Desvío de aportes de emergencia para damnificados por temporales y aluvión de Antofagasta y por la erupción del volcán Hundson, en Aisén, debutan como el primer caso de corrupción grave conocido en los gobiernos de
la Concertación. La Oficina Nacional de Emergencias hace desaparecer ayuda avaluada en cerca de $700 millones, siendo desviada a los directivos del organismo. En 1994,
la Corte de Apelaciones acreditó delitos por $ 27 millones, condenando a 5 años al ex-director Sergio Navas, un independiente muy ligado a
la DC. Se sancionaron también al ex jefe de Adquisiciones Sergio Contreras, Patricio Navas, Sergio Yaksic, Jesús Mundaca y Juan Manuel Yáñez. Un hecho curioso en torno a este caso es que, cuando los damnificados que iban a recibir la ayuda en Aisén por la erupción del Hudson clamaron ayuda especial de parte del Gobierno de Patricio Aylwin Azócar, el entonces Ministro de Interior, Enrique Krauss Rusque, tuvo el desparpajo de responder que “en Chile no debía haber regiones privilegiadas”

Irregularidades.

Escándalo por apropiación de dineros del organismo.

Se denuncia la recepción de una serie de dineros obtenidos de recortes o descuentos a funcionarios públicos en plenas campañas electorales.

Alzas abusivas del servicio, aprovechando las alzas paralelas en el petróleo y locomoción colectiva. Conductas monopólicas que nunca han sido abordadas.

Una denuncia generada por un conflicto dentro del directorio de la empresa estatal, inicia el destape de lo que sería conocido como el caso de las “indemnizaciones”, que tratamos ampliamente más abajo. En el caso de Correos, el director PS don René Labraña, recibió por desahucio $71 millones tras sólo cuatro años de trabajo

Se contabiliza un total de pérdidas por mala gestión e irregularidades en cerca de $800 millones.

El militante del PRSD, don Patricio Morales recibió 47 millones como “indemnización” para abandonar la dirección de EFE tras siete años en el cargo. La estatal ya había estado implicada en casos de irregularidades en 1996.

En medio de los trabajos de ampliación de la infraestructura del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, la sociedad concesionaria alegó que las bases de licitación debían ser modificadas porque se había requerido de obras adicionales que habían encarecido la ejecución, como remoción de cercos, revestimientos, instalación de defensas para caminos y otras estructuras. La sociedad había sido escogida por el MOP en concurso público, por lo que la empresa exigía a
la Dirección General de Obras Públicas cancelar las diferencias. En mayo, el Tribunal Arbitral del MOP accedió a cancelar la suma de 4.641 Unidades de Fomento, cuando estas estaban a aproximadamente $15.400 cada una. Esta situación es una seria advertencia sobre la conveniencia de los criterios que siguen utilizándose para licitar los millones y millones de dólares en inversiones de infraestructura pública.

Una investigación periodística publicada en noviembre destapó un hecho gravísimo dentro del CDE. Documentación del Departamento de Extranjería de
la Policía de Investigaciones demostraba que
la Presidenta del Consejo, Clara Szczaranski, aparecía resolviendo un conflicto de una empresa minera mientras se encontraba fuera del país. La misma investigación comprobaba que la autoridad usaba su cargo público para lograr adjudicarse arbitrajes en litigios entre empresas privadas. La presidenta del CDE fue amonestada por
la Corte Suprema por el escándalo del arbitraje minero, y los cuestionamientos hacia su persona aún continúan en torno a este caso.

Severos problemas administrativos que culminan el la salida del Director del organismo.

Serias irregularidades en el fondo para compra de tierras en Temuco. Es tal vez el más severo de los escándalos que ha comprometido a este organismo. Recordemos que
la CONADI ya había sido sorprendida antes en otra compra irregular de terrenos.

Denuncias por irregularidades en licitación de contenedores de basura. A la sazón, la directora del organismo era la ecologista Adriana Hoffmann Jacoby, quien ha recibido importantes sumas de dinero de parte de Douglas Tompkins.

Altos directores de este organismo también aparecen implicados en escándalo de “indemnizaciones”, especialmente el fallecido ex-Gerente General don Álvaro García Álamos, padre del ex-ministro García de Ricardo Lagos. Vale recordar que el ex-ministro García era un apasionado defensor de Douglas Tompkins y se dice fue de su iniciativa la burda defensa que ese mismo año realizara el Ministerio de Salud en favor de una conocida cadena norteamericana de hamburguesas, luego de que se detectaran bacterias nocivas para la salud en sus alimentos.

