Tragedias carcelarias y paz social

Hernán Narbona Véliz

81 reos mueren calcinados en incendio. La tragedia de la Cárcel de San Miguel, más allá del impacto emocional, ha dejado al desnudo una realidad estructural que debe ser abordada como asunto de Estado.

El problema carcelario está cruzado e inserto en un modelo económico instaurado en Chile a partir de la Constitución Política de 1980. El rol del Estado en materia de seguridad pública, de aplicación de Justicia y de ejecución de las sentencias, pasa por el principio constitucional de subsidiaridad, que manda que el Estado debe intervenir en la actividad económica, sólo en la medida que los privados no pudieran hacerlo, lo cual llevó a visualizar la administración de establecimientos carcelarios como un nuevo nicho de negocios e inversiones.

Tratándose de un tema de seguridad pública y del ejercicio del rol punitivo del Estado a través del Poder Judicial, se condujo el tema a las necesidades de infraestructura, es decir a la demanda de cárceles, de acuerdo al aumento del número los condenados o procesados que se produce por la aplicación de la ley en el sistema judicial.
Es deber del Estado proveer los lugares de privación de libertad y, de acuerdo a los lineamientos generales para la gestión pública, esto significó planificar la solución de largo plazo con la coparticipación público privada, en donde concesionarios privados invertían y entregaban la infraestructura y la habitabilitad de los penales, mientras la administración y seguridad de los mismos quedaba, según lo establece la ley, en Gendarmería de Chile, dependiente del Ministerio de Justicia. Como el asunto de infraestructura pasaba por el ámbito de concesiones, mediante contratos de construcción, operación durante un determinado período y transferencia ulterior al Estado, correspondió al MOP el diseño de las cárceles y las condiciones contractuales de los proyectos. Según los antecedentes acumulados en diversos informes e investigaciones de la Cámara de Diputados, en medio de esta complejidad hubo descoordinaciones entre los ejecutores de la política carcelaria, vale decir Gendarmería, y el MOP, a cargo de los diseños de los proyectos de cárceles concesionadas, produciéndose impasses que derivaron en la paralización o retraso de obras comprometidas, con el costo de indemnizaciones a las adjudicatarias de los proyectos, de acuerdo a los términos contractuales suscritos.

Ese es el cuadro de fondo en el que ocurre esta nueva tragedia. La sociedad ha exigido mayor rigurosidad con la delincuencia y ello implica, en la medida que las policías y el Ministerio Público lo hacen mejor,  que más personas deben cumplir condenas privativas de libertad por comisión de delitos y, por ende, se requiere mayor infraestructura.

La administración de justicia no puede limitar su actuación a la existencia o no de espacios en el sistema carcelario,  no debiera funcionar la seguridad ciudadana con una lógica economicista.

La Justicia debe seguir operando con independencia, de acuerdo a la ley y aplicar las penas que fijen los códigos. Si las mismas son elevadas o no, es otro tema, pero, si el Estado no es capaz de proveer los lugares adecuados para mantener prisioneros a personas que han sido sentenciadas por comisión de delitos, estamos frente a una decisión política que se centra en el problema de recursos. Hacen falta más cárceles y la solución de cárceles concesionadas parecería ser una opción, siempre que se gestione con inteligencia y transparencia, ya que siempre está la opción alternativa o complementaria de que las nuevas cárceles sean gestionadas por el propio Estado, a través de Gendarmería, pero ello es una definición política mayor, pues significa confiar en la gestión pública la solución total o parcial del problema. Es un asunto de fondo, que se debiera discutir en la clase política y con  participación de la sociedad civil.

No es una solución aplicar indultos, devolver a los delincuentes a la calle porque las disponibilidades de habitabilidad están copadas. La sociedad, la gente honesta y de trabajo requiere seguridad, pero también aspira a que las condiciones de fondo eviten que la delincuencia sea opción de vida, que se transmite al interior de las familias. Se debe buscar opciones que conjuguen orden y equidad, para que los reclusos tengan opciones de rehabilitación y que su pena no se vea extremada por la indignidad del hacinamiento y el imperio de la fuerza por parte de delincuentes más avezados u organizados.

La segregación de reos por su peligrosidad, por el tipo de delito cometido requeriría diseñar tipos de establecimientos diferenciados, donde los condenados por delitos que no fueren de sangre, tales como hurto, estafa, giro doloso de cheques, incumplimiento de pensiones alimenticias, etc, pudieran  concurrir a trabajos comunitarios, a cárceles granja o cárceles talleres que les dieran una relativa privación de libertad con exigencia de trabajar y cumplir horarios, dentro de programas de reorientación conductual, que favorezcan la reinserción posterior.

Sacar a los reos de sus lugares de origen para ser ubicados en regiones también es una opción para favorecer un cambio de vida de las personas condenadas. Estas alternativas exigen un pensamiento abierto, una generosidad de la sociedad para desarticular las causas de la marginalidad, abriendo oportunidades a las personas que se pueden rescatar y reinsertar en una vida honesta. Por el contrario, respecto a delincuentes mayores, recluidos por hechos de sangre, como robo con violencia, homicidios, violaciones, tráfico de drogas, abuso contra menores o ancianos, femicidio, a esos habría recluirlos y aislarlos en cárceles, sin privilegios y de régimen estricto.

Solucionar el problema de fondo es un asunto de Estado exige remover dogmatismos y aunar voluntades.

La cárcel es en sí misma, conceptualmente, un castigo para quien ha delinquido y debe pagar con privación de libertad una deuda con la sociedad. Pero dentro del concepto están las medidas graduales, que coloquen bajo control al delincuente y lo encaminen a su recuperación. La Ley del brazalete se discutirá próximamente en el Parlamento y apunta en tal sentido. Las debilidades de la seguridad que se observa en las cárceles, la influencia de mafias empoderadas al interior de los establecimientos, ha llevado a una suerte de caja negra que es terrible y que la sociedad en general, prefiere ignorar. Sólo cuando ocurren fugas masivas, motines, incendios, riñas entre bandas rivales, nos enteramos de estos episodios. El mundo carcelario transcurre en otra dimensión y por ello no aparece en el discurso de la clase política, sino cuando salta una nueva tragedia.  

Es quizás el momento para que la autoridad avance en consensos de fondo para barajar las mejores opciones, con una dimensión humana e integral del problema, lo cual significa actuar sin filtros ideológicos, con visión de Estado, pensando en desarticular los espacios delictuales con energía, buscando que menos jóvenes ingresen a la carrera delictual, ofreciéndoles con solidaridad alternativas de reorientación, a tiempo.

Valparaíso, Periodismo Independiente, 11 de diciembre de 2010.

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