿Cuáles fueron sus antecedentes y cuáles sus consecuencias?

En este artículo intentaremos descifrarlo.

Salitre, fuerza de la economía

La zona del salitre en Chile está integrada por el desierto de Atacama. Los territorios de Tarapacá y Antofagasta fueron obtenidos por Chile luego de la Guerra del Pacífico (1879-1884), y significaron para ese país el acceso a una zona de enorme riqueza mineral compuesta principalmente por grandes yacimientos de cobre y salitre.

Precisamente el salitre se convirtió a fines del siglo XIX en el principal refuerzo de la economía chilena.

Una vez que Chile se había constituido como el productor exclusivo de salitre a nivel mundial, las tensiones inducidas por el dominio de las minas fueron de las principales causas de la Guerra Civil de 1891, cuando el bando del Congreso, protegiendo los intereses chilenos y británicos de la zona, dominó en la contienda.

Los yacimientos se hallaban en la mitad de la pampa, justo en la planicie entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes.

Era muy dura la vida en las minas en aquellos tiempos. Las empresas ejercían un inhumano control dentro de los yacimientos, con múltiples arbitrariedades.

Los trabajadores eran cada vez más vulnerables ante los abusos de los dueños.

Para 1907, en Tarapacá y Antofagasta trabajaban cerca de 40 mil operarios, de los cuales alrededor de 13 mil provenían principalmente de Bolivia y Perú.​

Aparte de ser propietarias de las viviendas de los obreros, las empresas tenían con un sistema policial propio, y además controlaban las bodegas y a todos aquellos que se dirigían a realizar negocios en  cualquier dependencia.

Comienza la huelga

Fue así como los obreros del salitre reclamaron en muchas ocasiones al Gobierno de Santiago las necesarias mejoras en sus condiciones de vida y sus deplorables condiciones laborales.

Sin embargo, los gobiernos parlamentarios eran renuentes a intervenir en los tratos entre empresas y trabajadores. De hecho, consideraban que las grandes movilizaciones obreras eran “rebeliones incipientes”.

Una huelga general se desató en la salitrera San Lorenzo el 10 de diciembre de 1907 y se extendió a la de Alto San Antonio, lo que dio lugar a la Huelga de los 18 peniques, que tuvo este nombre porque los jornaleros pedían el pago de sus pagos en esta moneda pues el salitre era comercializado en libras esterlinas.

Una cuantiosa formación de huelguistas de Alto San Antonio llegó al puerto de Iquique, sede del gobierno regional, portando banderas de Chile, Perú, Bolivia y Argentina.​

A este grupo se sumaron otras oficinas salitreras, lo que significó que también había entrado en huelga casi todo el comercio e industria del norte del país.

Según reportes de la época, los huelguistas sumaban entre 15 mil y 23 mil personas, lo que conllevó a la total paralización de las actividades del puerto y de la actividad minera.

La masacre

El gobierno de Santiago dio la orden de envío de tres regimientos para reforzar otros dos que había en Iquique y envió desde Valparaíso el crucero Blanco Encalada con tropas de desembarco. Posteriormente otros regimientos y tropas se fueron sumando.

Los huelguistas se negaron a desalojar la Escuela Santa María, en donde permanecían desde hacía una semana, y fue así como el 21 de diciembre el general Roberto Silva Renard ordenó a sus tropas hacer fuego en contra de la multitud.

El gobierno de la época ordenó que no se expidieran certificados de defunción detallados de los fallecidos y decidió enterrarlos a todos en una fosa común en el cementerio de Iquique.

Solo en 1940 se exhumaron los restos, que fueron enterrados nuevamente, esta vez en el patio del Servicio Médico Legal de la ciudad.

Mucho tiempo después, al conmemorarse los cien años de la matanza, el gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet ordenó que se exhumaran nuevamente los restos y que fueran depositados en un monumento especialmente dedicado a ellos en el lugar del crimen.

Fue así como finalmente se hizo justicia para aquellos miles de obreros chilenos, peruanos y bolivianos que habían bajado desde la Pampa y unido su movimiento reivindicativo al de sus compañeros iquiqueños.

Pero a día de hoy, hay gente que no tiene idea del impacto de esta masacre en el pueblo chileno.

Un nuevo sistema para acceder a la educación superior, una reforma a fondo de la Administradora Privada de Fondos de Pensiones, programas para la creación de empleos, un plan de austeridad que congelaría contrataciones en la administración pública, simplificacióndel sistema tributario y posibles reformas a la Constitución.

Eso es, en líneas generales, lo que podría esperarChile a partir del próximo 11 de marzo, cuando se oficialice la toma de posesión de Sebastián Piñera como nuevo presidente de la nación chilena.