El ex-Gerente General, el PRSD Orlando Cantuarias, había recibido $90 millones por diez años de servicio como “indemnización” a su salida

Se revela que el ex vice Presidente de ENAMI, Patricio Artiagoitía, recibió la suma de 32 millones 631 mil pesos por concepto de “indemnización” a sus sólo dos años y medio en la gerencia, prefiriendo renunciar a su cargo antes de devolver el dinero como se lo había solicitado el Presidente Ricardo Lagos. Patricio es hermano del ahora tristemente famoso “Cura Jolo” José Luis Artiagoitía (implicado en el escándalo del montaje contra el Senador Jovino Novoa por el caso de pedófilos de Spiniak), y del imitador chileno del radiolocutor neoyorkino Howard Stern, Rodrigo Artiagoitía, más conocido como “El Rumpy”.

A principios de año, los Diputados Víctor Pérez y Lily Pérez acusaron a
la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de despilfarrar 3.400 millones de pesos en los últimos tres años bajo el pretexto de hacerle publicidad a esta cartera, desde junio del 2000 en una cifra de 3.400 millones de pesos, que habría alcanzado para dar empleo a 28 mil cesantes. Entre los gastos, figuraban una conferencia de prensa de 850 mil pesos, la suscripción a una revista por 8 millones al año y extraños contratos asesores contratados y recontratados. Vale advertir que
la Dirección, por entonces, estaba el proceso de despedir a un 25% de sus trabajadores y cerrar 300 oficinas en distintas comunas del país.

Un reportaje de Canal 13 pone al descubierto una red de falsificación de certificados de revisión técnica. El Gobierno toma cartas en la denuncia y ordena una investigación judicial, la que arroja por resultado la culpabilidad del dueño de una planta revisora en Rancagua, llamado Alejandro Fillipi. Todo parecía ser un caso habitual de falsificadores hasta que, molesto y en represalia, Fillipi denuncia que él y su socio Gabriel Álamo operaban con el consentimiento del Sub-Secretario de Transportes y flamante presidente del Partido Radical, don Patricio Tombolini, a quien habría pagado 15 millones de pesos para obtener el permiso para su planta, parte de los cuales habría usado éste en su campaña dentro del partido. Implicó, además, al agente político Alejandro Chaparro (ex jefe de gabinete de Tombolini) y al ex ministro Víctor Manuel Rebolledo (PPD, a la sazón abogado e “intermediario” con el ministerio) y al diputado Juan Pablo Letelier (PS), este último eximido de los cargos unos meses después. En medio del reguero de pólvora, el empresario Alejandro Demhan -dueño de 18 plantas revisoras- aprovechó la ocasión para denunciar a los diputados DC Jaime Jiménez y Cristián Pareto (la dupla “fiscalizadora” conocida como “Los Sopranos”) y al PRSD Eduardo Lagos, quien también fue excluido más tarde. Según Demhan, los tres se reunieron con él exigiéndole dinero (20 millones, según se estableció) para obtener permisos para que las plantas funcionasen en una reunión realizada en el Hotel Kempinski, de la capital. Los aludidos se justificaron diciendo que habían intentando ponerle un “anzuelo” como parte de sus labores fiscalizadoras, cosa que pocos creyeron. El ministro en visita Carlos Aránguiz tomó el “caso Coimas”, consiguió el desafuero de los involucrados y sometió a proceso a varios de ellos, en una investigación que concentró la atención pública por casi tres años. Los dos DC fueron expulsados del Partido. Paralelamente al proceso, otro escándalo siguió afectando al Diputado Eduardo Lagos, ya que sus antecedentes educacionales declarados para postular a la Cámara no parecían ser reales y de hecho, el honorable no habría completado siquiera la enseñanza media, según la resolución de septiembre de ese año, emitida por el Ministro de
la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Manuel Muñoz Pardo, en la causa que pasó a
la Corte de Apelaciones de Santiago. El 31 de mayo de 2005, el tribunal de alzada de
la VI Región resolvió, por voto dividido, confirmar las sentencias del juez Aránguiz, entre otros, para Chaparro (21 días de presidio remitido más multa), Rebolledo (por delito de soborno a 300 días de pena remitida por un año de firma, más una multa de 30 millones de pesos), Jiménez (por delito de cohecho a 540 días de pena remitida y a pagar una multa de 20 millones de pesos) y Pareto (por delito de cohecho a 540 días de pena remitida y a pagar una multa de 20 millones de pesos), pero conmutando la pena de 3 años y un día para Tombolini (por 540 de presidio remitido y a mil ochenta días de firma, por delito de cohecho), pues consideró su “irreprochable conducta anterior”, como una atenuante calificada. Todos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos.

