DE ARRIBA HACIA ABAJO, O DE ABAJO HACIA ARRIBA: EN QUÉ DIRECCIÓN QUEREMOS IR
Actualmente en el país existen escasas políticas públicas que orienten a los diferentes territorios a lograr un desarrollo desde su base, si bien es cierto en los últimos años se ha avanzado en esta materia, aún el peso de centralismo continua golpeando al país. Aquí se presentan algunas propuestas de reforma a esta cruda realidad que aún nos ancla al subdesarrollo.
Por: Jorge Muñoz Cerda
Nuestro país en los últimos años ha tenido una evolución paradójica. Los indicadores macro demuestran resultados positivos: un crecimiento económico sostenido, una reducción en los niveles de pobreza y un mayor desarrollo humano.
En general, estos logros se atribuyen a los procesos de modernización que se han impulsado el país y a su creciente inserción internacional en la globalización mundial. No obstante al realizar una mirada mucho más profunda, se constatan graves contradicciones: un desempleo con raíces estructurales; una creciente y arraigada desigualdad (en ingresos y oportunidades); procesos de integración social rígidos y limitados; y sensaciones de inseguridad, frustración y malestar en la ciudadanía.
Por otro lado la glorificación del actual modelo hace creer al ciudadano común que el rumbo de todo lo humano depende de parámetros económicos cuyo manejo está más allá del alcance de la mayor parte de los hombres, de modo que se les aboca a la pasividad y al individualismo.
Lo anterior se ve aún más agravado en las diferentes regiones, de nuestro país, en donde la lejanía del centro decisional de país, ha generado una ciudadanía pasiva y conformista respecto a la forma en que se administran sus destinos. Todo esto nos lleva a las siguientes reflexiones.
De arriba hacia Abajo o de Abajo hacia arriba, los dos caminos
Las normas que desde 1974 fijaron la organización administrativa y política del territorio chileno han establecido una estructura decisional claramente “de arriba hacia abajo”. A las diferentes regiones y territorios del país se les impuso criterios de desarrollo económico y de control político y administrativo concebidos desde el centro.
Lamentablemente el éxito de este modelo ha generado desigualdades sociales y territoriales, alta concentración económica, política, social y cultural en la capital y una sobreexplotación de los recursos naturales, sin reparos por su destrucción, ni por los intereses locales, todo ello a favor del centro.
Ahora bien, cuando las decisiones están concentradas en el Poder Central, en contraste; las potencialidades lo están en las diferentes localidades (territorios, regiones comunas), se desata el conflicto en donde los intereses políticos, económicos, sociales y medioambientales de las sociedades locales se enfrentan con obstáculos (cultura política, poder económico, entre otros) que les impiden llegar hasta los organismos decisionales. Por consiguiente, desde el punto de vista institucional, las relaciones “de abajo hacia arriba” se han encontrado en situación aún más desventajosa, pues, la administración y el Gobierno del territorio se han fusionado y ha aumentado su subordinación al Gobierno Central.
Descentralizar, el primer paso
La descentralización se configura como un proceso necesario, deseable y prioritario si queremos avanzar hacia un verdadero desarrollo Humano. Para que esta sea efectiva se necesitan una serie de reformas a nuestra institucionalidad pública vigente, las cuales obviamente se encuentran sometidas a una serie de dificultades para ser aprobadas.
Estas dificultades nacen de la contradicción entre la voluntad de descentralizar, sostenida por una gran parte de la sociedad chilena, y los límites de las leyes correspondientes. Esta contradicción es observable en la falta de canales institucionales de participación “de abajo hacia arriba”.
Es claro que esta inadecuación es sufrida y señalada por diversos actores políticos, económicos y sociales, y es por esto que hace tiempo que sectores políticos reflexionan sobre la necesidad de reformar la legislación para remediar esta situación.
Entretanto, para salvar esa inadecuación, diversos grupos en las sociedades regionales desarrollan formas de organización y de expresión de sus intereses, según su naturaleza, sus posiciones, y el contexto en el cual actúan.
Reformas prioritarias.