Estará frente al destino de los chilenos entre 2018 y 2022, y sucede por segunda vez a Michelle Bachelet.Además, llega a la presidencia como el mandatario más votado en Chile desde la elección de 1993, que ganó el democristiano Eduardo Frei (1994-2000).

Piñera viene precedido por un anuncio rimbombante que para algunos es sólo una promesa electoral y para otros una esperanza: lograr un crecimiento económico a través de grandes acuerdos que establecerá siendo «el presidente de todos».

“Consenso” parece ser entonces la palabra clave en los meses por venir. Y todas las miradas estarán puestas en Sebastián Piñera.

Mayor número de votos

Como representante de la coalición Chile Vamos, Piñera aventajó por más nueve puntos (54,57 %) al abanderado del oficialismo Alejandro Guillier (45,43 %), de acuerdo con datos del Servicio Electoral (SERVEL).

Aquel 17 de diciembrede 2017 en que Piñera ganó, se llevaba a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile.

Cuando el 10% de las mesas habían sido escrutadas, ya era un hecho la substancial diferencia entre los candidatos y permitía predecir la victoria del ex presidente.

Una vez que había sido contabilizado el 99,99% de las mesas, los números confirmaron que Chile estaba listo para un segundo gobierno de centro-derecha elegido por la vía electoral.

En la primera ronda, Piñera había obtenido un resultado muy inferior a lo esperado. En esos días algunos sondeos le daban un 44% de los sufragios, pero en definitiva solo logró el 36,64%, mientras Guillier obtuvo el 22,70%.

Estos números creaban, según el análisis de revistas tan prestigiosas como The Economist, un entorno de indecisión: “El inesperado resultado de las elecciones en Chile significa que uno de los países más estables y prósperos de América Latina está entrando en un período de incertidumbre poco usual”, se afirmaba en un artículo.

Pero lo que pasó en la segunda vuelta no dio la razón a estos observadores.

Y es que ciertamente hubo algunas sorpresas dignas de destacar en la segunda vuelta electoral.

Piñera obtuvo una amplia e inesperada ventaja sobre su rival, lo que no había sido previsto por las encuestas, que en cuatro semanas habían señalado que existía un empate técnico entre ambos candidatos, y de hecho, anunciaban una segunda votación muy cerrada y estrecha. Pero nada de esto sucedió.

Otra de las sorpresas fue una considerable variación de votos de apoyo a Piñera en la segunda ronda, lo que lo convirtió en el tercer presidente con mayor número de votos desde el retorno a la democracia, solo rebasado por los resultados de las dos primeras elecciones realizadas después de la dictadura.

Esto quiere decir que la opción electoral del ahora presidente logró movilizar a 855.467 votantes que se abstuvieron o votaron por otra opción en la primera vuelta.

Los cambios previos

La escena política chilena ya venía presentando cambios significativos con anterioridad a las dos vueltas electorales. Uno de ellos fue el surgimiento de la candidatura de Alejandro Guillier.

Esta opción se produjo en medio de la difícil crisis moral de 2014, donde distinguidos actores políticos fueron acusados de recibir dineros de la empresa SOQUIMICH, propiedad del ex yerno de Augusto Pinochet,Julio Ponce Lerou.

Fue un gran escándalo que llevó al gobierno de Michelle Bachelet a designar el 23 de febrero de 2015, un Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, la conocida Comisión Engel.

El informe que este grupo presentó en junio del mismo año planteó una serie de cambios legislativos para depurar la política nacional y, sobre todo, los actos de corrupción.

Fue entonces cuando el senador independiente Alejandro Guillier apareció como una figura apartada de los escándalos.

De allí en adelante sus índices de aprobación tuvieron una tendencia al alza.

Antes de iniciar una carrera como político, Guillier tuvo una exitosa carrera como periodista en los medios de comunicación chilenos durante tres décadas.

El también sociólogo de 64 años contó con el respaldo de muchos chilenos de centro o  de izquierda.

Y es que en el ambiente de desengaño que venía experimentando la política en Chile, Guillier representó un alejamiento de aquellos pactos de la transición que simbolizaron mandatarios como Ricardo Lagos.

Momento complicado

Y entonces llegó la primera vuelta electoraldel 19 de noviembre. Allí la suma de ambos candidatos quedó bastante alejada del 50% más uno que Piñera necesitaba para ser presidente.

La diferencia entre Piñera y Guillier, que las encuestas pronosticaban por encima de los 20 puntos, solamente quedó en 14 (36% a 22%).