Se utilizan $600 millones del Estado para financiar carísima publicidad para el cuestionado Plan AUGE en radio y televisión, algo inconstitucional y expresamente prohibido en la legislación, que sólo se permite financiamiento de información sobre leyes o planes de ejecución completa, no sobre proyectos leyes que ni siquiera están aprobados. Como nota curiosa, recordamos que en ese mismo período el Gobierno le prohibió y censuró a los trabajadores de la salud que pretendían exponer en los consultorios un video (financiado por ellos mismos), para informar a la población sus razones para estar contra el Plan AUGE.

Una serie de denuncias implican seriamente a los honorables. El conocido Diputado “fiscalizador” y Presidente del PPD, Guido Girardi aparece implicado en el uso ilegal de sobres del Congreso para campañas electorales al interior del partido. Se descubre, además, que el Senador Jaime Naranjo (PS) mantiene contratada a su esposa en servicios no especificados, y llega a negar que la conoce cuando la periodista del programa de TV “Patalla Abierta” (Canal 13), Constanza Santa María, le consulta si el nombre de ella le es familiar. Adicionalmente, varios otros parlamentarios aparecerán implicados en estas irregularidades y en más nepotismo. Por último, el año termina con el destape de gestiones de dudosa legalidad para subir el sueldo de los parlamentarios. Ese mismo año, el honorable diputado DC Jorge Burgos intentó impulsar una ejemplar iniciativa para bajar las dietas parlamentarias, noble causa que fue saboteada por sus propios compañeros de bancada al no asistir a las sesiones.

Denuncias periodísticas sobre la aparente existencia de un poderoso lobby ligado a la empresa estatal, que se encargaría de procurar la mantención del altísimo precio del combustible en el mercado nacional y el alza constante del mismo.

Canal 13 denuncia en septiembre la existencia de un descarado fraude al fisco protagonizado por dos institutos de educación de Rancagua, que reciben subvenciones del Estado por impartir clases a ancianos de la zona. Al estudiarse las listas de “matriculados”, se encontró la sorpresa de que casi todos ellos eran abuelos postrados o físicamente impedidos como para estar asistiendo a las clases, y que incluso un porcentaje de ellos ya habían fallecido. Las acusaciones apuntan sobre todo a la directora del Instituto Manuel de Salas, doña Valentina Tapia. Parece increíble que este caso haya pasado inadvertido por los fiscalizadores del Ministerio de Educación, entre los que la señora Tapia tenía grandes amistades. Estas responsabilidades significaron la salida del SEREMI de
la VI Región, Víctor Olea. Un informe de
la Contraloría de marzo 2003 verifica la existencia de funcionarios públicos y privados en complicidad para esta estafa.

Escandalosa fiesta por cerca de $28 millones dentro del Ministerio para celebrar aniversario de la creación del ya desaparecido Servicio Nacional de Salud, en momentos de gran déficit fiscal y cuando se anunciaban los recortes que financiarían el Plan AUGE. Las críticas cayeron sobre el Ministro Osvaldo Artaza. La fastuosa fiesta fue organizada por una empresa ligada al hermano del Diputado PS Sergio Aguiló.