Elección directa del Gobierno regional
Esta reforma catalogada como prioritaria, se basa en dos aspectos. Básicamente pretende por una parte asegurar la legitimación ciudadana, y la estabilidad del ejecutivo regional (Intendente) a través de la elección democrática de este, dejando de lado el sistema de designación y por otra parte pretende fortalecer la identificación de la comunidad regional con el consejo regional (CORE) a través de la elección directa y democrática de sus integrantes.
Respecto a la aprobación de esta reforma, a la fecha nadie cuestiona la importancia de la elección de los consejeros, pero cuando se trata del ejecutivo regional la cosa cambia radicalmente, ya que para algunos sectores conservadores, esta reforma atentaría contra la estructura base de nuestro estado-nación, generando una diversidad de poderes contrarios o con intereses distintos al poder central.
Flexibilización de la institucionalidad pública.
Esta medida pretende flexibilizar la división política administrativa vigente, permitiendo la creación de macro regiones, nuevas regiones, comunas, municipios, delegaciones y territorios especiales. La idea de esta medida es reconocer y potenciar la diversidad de los territorios existentes en nuestro país, como su principal riqueza de su desarrollo.
Esta medida cobra vital importancia, ya que se hace imprescindible en un mundo globalizado y competitivo generar políticas públicas desde los territorios, para los territorios, potenciando la participación de los actores sociales locales. En este aspecto se reconoce por parte de los sectores políticos la importancia de esta medida y la carencia de efectivas políticas en este sentido, las cuales históricamente han limitado el desarrollo de los diferentes territorios.
Incentivos a la inversión regional
Esta medida en el ámbito económico, se presenta como unas de mayor importancia para el desarrollo regional. Aquí se propone dentro de un marco estable de tributación global, destinar una mayor proporción de la tributación nacional a inversión productiva y social en comunas y regiones.
Entre las medidas se propone generar una descentralización fiscal, que desarrolle capacidad en las comunas y regiones para crear impuestos propios, destinados a inversión para el desarrollo. Se propone además la creación de una ley de rentas regionales, un mayor traspaso de recursos del presupuesto nacional a comunas y regiones y generar incentivos para inversión en regiones entre otras medidas.
Esta medida es una de las más sensible y compleja para su posible aprobación, ya que significa un verdadero traspaso de poder decisional sobre recursos económicos a las regiones. Sectores políticos señalan que existen muchos riegos como por ejemplo la pérdida del control fiscal por parte del gobierno central, lleve a un problema de sostenibilidad de las finanzas públicas nacionales creando una verdadera crisis financiera.
Principales impactos
Si bien es cierto cada una de estas medidas por si misma tendría un impacto positivo, pero en general todas ellas se caracterizan un denominador común, la descentralización.
Ante lo anterior la descentralización surge como proceso es clave para alcanzar un desarrollo humano real y concreto. A través de esta el gobierno se acerca a la ciudadanía, las decisiones son más realistas y ajustadas a las necesidades, se estimula la participación ciudadana, se descongestiona las crecientemente concentraciones humanas en las grandes urbes como Santiago.
En el aspecto humano podemos decir que una sociedad descentralizada se alimenta de la diversidad social, en ella habitan una pluralidad de intereses y de vidas humanas que dan forma y sentido a una sociedad civil activa y participativa en la construcción de sus destinos.







Me parece que lo dicho ahorra cualquier comentario.
Nuestra región, la Duodécima, muestra claras deficiencias en su desarrollo. Tanto es así, que se encuentra como la penúltima en el aprovechamiento de los recursos públicos. Incluído el "confite" del Transantiago.
Sólo dos causas puede explicar lo anterior: Negligencia de las autoridades regionales o entrabamiento de las directrices centrales.
Me inclino a pensar que se debe a lo segundo.
Tu comentario respecto a la apatía ciudadana en provincias, aquí en Magallanes es irritante.
El incentivo diario al consumismo ha permeado de tal manera nuestros individualismos que cualquier intento de lograr una reacción comunitaria es casi nula.
En todo caso la percepción generalizada con respecto a nuestras autoridades, es la de funcionarios subalternos del poder central sin ninguna capacidad de decisión.
Espero que tus palabras conmuevan de alguna manera a quienes por omisión o desidia están dejando facer.
Saludos.