Ya para la segunda vuelta, Guillier tuvo que ofrecer un discurso más orientado hacia la izquierda para atraer votos del Frente Amplio, que tuvo buenos índices de votación para su candidata Beatriz Sánchez, y se convirtió en un referente de la política chilena a partir de ese proceso electoral.

También se vio obligado a prometer reformas progresistas más enérgicas que las de la presidenta Bachelet, mientras evitaba al mismo tiempo que muchos votos se fugaran hacia la candidatura de Piñera.

El momento era complicado. Los votos sumados de Beatriz Sánchez y Alejandro Guillier en la primera vuelta, incluidos los de los otros candidatos izquierdistas, completaban más que la votación de SebastiánPiñera,lo que hacía concluir que Chile quería cambios profundos.

La izquierda se vio alentada por el crecimiento en sufragios y la derecha entendió que debía actuar velozmente para no perder.

Pero al final, la opción de Piñera logró congregar a 855.467 votantes que se abstuvieron o habían votado por otra opción en la primera vuelta.

Y aún más. Las cifras reflejaron que al menos 107.895 de los votantes de izquierda en la primera vuelta se abstuvieron en la segunda vuelta, o si fueron a votar, no lo hicieron por Guillier.

Una buena cantidad de analistas se habían equivocado. Y Piñera lo había logrado.

¿Quién es Piñera?

Es un ingeniero comercial con mención en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster y doctor en Economía de la Universidad de Harvard, Estados Unidos.

Fue candidato a senador entre 1990 y 1998 como militante del partido de centro-derecha Renovación Nacional.

En 2005 se enfrentó a Michelle Bachelet en las elecciones presidenciales, representando a la coalición de derecha, en ese entonces llamada «Alianza por Chile». Logró el 46,5 por ciento de los votos.

En 2009 se lanzó por segunda vez por la carrera presidencial y en enero de 2010 ganó con el 51,6 por ciento de los sufragios.

Piñera es básicamente un empresario metido en la política.

Sus comienzos en el sector inmobiliario fueron con la constructora Coltén desde donde pasó al mundo de las finanzas como presidentedel primer banco de negocios de Chile: Citicorp.

Más adelante participó en la fundación de importantes empresas como Bancard, Inmobiliaria Aconcagua; Inmobiliaria Las Américas S.A. y Editorial Los Andes.

Igualmente fue inversionista de las aerolíneas Lan Chile, conocida actualmente como Latam Airlines luego de la fusión con Brasil TAM líneas Aéreas.

Además, obtuvo la filial chilena de Apple, lideró la cadena televisiva Chilevisión y formó parte de la junta del equipo de fútbol Colo-Colo.

En el año 2017 su capital ya se estimaba en 2.700 millones de dólares, lo que lo convierte en la tercera persona más rica de Chile, según la revista Forbes.

Sus opositores le reprochan que cuando eran presidente no se haya desligado nunca de sus empresas como ocurrió con la Pesquera Exalmar de Perú, donde Piñera habría invertido dinero a través de su compañía Bancard en 2010.

Pero otro reclamo que le hacen sus opositores a Piñera es su pasado vinculado a Pinochet, ya que durante su juventud fue defensor del régimen.

Para ganar la segunda vuelta electoral Piñera tuvo estrategias concretas para captar un sector que no le era favorable. Por eso cambió algunos fundamentos de su programa como la gratuidad de la enseñanza superior.

Por ello propuso mantener las ayudas que reciben cerca de 260.000 estudiantes universitarios y ampliarlas a los alumnos de formación profesional con menos recursos.

Propuesta de Gobierno

El financiamiento de la educación superior es una de las propuestas más importantes y, según detalla el programa de gobierno de Piñera, ayudará a quienes «no accedan a la gratuidad y requieran apoyo”.

Este financiamiento se hará a través de un nuevo Sistema de Acceso Solidario a la Educación Superior.

Se trata de un mecanismo que armonizará becas y créditos con una tasa de interés preferencial del 2%, y un monto máximo de pago del 10% de los ingresos una vez que el estudiante haya egresado.

Todo esto será por un período máximo de 15 años, después del cual cualquier saldo de deuda será condonado.

Otra propuesta es la denominada «Intermediación laboral en caso de desempleo”, que propone a «facilitar la rápida reincorporación al mercado laboral de quien caiga en desempleo”.

Asimismo, se creará el programa Seguro contra enfermedades graves catastróficas para las familias que será el encargado de dar apoyo a las familias ante eventostrágicos en salud de carácter no ambulatorio.

Paralelamente, en su programa de gobierno Piñera propone mejorar las pensiones de los adultos mayores más vulnerables.

Esto se alcanzaría con una reforma del Administradora Privada de Fondos de Pensiones, una política de inclusión social y la modificación del sistema de pensiones de clase media.