En 1997, el ex-Seremi de Transportes, Héctor Peña Véliz, había creado la empresa Gestión Ambiental y Territorial S.A. o GATE, que asesoraba servicios de reparticiones públicas. Contaba únicamente con él y su secretaria como personal humano, y cerca de 5 millones de pesos de capital. Poco después, ya firmaba contratos por más de 2.000 millones. En el año 2000, Peña Véliz denunció el robo de $190 millones a GATE, pero la policía de investigaciones concluyó que se trató de un autorrobo y culpó del mismo a la secretaria Sara Oliva y su madre, María Martínez, como autoras, recuperándose 172 millones. Pasaron los meses y las mujeres procesadas decidieron denunciar -en venganza- que GATE era en realidad una empresa falsa, que sólo buscaba desviar fondos públicos a Campañas Políticas de conocidos entreguistas de
la Concertación, pero pocos dieron crédito a la grave acusación. Sin embargo, en abril del 2001
la Contraloría General de
la República detectó las primeras irregularidades en un contrato de GATE, luego de una fiscalización realizada por el MOP. Sin embargo, la bomba estallará al año siguiente, en noviembre, cuando el Ministro en Visita Carlos Aránguiz, realizando estudios sobre el caso “coimas” que conducía y que ya vimos, descubrió que la empresa GATE había estado pagando sobresueldos o dineros “extras” en sobres y libres de impuestos a los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, comprometiendo seriamente al ex-Ministro, el PS Carlos Cruz. Además, se verificó que GATE recibía pagos por más de 1.700 millones, mientras que el contrato con el MOP sólo registra 1.400 millones. Tal como lo habían denunciado las mujeres procesadas dos años antes, los dineros -o al menos una parte de ellos- estaban siendo utilizados para campañas políticas. LA Corporación de defensa de la soberanía contaba desde principios del 2001 con antecedentes de que estos desvíos a campañas políticas se producían, pero, ante el desconocimiento de la existencia de las operaciones de GATE, lo creyeron relacionado con el escándalo de las indemnizaciones y así se le hizo entender al Presidente de
la República en una profética carta enviada en mayo de 2001 donde se le anticipo que estos dineros iban a ser utilizados en las campañas parlamentarias de ese año . El escándalo desencadenó una avalancha de denuncias de otros funcionarios de Estado recibiendo “sobresueldos”, casos en los cuales no se han precisado del todo las responsabilidades y consecuencias, especialmente con relación a varias empresas constructoras que habrían pagado dineros a GATE para conseguir licitaciones. Un dato curioso e intrigante, es que, cuando el juez Aránguiz denuncia los pagos de sobresueldos por parte de GATE, el ex-presidente Patricio Aylwin Azócar se apresuró a declarar públicamente que el magistrado “ha ido demasiado lejos en su investigación”, palabras que obviamente reflejan el deseo de que no se llegue a algo de lo que ya estaba cerca. Las presiones del Gobierno consiguieron sacar al juez Aránguiz de esta investigación, pero en una formidable y acertada jugada,
la Corte Suprema designó una ministro en visita exclusiva para el caso, Gloria Ana Chevesich, dejando en jaque los intentos del Gobierno por salvar a los involucrados. Entre otros, al propio primo de
la Primera Dama, Matías de
la Fuente, procesado de falsificación y estafa en el 2005 en su condición de Director de Planeamiento de MOP-GATE y MOP-Tribasa, saliendo en su defensa en mismo Presidente Lagos en los medios de comunicación. La oposición presentó entre fines del 2002 y principios del 2005, cerca de ocho iniciativas para formar una comisión parlamentaria que investigara las irregularidades del MOP, fundamentalmente en desvíos de dinero de 1997-1998 por medio de la agencia M&P Délano Consultores (vínculo conocido como el caso MOP-Délano), pero en todos las ocasiones, los parlamentarios de
la Concertación votaron en forma corporativa contra el proyecto (ver más abajo). Finalmente, el 8 de diciembre de 2005,
la Quinta Sala de
la Corte de Apelaciones estableció que los delitos del caso MOP-Gate estaban prescritos por dos votos contra uno (dos los ministros Amanda Valdovinos y Carlos Gajardo contra el de Víctor Montiglio), pues consideró que los años debían contarse desde que el momento en que fue procesada Ximena Riff por la juez Gloria Ana Chevesich, por un contrato de $ 92 millones para sobresueldos. Desde ese instante, se cuentan cinco años hacia atrás, por lo que el convenio quedó fuera del plazo de indagación de la juez, con lo que la responsabilidad de Ricardo Lagos queda fuera del caso y se prescribe el delito, pues ella nunca lo citó a declarar y, en agosto de 1998, él dejó el MOP. No hay duda de que,. con esta decisión, el tribunal logró sacar al Presidente Lagos de la peligrosa posición en que había quedado empantanado con este escándalo.