La vía para lograrlo sería un incremento de «los aportes fiscales al Pilar Solidario en un 42%, para aumentar la Pensión Básica y el Aporte Previsional Solidario, extendiendo su cobertura hacia la clase media», según expresa textualmente el programa.

Los beneficiarios inmediatos de este incremento serían 1,4 millones de pensionados con Pensión Básica Solidaria y aporte Previsional Solidario, así como 45 mil nuevos pensionados cubiertos por el aumento del Pilar Solidario hacia la clase media.

Esto incluye un aumento de las pensiones de la clase media basado en un complemento «con cargo fiscal para quienes hayan cotizado más de 20 años».

Respecto a la creación de empleos, impulsará leyes de teletrabajo, un programa llamado sala cuna universal y potenciando el trabajo de jóvenes y de la tercera edad.

En el área de salud el gobierno de Piñera planea construir 30 nuevos hospitales con 7 mil camas en el sistema público.

Reformas

Junto con todo lo anterior, Piñera tiene planeado realizar una diversidad de reformas políticas.

El mandatario electo ha dicho que desea «evaluar un cambio en el periodo presidencial, introduciendo la reelección inmediata por una única vez o extendiendo el período a seis años».

Del mismo modo ha propuesto el reemplazo parlamentario en los casos en que el cargo queda vacante, y el establecimiento de un límite a la reelección de los parlamentarios.

Otra reforma de Piñera será reducir de 10 a 9 los integrantes del Tribunal Constitucional para evitar que cuestiones detrascendenciasean decididas en última instancia sólo por el voto del presidente del organismo.

Durante su campaña electoral también prometió la creación de una Contraloría Independiente que tendría la labor de fiscalizar al Congreso en términos de transparencia.

Para evitar la corrupción, Sebastián Piñera presentó durante su campaña un plan de austeridad que establece el congelamiento de contrataciones en la administración pública, así como de gastos en viáticos y horas extras.

Se congelarán los sueldos de asesores ministeriales y se reducirán en un 10 por ciento los gastos en asesores honorarios.

Además, se promete una ordenación rigurosa de viajes al extranjero de funcionarios públicos y municipales.

Un alto costo

El programa para la primera etapa de gobierno de Sebastián Piñera tendrá un costo estimado de alrededor de 14 mil millones de dólares. 

Habrá para ello dos fuentes principales de financiamiento. La primera serán las reasignaciones presupuestarias de programas mal evaluados y la segunda serán unas estrictas medidas de austeridad.

Con estas estrategias se espera recaudar 7 mil millones de dólares.

Los otros 7 mil millones de dólares se obtendrán de la instrumentación de medidas que deberían significar un crecimiento económico para Chile como el aumento en un 42 por ciento el aporte fiscal al Pilar Solidario.

Todo se ve bien en el papel. Pero Piñera no podrá lograr estos objetivos en solitario. El consenso con las fuerzas políticas que se mueven después de aquella segunda vuelta electoral será decisivo.

Y hay que recordar que buena parte de esas fuerzas políticas son evidentemente contrarias a sus políticas.

El maltrato hacia las mujeres en latam es un secreto a voces, varias mujeres lo callan y es un problema que año con año crece a un ritmo preocupante., pero ¿Qué se puede hacer? Aquí te explicamos qué es la violencia de género y lo que puedes hacer para mejorar tu calidad de vida. No sufres sólo tú, también tus hijos.

Alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.

La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja.

En todo el mundo, casi un tercio (30%) de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida.

Un 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina.

Organización Mundial de la salud 2017

¿Por qué te callas, no dices nada y lo permites?

La violencia de género es toda una paradoja del mundo actual. Hemos evolucionado en tantos sentidos que es paradójico que el maltrato hacia la mujer siga sucediendo y aún peor, en proporciones epidémicas.

No es lo mismo “violencia de género”, “violencia contra las mujeres” o “violencia doméstica”

Aunque en todos los casos se sobreentiende una forma de abuso o maltrato, se distingue como violencia de género aquella que se deriva de la idea de superioridad de un género hacia otro.

Generalmente, y por la tradición cultural del patriarcado, este abuso sucede del hombre hacia la mujer, puede ser dentro o fuera de la familia. En este contexto, no aplican los casos de violencia perpetrados sin distinción de género.

Para explicarlo fácilmente, si vas por la calle y eres objeto de un acto terrorista o un hurto, has sido objeto de violencia, pero si eres atacada porque alguien te considera inferior en relación a tu condición de mujer: eso es maltrato, eso es abuso, eso es violencia de género.