Casi simultáneamente al escándalo MOP-GATE, y producto de unas declaraciones del propio Ministro de Obras Públicas en un medio escrito, sale a la luz el primer caso confirmado de “sobresueldos”, es decir, triangulaciones de dineros en “sobres” que se hacían dentro de los organismos del Estado para incrementar informalmente las dietas de los funcionarios bajo el concepto de “gastos reservados” que no era necesario declarar en
la Contraloría General de
la República sino más de que un modo meramente global, desde el propio Presidente hacia abajo, práctica que -trascendió- llevaba varios años siendo usada. Se detectó la participación de una consultoría en particular que tuvo gran importancia en estos fraudes: Centro de Investigación Aplicada para
la Investigación de
la Empresa o CIADE, dependiente de
la Universidad de Chile, que trabajó con el MOP con el mismo proceso de servicios pagados pero nunca ejecutados. Cabe advertir que este caso revistió negros pasajes, como el robo de uno de los computadores de los implicados en el caso; luego, la desaparición (23 de diciembre de 2002) y hallazgo de sus restos en Pirque (13 de abril de 2003) del contador de Idecon y pieza clave del caso, Daniel Figueroa; y luego el suicidio en Las Condes, a fines de octubre de 2004, sociólogo Enrique Ponce de León Milnes (59 años), procesado en el marco del caso. Vale advertir que, al saberse de este caso, CIADE estaba prestando servicios de auditoría a
la Corporación Administrativa del Poder Judicial por un contrato entre el entonces presidente de
la Corte Suprema, Mario Garrido Montt y el rector de
la Universidad de Chile, Luis Riveros. Se precisó que cerca de 12 Seremis recibieron pagos extraordinarios o sobresueldos por un total de 120 millones de pesos gracias a un contrato suscrito entre el MOP y el CIADE, pero en octubre de 2003,
la Corte de Apelaciones anuló los procesos por fraude al fisco que pesaban sobre Manuel Peña Véliz, Seremi de Atacama (PS); Juan Antonio Muñoz, Seremi Metropolitano (PPD); Enrique Jiménez Sepúlveda, del Maule (DC); José Luis Larroucau Reitze, del Biobío (DC); Yazmín Balboa Rojas, de
la Araucanía (DC); Miguel Silva Rodríguez, de Los Lagos (DC); Carlos Alert Agüero, de Coihaique (independiente DC); Fernando Vilches Santibáñez, de Tarapacá (PRSD); Pedro Martínez Rojas, ex seremi de Antofagasta (independiente DC); Raúl Gutiérrez Areyuna, ex seremi de Coquimbo (PPD); Vladimir Morales González, ex seremi de Valparaíso (PPD); y Ricardo Trincado Cvjetkovic, ex seremi y ex intendente de O´Higgins.

Como vimos más arriba, en 1995 el MOP había llamado una licitación para el mejoramiento de
la Ruta W-775 Chonqui-Teupa, Décima Región, siendo ganada la empresa del ingeniero Francisco Ortúzar, que cobraba 700 millones de pesos. Sin embargo, posteriormente la licitación fue transferida a la empresa Bitumix Ltda., que pedía 2.100 millones para un tramo de sólo seis o siete kilómetros de carretera. Las obras se entregaron a fines 1997. Sin embargo, en diciembre de 2002,
la Contraloría General de
la República respaldó los fundamentos del contratista Ortúzar, denunciados en torno a este oscuro contrato MOP-Bitumix y quien presentó, poco después, una querella por fraude al Fisco, malversación de fondos públicos y estafa contra los funcionarios recontratados para la obra con un presupuesto que, además, excedió con amplitud el monto estimado originalmente. Según el dictamen de
la Contraloría, firmado por el fiscal instructor de la causa, Ricardo Herrera, el ingeniero jefe del Departamento de Construcción de
la Dirección de Vialidad del ministerio, Mario Fernández Rodríguez, había adjudicado a Bitumix la terminación de la obra por más de $1.380 millones, algo que constituye “una práctica carente de sustento legal que ha derivado en un resultado altamente oneroso para el interés fiscal”, pues el valor cobrado por Bitumix bajo el sistema de trato directo fue un 42% mayor que lo ofertado la empresa en el llamado a licitación y en el contrato del 8 de agosto de 1995. El texto agrega que “yendo al fondo del asunto, resulta absurdo sustentar los precios inusualmente elevados, con la explicación del encausado (Fernández) en el sentido de que la diferencia de precios entre Bitumix y los valores reajustados de Ortúzar, deberían entenderse como la distinta confirmación de costos entre una empresa y otra”, y que “esto implica dejar supeditado el interés fiscal a meras explicaciones carentes de fundamento técnico analítico y real”. Según la defensa de Fernández en el sumario, “el director de Vialidad de la época (Yanko Vilicic Rasmussen) pidió autorización al señor ministro de Obras Públicas de turno (Ricardo Lagos Escobar) para contratar la terminación de las obras por trato directo”. Efectivamente, el oficio N° 9.813 del 4 de noviembre de 1997 autorizando esta acción, posee el visto bueno del entonces Ministro Lagos. Cabe destacar que un grupo de diputados puso en manos del Consejo de Defensa del Estado estos antecedentes, pero el organismo se puso del lado del Gobierno.

14 funcionarios son expulsados por irregularidades en dineros y falsificación de documentos públicos.