No te engañes, la violencia tiene matices muy sutiles y otros no tanto. Si tu jefe da por sentado que te acostarás con él, si menosprecian tu inteligencia, si no te dejan trabajar o estudiar por motivo de tu género, eso es violencia, y no hay que callarlo.

Otro caso común y triste de violencia contra la mujer es la violencia obstétrica, obligar a la mujer a callar su dolor, menciona frases despectivas como “así no gritabas cuando estabas fabricando al bebé”, eso es violencia, y es denunciable.

Según la definición dada por UNICEF  “la violencia de género es aquella que se ejerce contra otra persona debido a su género y puede ser mujer, travesti, etc”.

En su lugar, CEPAL, 2015 declara que “la violencia de género ocurre por desigualdades estructurales que ubican a las mujeres en el lugar de subordinadas”

Diferencias entre sexo y género

Esta diferencia queda muy bien explicada por Rohlfs,y colaboradores es su artículo publicado en el año 2000: Actuar contra la violencia de género: un reto para la salud pública.

«Género es un concepto sociocultural ligado a las costumbres y al significado que se da a las atribuciones femeninas y masculinas, que pueden diferir entre sociedades y en el tiempo; no es una variable ni sinónimo de mujer ni tampoco debe utilizarse de manera intercambiable con la palabra sexo. El sexo, en cambio es una categoría biológica que, en principio, es inmutable y ahistórica»

Entonces, entendiendo esta concepción, la violencia de género, es un evento social, un problema de todos, que incluye aspectos sociales, familiares étnicos y económicos.

Según datos de  Women, Business and the Law 2016, aún hay mas de 30 países en donde la violación a una mujer no se penaliza si es por parte de su pareja o si se casa con esta posterior al acto de violación.

Colombia: De acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila), del Instituto Nacional de Salud (INS), entre las violencias basadas en género se encuentran la física, psicológica, la negligencia y abandono, el abuso sexual, el acoso sexual, la violación, la explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes, la trata de personas para explotación sexual, la violencia sexual en el conflicto armado y los actos sexuales violentos.

El INMLCF produce estadísticas sobre violencia intrafamiliar, delito sexual, lesiones personales

Y homicidios. Desde 2009, introduce los conceptos de feminicidio y homicidio en mujeres. (Detrás de las cifras de violencia contra las mujeres en Colombia. García e Ibarra, 2016)

Perú: El Perú sigue ocupando el tercer lugar en la relación de países con mayores índices de violaciones sexuales en el mundo, luego de Bangladesh y Etiopía, según informó a través de un comunicado el Gobierno de la República.

Este fue emitido tras el incremento de casos de feminicidio, tentativas de feminicidio y violencia contra la mujer reportada los últimos días a nivel nacional CARRANZA 2017 LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL PERÚ

Venezuela: En el año 2007, se convirtió en el primer país del mundo en tipificar la violencia obstétrica y penalizarla como delito.

Argentina: se firmó un convenio entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en el año 2012, con el Consejo Nacional de la Mujer (CNM) para la construcción de un Registro Único de Casos de Violencia contra la Mujer (RUCVM) tomando como fuente de datos los registros administrativos existentes de los servicios que atienden casos de violencia contra la mujer.

Sin embargo, no hay datos fiables que permitan dar cuenta sobre la magnitud de la violencia contra la mujer.

Hasta ahora, no existen estadísticas oficiales que provean información sobre la problemática.

Existen pocos datos, y los que hay, están desarticulados, dispersos, incompletos, inconsistentes e incomparables, es decir, la información existente no está sistematizada («Hacia el aprovechamiento de los registros administrativos para medir la violencia contra la mujer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Rodríguez, 2016).

Las consecuencias no son solo para las mujeres

“La violencia contra las mujeres también tiene consecuencias generacionales, porque cuando las mujeres son objeto de actos violentos, sus hijos sufren.

Un cúmulo creciente de evidencias científicas indica que los niños que han sido testigos de hechos de violencia o que los han sufrido directamente corren más riesgos de convertirse en agresores o en víctimas en la edad adulta”

¡Ya basta! Hay que hablar

El problema más grande para tratar la violencia, el maltrato y el abuso contra la mujer es el silencio. Además, estudios han comprobado que las mujeres que son abusadas por su compañero sentimental se apegan más a él y llegan a quererlo más que si las tratase con dignidad.

OJO; esto no implica que para mantener a un a mujer enamorada debas pegarle, eso demuestra cómo la mente de una mujer se va enfermando cuando se acostumbra a callar.  ¡Quiérete, habla!

Fono de ayuda contra la violencia en chile: 800 104 008.

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Violencia en Latinoamérica

En Latinoamérica, los datos son escalofriantes.

En el estudio citado: Violencia contra las mujeres en Latinoamérica y el Caribe, se demuestra que la mayor parte de las habían sido objeto de violencia, reseñaron actos “graves”, como puñetazos, amenazas o heridas con un cuchillo u otra arma.

Además, un factor común, es que, sus parejas las obligaban con frecuencia a tener relaciones sexuales.

En todos los países, la mayoría de las mujeres que habían vivido hechos de violencia física en los últimos 12 meses, también sufrieron de maltrato emocional (como insultos, humillaciones y amenazas de daños).

Las proporciones registradas fueron desde 61.1% en Colombia en 2005 hasta 92.6% en El Salvador en 2008.

Realmente escalofriante, y eso solo es la punta del iceberg, ya que la mayoría de los actos de violencia en el mundo, y también en Latinoamérica, no se denuncian.

Denunciar, es el primer paso.

La ayuda sicológica es fundamental, pero lo más importante es tratar la violencia como lo que es, un problema social que debe estar en la agenda de todos los gobiernos del mundo.

La aplicación de medidas económicas por parte del gobierno de Mauricio Macri ha venido generando un clima de agitación social en Argentina, que recrudeció en diciembre de 2017 y apenas se calienta este año, con miras a intensificarse.

Y como suele ocurrir en cualquier país, el hecho económico se entrelaza con la pugnacidad política.

Para el gobierno, las medidas son más que necesarias para sanear la economía del país austral y reducir la temida inflación que se encuentra alrededor del 25%. Para otros sectores, entre ellos representantes del sindicalismo, se trata de medidas injustas, “hambreadoras” que sólo empobrecerán a la ciudadanía.

Un segmento de la sociedad está exasperada y esto ya se evidenció en diciembre de 2017 cuando decenas de miles de personas protestaron en Buenos Aires contra la aprobación de una ley destinada a recortar el monto de las jubilaciones y aumentar la edad de retiro, que, de acuerdo con las denuncias, únicamente perjudicará a los jubilados y demás trabajadores.

Aquellas grandes movilizaciones de los días 14 y 18 de diciembre de 2017 podrían ser sólo el preludio de lo que pasará en Argentina durante los meses venideros en 2018. Lo que viene podría ser el recrudecimiento de una lucha a pulso entre dos grandes sectores, cada uno con motivos suficientes para mantener sus posiciones.

Es lo que parece, luego de una enorme concentración realizada en Buenos Aires el pasado 21 de febrero, donde el foco se centró nuevamente en las medidas económicas de Macri.

Una serie de medidas

En 2017 el gobierno de Mauricio Macri celebró a lo grande su segundo cumpleaños con una victoria en las elecciones legislativas, lo que aprovechó para lanzar una serie de medidas difíciles de aceptar y comprender por buena parte de la población.

Se trata de un puñado de resoluciones, decretos y proyectos de ley para tratar de canalizar los problemas de la economía argentina que, según expresan voceros gubernamentales, son “heredados de la era kirchnerista” pero que han sufrido una profundización.

Las reformas en cuestión son tres: laboral, tributaria y previsional, que conforman un programa económico a gran escala.

Las reformas laboral y tributaria están orientadas a reducir costos empresariales y ajustar las condiciones de trabajo.

Uno de los puntos más polémicos en estas reformas es la indemnización por despido, la cual se calculará sobre el monto básico de la remuneración y no sobre el ingreso habitual del trabajador.

Otro punto que ha encendido el debate es que la jornada laboral podrá extenderse hasta 10 horas (en la actualidad es de 8) sin pago de horas extra. Pero al mismo tiempo se establece un fondo de horas que obliga al patrono a compensar más adelante las horas adicionales trabajadas.

Asimismo, en el aspecto tributario uno de los puntos más criticados es la reducción de aportes patronales a la seguridad social para financiar jubilaciones.

También en este punto se reducirá el impuesto a las ganancias de las empresas cuando reinviertan sus utilidades.

Por su parte, la reforma previsional apunta a compensar los menores ingresos fiscales derivados de las otras reformas, por la vía  de la reducción del gasto en jubilaciones.

Aquí uno de los puntos álgidos lo constituye la pérdida de ingresos que sufrirá el organismo encargado de pagar las jubilaciones y pensiones por la rebaja de aportes patronales.

De acuerdo con algunos analistas, de aplicarse este cambio los jubilados recibirían en total 100.000 millones de pesos menos. Número que podría ascender a 150.000 millones de pesos si se incluye lo que tampoco se cancelará por pensiones.