En enero, Diputados de
la UDI solicitan ante
la Cámara la creación de una Comisión Investigadora que estudie la asignación de recursos en las licitaciones a empresas particulares ofrecidas por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence. En la denuncia que avalaba la solicitud de investigación, se demostraba que la empresa “Proem” había logrado gestionar en el sistema bancario, a través del Sense, créditos por unos $ 4.000 millones para centenares de microempresarios en todo el país que jamás recibieron estos beneficios destinados a la capacitación. No sería el último escándalo Sense de aquel año.

En febrero, miles de cajas de leche descompuesta para niños fue repartida por todo Chile por el Ministerio de Salud en los consultorios nacionales. El Ministerio y CENABAST se culparon agresivamente entre sí, culminando el escándalo con la destitución de la directora de este último organismo. El asunto se agravó cuando una partida de estas leches agrias llegó a Arica y a pesar de que, para entonces, la denuncia era cubierta por todos los medios con gran bulla. Las sorpresas continuaron al mes siguiente, cuando fueron descubiertas nuevas partidas de productos en mal estado: bolsas de arroz para niños. El gremio de los trabajadores de
la Salud denunció que el Ministerio había realizado esta compra y distribución de leches a sabiendas de los riesgos que se corrían, pero con la urgencia de desviar dineros para el financiamiento del controvertido Plan AUGE, a la sazón en práctica piloto. Los dardos apuntaban al entonces ministro Eduardo Artaza, quien no sobrevivió en su puesto a los ajustes ministeriales realizados por el Presidente Ricardo Lagos, poco después.

Luego de una gran cantidad de denuncias sobre el desempeño del Servicio de Capacitación y Empleo, Sense, entre el 2002 y el 2003, sobre la asignación de recursos a las empresas y organismos que compiten por las licitaciones, una investigación de
la Contraloría General de
la República deja al descubierto que una serie de sospechosas fallas en los mecanismos de control del servicio habían permitido el uso malicioso de los recursos estatales, especialmente por parte de la escuela de conductores “Siglo XXI”, empresa que recibió más de $ 1.000 millones en franquicias tributarias para una capacitación en la figuraban personas que nunca asistieron a los cursos y que, en otros casos, no tenían relación laboral con quienes cobraron las facturas.

Hacia mediados de año, se hace pública la noticia de que el Presidente del Senado, el DC Andrés Zaldívar, votaría a favor de la nefasta Ley de Pesca, de la que estaría técnicamente inhibido de hacerlo al ser accionista de una empresa vinculada al rubro, con el 0.2 % de las acciones. Junto a otros 16 miembros de su familia, controlaba el 1.1 % del paquete accionario. También se insinuó que el hermano del Senador y Presidente de
la DC, Adolfo Zaldívar, también participaba de esta sociedad.
La Moneda solidarizó con Zaldívar alegando que cada “institución debe actuar libremente” y que, por lo tanto, no re correspondía al Ejecutivo intervenir a pesar de que la propia Constitución Política impide a los legisladores votar en un tema en el que estén implicados sus intereses personales. Zaldívar renunció a su participación en el paquete de acciones, después de estos hechos.

En el marco del Programa Pro-Empleo, por intermedio de
la Municipalidad de Tocopilla, se traspasaron $400 millones desde el gobierno a
la ONG CEDUC, cuyo director ejecutivo era funcionario del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
La Contraloría detectó las irregularidades en noviembre.

Luego de decidirse el traslado de
la Cancillería a las dependencias del histórico ex Hotel Carrera, el Diputado Arturo Longton demostró con papeles en mano, en el mes de septiembre, que se habían pagando cerca de US$8 millones por sobre el valor real del edificio, dato que fue confirmado por algunos corredores de propiedades en base a la depreciación comercial que experimentaba el centro de Santiago.