Hoy en día, 600 mil millones de pesos en déficit fiscal y un déficit comercial de 6 mil millones de dólares hacen que el país deba cubrir un agujero fiscal con dólares de una balanza comercial negativa.

En medio de todo lo mencionado está la inflación. Para 2018 el gobierno de Macri tiene el reto de hacer crecer la economía y bajar la inflación, pero es más fácil decirlo que hacerlo.

Sin embargo, el mandatario argentino continúa esgrimiendo una cantidad de argumentos que para él son logros indiscutibles.

Algunos de ellos son que la economía ha cobrado auge, “la inflación alcanzó el menor nivel en una década, los salarios se han recuperado, y la pobreza y el desempleo se han reducido», ha dicho en foros internacionales.

Otro argumento pone a dudar a mucha gente, porque expresa que en Argentina se ha alcanzado “un consenso político en torno a una agenda de reforma permanente”.

En vista de los últimos acontecimientos, este último punto está por verse.

¿Fuerte, pero no tanto?

Apenas en los inicios del 2018, el ambiente se calienta con una gran demostración de fuerza enmarcada en la pugna personal entre quien fuera el jefe de la vigorosa Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, y el presidente Macri. Ambos fueron alguna vez aliados políticos.

Fue un llamado a tomar la calle el pasado 21 de febrero que miles de personas aceptaron para inundar la avenida 9 de Julio, principal arteria de Buenos Aires. Pero, aunque la imagen de multitudes fue impactante, el sector más combativo del peronismo, representado por Moyano, no lució tan poderoso.

Una buena cantidad de los gremios que componen la central sindical resolvieron no acompañar a su antiguo líder, porque han visto “un interés personal” en sus demandas contra el Gobierno.

Y es que el veterano sindicalista tiene sobre su cabeza acusaciones de enriquecimiento ilícito y malversación.

Aún así la asistencia a la marcha en la capital argentina fue masiva y contó con la participación de movimientos sociales, el kirchnerismo y los partidos de izquierda, entre otros.

Y para Macri el panorama tampoco está sencillo. Desde entonces, su popularidad se ha resentido aunque continúa en un 50% de aprobación según algunas encuestas.

Luego de pocos meses desde que su partido, Cambiemos, dispersara a la oposición peronista en las elecciones legislativas de medio término, el presidente argentino debe apretar muchas tuercas para afinar sus medidas económicas.

Pero, como ya se vio en la reciente marcha, no será tan fácil. Moyano, el sindicalista más poderoso de Argentina desde hace 30 años, se le ha plantado de frente con esta gran movilización. 

Sin embargo, ya con 74 años, y acusado por el presunto uso fraudulento del dinero de su enorme sindicato de 200.000 afiliados y un aglutinado de empresas con clínicas de salud, hospitales y hoteles, el líder sindical no luce tan fuerte como en décadas anteriores.

«Dicen que esta marcha es para defenderme de mis causas judiciales. No estoy implicado en ningún tema de corrupción, pero si fuera así, tengo las suficientes pelotas para defenderme solo…”, afirmó Moyano, lo que para sus enemigos políticos fue una contundente muestra de debilidad.

Y es que comenzar el acto hablando de sus causas judiciales, fue, para muchos, la evidencia de que el motivo de la marcha era para defenderse y no para defender la causa de los trabajadores.

Mientras tanto, Macri apuntaba al desprestigio de su ahora oponente con una frase lapidaria: «El camino es el trabajo y el diálogo, sin extorsiones ni comportamientos mafiosos».

Pero apostar a la mala imagen de los opositores no será suficiente. La situación es complicada.

Inflación, dólar y más

De acuerdo con algunos analistas, el progresivo desempleo en Argentina ya ronda el 15% de la fuerza laboral, pero para los jóvenes menores de 30 años la cifra alcanza un 45%.

Entretanto el gobierno intenta negociar un aumento de salarios mucho menor que los índices actuales de inflación.

Existen también contradicciones entre los exportadores de granos que reclaman una cotización del dólar lo más alta posible, y los importadores de mercancías y banqueros argentinos, que solicitan mantener la equivalencia actual.

Y es que en medio de todas las dificultades está el llamado “atraso cambiario”, o dicho de otra forma, el dólar barato.

Un déficit fiscal creciente crea una inflación que “atrasa” el dólar. Este dólar barato hace que el país no pueda producir sus propios dólares legítimos y en consecuencia, el déficit comercial debe ser equilibrado con un mayor endeudamiento.

Es un círculo vicioso del cual ha sido difícil salir para los argentinos.

De acuerdo con algunos investigadores, no durará para siempre esa facilidad de adquirir dólares baratos agregados efímeramente al mercado debido a una elevada tasa para los bonos en moneda extranjera.