Un mail enviado equivocadamente a principios de año por la secretaria del Director del Banco Central (el DC Carlos Massad), doña Pamela Andrada, pondría en carpeta el escándalo más grande conocido sobre fraude al fisco y tráfico de información privilegiada: la secretaria estaba proporcionando información confidencial a un organismo particular. La filtración hizo que, a mediados de febrero, terminara detenido el ex-gerente general de la corredora de Bolsa del holding Inverlink, don Enzo Bertinelli, por robo de información del Banco Central ya que su empresa era la que se proveía de los datos confidenciales. Inverlink era una firma nacida en 1991 como mera agencia de valores, experimentando un vertiginoso crecimiento y asimilando entre 1998 y 1999 otras empresas como la corredora Edwards Hearns y las AFP Magister, Qualitas, Aporta y Fomenta, y las isapres Vida Plena,
La Araucana y más tarde Cigna Salud, clínica Las Lilas y aseguradora Le Mans. Ocho empresas en total. Sin embargo, la detención de Bertinelli (su socio representante en
La Bolsa) significó grandes problemas financieros para la firma y un escándalo mayúsculo que aún no se resuelve. Pero, como si fuera poco, el Presidente de Inverlink, don Eduardo Monasterio (dueño del 30% del holding), intentó salvar de la ruina a Inverlink realizando toda clase de actos ilícitos, especialmente con un robo de instrumentos financieros de CORFO, que fueron traspasados al holding sin autorización y gracias a la complicidad de Javier Moya Cucurella, jefe de la tesorería de la corporación, estimados hasta ahora en unos U$80.000 millones y que la empresa se apresuró a vender en el mercado financiero. Las relaciones entre los socios de la empresa y los entreguistas son evidentes. En su directorio vuelve a aparece el nombre del ex-Ministro de Ricardo Lagos, don Álvaro García Hurtado. El entonces alcalde de Viña del Mar, Jorge Kaplán, denunció también que García le había llamado telefónicamente presionándole para que no retirara fondos municipales invertidos en Inverlink, noticia que causó verdadero estupor, y por la que Kaplán interpuso querella contra los responsables. El ministro en visita del caso, Patricio Villarroel, decidió someter a proceso al ex ministro, en calidad de cómplice del delito de estafa a
la Municipalidad de Viña del Mar por $ 1.500 millones, en octubre siguiente. Otro implicado directo es Gonzalo Rivas, Gerente General de Corfo y yerno del Presidente Ricardo Lagos, que lo puso en el cargo. Sólo se le señalaron responsabilidades jerárquicas, que le costaron la renuncia y ser sustituido por Oscar Landerretche. También debió renunciar Gibran Harcha, Coordinador de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas que, hasta fines de 2002, ocupaba el cargo de Gerente Productivo de Corfo. Todos estos tambaleos desataron un verdadero terremoto en el mercado de valores y, tras negarse a declarar ante una comisión parlamentaria, el Director del Banco Central, don Carlos Massad, finalmente renunció también a su cargo a fines de marzo 2003, tras seis años de cuestionada gestión y en medio de un escándalo mayúsculo por su responsabilidad jerárquica en el asunto.

Luego de un reportaje denuncia de un canal de TV sobre actividades de tala ilegal e indiscriminada de Alerce al interior de Chiloé continental, e incluso en áreas protegidas, se descubren vínculos entre altos funcionarios regionales de
la CONAF y los leñadores furtivos, llegando a ser detenido su director, Carlos Weber.

El 18 de noviembre, se derrumbó inesperadamente el puente “Loncomilla”, que representan un acceso principal de la ciudad de Constitución. La gravísima situación comenzó a ser investigada y, a las pocas semanas, se supo en
la Cámara Baja que empresas particulares estaban pasando por el puente con exceso de carga y con pleno conocimiento del entonces Ministro de Obras Públicas, el PS Javier Etcheberry, que a la sazón ya estaba involucrado en el caso MOP-GATE. Indignado por la información, el diputado DC Pablo Lorenzini realizó un furioso descargo en
la Cámara, el día 14 de diciembre, donde acusó directamente al ministro de lo sucedido desatando una colosal polémica: “¡¿Cuánto le pagan ministro?! Se lo pregunto desde aquí, no de afuera, desde aquí porque tengo fuero, y no me venga con que lo digamos afuera, porque el tema está acá adentro, ya que usted no quiere venir a
la Cámara, que es una cámara fiscalizadora… ¿Y le falta sobresueldo al ministro o tiene arreglines con las concesionarias?”. Lorenzini se negó a pedir disculpas ante las muestras de furia del gobierno y del propio Etcheberry, incluso cuando se pidió su desafuero, el 2 de febrero del año siguiente. En los actos públicos, tanto el Presidente Lagos como el Ministro Insulza se negaron a darle la mano y, presionado, debió renunciar a
la Presidencia de
la Cámara poco después. Jamás retiró sus dichos, se negó a disculparse y hasta ofreció su voto a la oposición ante una eventual petición de comisión investigadora para el MOP.

La Municipalidad de Talagante denuncia acuerdos oscuros entre
la CONAMA de Santiago y
la Empresa de Residuos Sanitarios Santa Marta, para liberar a esta última de acciones legales en su contra.