Agregan que permanecerá en el tiempo únicamente mientras los compradores acepten el riesgo de una cesación de pagos.

Entretanto, el Gobierno de Macri ha venido tomando algunas decisiones con cierto optimismo. Una de ellas es “recalibrar” las metas de inflación, por lo que para el año 2018, la meta es del 15 por ciento.

Se espera que la meta de inflación será reducida a un dígito hacia el año 2020, con un objetivo final del 5 por ciento.

Además, voceros en la administración de Macri aseguran que en 2017 la economía creció y comenzó una mengua de la recesión.

También han afirmado que en 2017 el promedio de los salarios generó la posibilidad de hacer crecer el salario real en 3 puntos.

El gobierno de Macri sostiene que el objetivo final es reformar la estructura productiva para generar más oportunidades de empleo.

Obviamente, no todos piensan lo mismo.

¿Oleada de movilizaciones?

Despidos, movilizaciones defensivas, represión y detenciones son parte de lo que denuncian sectores opuestos al gobierno.

Una referencia frecuente la constituyen los sucesos en el ingenio La Esperanza de Jujuy, con 400 despidos y decenas de heridos el 20 de diciembre de 2017 así como la represión a los jubilados y docentes  de la provincia de Santa Cruz, a tres días de finalizar el año pasado.

Igualmente se mencionan las cesantías y represión durante las últimas semanas de enero y comienzos de febrero de 2018 a los mineros del carbón de Río Turbio, los empleados del Instituto de Tecnología Industrial (INTI) y los profesionales del Hospital Nacional Posadas.

Para algunos observadores la implacable acción de las fuerzas de seguridad “es una decisión política del gobierno nacional”.

Los más radicales opinan que la aplicación de “medidas neoliberales” por parte del gobierno de Macri se ha visto posibilitada por la confabulación de la burocracia sindical y de la oposición en el parlamento.

Según esta tesis, el paso siguiente ha sido el aumento de la represión y la violación de las leyes y la Constitución.

A juicio de algunos sectores de oposición a la administración Macri, la Corte Suprema y los tribunales se han prestado para la violación de la legislación vigente.

Estas denuncias se basan en que las figuras de “asociación ilícita” y “prisión preventiva por peligrosidad”, se han empleado indiscriminadamente para detener a cualquier opositor o luchador social.

Y van más allá. De acuerdo con esta visión, un Decreto de Necesidad y Urgencia promulgado por el presidente Macri en enero de 2018, derogó 19 leyes y decretos y modificó otros ciento cuarenta de modo inconstitucional.

Bajo esta óptica, a Argentina le esperaría en 2018 una oleada de movilizaciones de calle.

Lo que podría pasar

En marzo de este mismo año los gremios sindicales buscarán, a través de convenios con sus concernientes entidades patronales, los aumentos salariales que dominen a la inflación y rescaten parte de lo perdido en años anteriores.

Para estos sectores la inflación de 2018 en Argentina estará muy por encima del 15% que estima el Gobierno.

Y es por ello que obreros, docentes, jubilados, militantes de movimientos sociales, empleados de comercio y cooperativistas populares marcharon y se concentraron el pasado 21 de febrero en Buenos Aires.

Ellos quieren que se echen atrás algunas reformas y que cesen los despidos.

Alrededor de todo esto, hay un ambiente de posible diálogo entre las partes en pugna, que algunos ven como condicionado.

Una prueba de ello podría ser que durante el acto masivo en la capital argentina no se amenazó con profundizar la protesta. Se habló del rechazo al nuevo sistema de cálculo jubilatorio y también a la reforma laboral. Pero no se amenazó con un paro general.

Más aún, un día después de una masiva convocatoria en el centro bonaerense, Hugo Moyano mostró disposición a reunirse con el presidente Mauricio Macri. «Si el Presidente me llama, voy a ir», declaró a Infobae.

Entonces ¿qué pasará ahora? Algunos analistas consideran que después del acto de 21 de febrero hay dos alternativas: podría haber sido el punto de máxima conmoción con el gobierno de Macri o podría ser el primer paso de una gran progresión de conflictos.

El gobierno sigue insistiendo en que mediante estas reformas se logrará promover una mayor inversión, tanto nacional como extranjera, y que esto ayudará a elevar los niveles de empleo.

Voceros del gobierno argentino sostienen que actualmente los empresarios no invierten mucho más debido a los altos costos y rigurosidad en los contratos de los trabajadores.

Mientras tanto, la probabilidad de una total paralización y del incremento notable de la tensión política sigue en el ambiente y amenazan los planes reformistas de Macri. Ya veremos.