En enero, como parte de la investigación llevada por la ministra Chevesich y en medio del terremoto generado por las declaraciones del diputado Lorenzini, se publicó que ante la magistrado el socio de una empresa contratista denominada FICOR, había reconocido que, en 1999, el MOP había utilizando dicha firma como “caja de cuadre”, para desviar fondos hacia la campaña presidencial de Ricardo Lagos, que por entonces acaba de renunciar al ministerio y competía en las elecciones presidenciales con Lavín. Según declaró ante la magistrado, la empresa entregaba facturas por servicios no prestados.

Una serie de denuncias contra Chiledeportes, dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno, comienzan a hacerse públicas en marzo. Una investigación analizó proyectos presentados entre 2003 y 2004 y develó un abuso en las franquicias tributarias y la presencia de empresas intermediarias que lograron favorecer con los fondos actividades deportivas de elite, violando así el espíritu del organismo. Las denuncias implicaron a importantes personajes del ambiente dirigencial de los clubes chilenos y llevaron incluso la postergación (y posterior fracaso) de los trámites del Congreso para otorgar la nacionalidad por gracia al entrenador de tenis argentino Horacio de
la Peña, complicado en los enredos del fondo para el deporte. En una polémica decisión, la comisión de
la Cámara encargada de investigar estas denuncias comunicó en octubre de 2005 que los procedimientos cuestionados estaban ajustados a las normas vigentes.

En medio del enrarecido ambiente de las campañas presidenciales, los diputados de oposición Marcela Cubillos, Cristián Leay y Víctor Pérez, revelaron que durante la secretaría de la presidenciable y sumamente entreguista Soledad Alvear (que se había declarado partidaria de terminar con el financiamiento de las FF.AA. por el cobre y liquidar el buque escuela “Esmeralda”, entre otros claveles), el Ministerio de Justicia a su cargo había entregado millonarias licitaciones de las Defensorías Públicas de
la Región Metropolitana, entre 1994 y 1999, a una de las firmas de abogados integradas por su marido, Gutenberg Martínez, también DC. De las 123 sociedades jurídicas que postularon, al menos 90 habían pasado la evaluación técnica pero sólo dos de ellas captaron el 80% de las defensas licitadas:
la Sociedad Defensa Jurídico Penal (DJP S.A) integrada por
la Universidad Miguel de Cervantes que preside Martínez, y
la Sociedad Defensores Penales Metropolitanos. De hecho, el 48% del total de causas adjudicadas lo obtuvo
la Sociedad Defensa Jurídico Penal. También se reveló que el subsecretario de justicia y miembro del Comité de Licitaciones era entonces profesor de esa Universidad.

En la primera semana de junio, el candidato presidencial de
la UDI, Joaquín Lavín, lanzó públicamente una bomba mediática al exigir al Presidente de
la República, Ricardo Lagos, que explicara la presencia de una millonaria licitación que fuera adjudicada a su cuñado, el ingeniero Hernán Durán. La información habría aparecido en el transcurso de las investigaciones que la juez Chevesich estaba realizado sobre todos los contratos extendidos por el Ministerio de Obras Públicas, descubriendo que había uno de diciembre de 2002, para asesorías por cerca de $ 2.000 millones, entregado a la firma Víctor Faraggi y Gescam Consultores Ambientales, del hermano de la primera dama María Luisa Durán. Otro importante socio de la consultora era el embajador de Chile en Francia, Hernán Sandoval, gran amigo del Presidente Lagos. Luego de 8 intentos fallidos por abrir una Comisión Investigadora del Congreso para la actuación del MOP, fracasados por los votos corporativos de los parlamentarios concertacionistas en contra de tal proyecto, la oposición logró aprobar por un voto una comisión tras reñida votación del 22 de junio de 2005, a raíz de este caso, al parecer gracias al cambio de actitud de diputados DC. Con el correr de las semanas, aparecieron nuevos miembros de la familia de la primera dama colocados en cargos y licitaciones estratégicas, que comprometieron al Presidente de
la República en acusaciones de nepotismo, como era el caso de su cuñado Pedro Durán, quien oficiaba como Director de Programación de
la Presidencia, y el de su propio hijo Ricardo Escobar Weber, designado en
la Dirección Económica de la Cancillería.

Simultáneamente, se supo que la firma Gescam del cuñado del Presidente Lagos, entre 1997 y 2005, había hecho 18 asesorías ambientales para CODELCO, por montos superiores a los 900 millones de dólares, de los cuales sólo 5 fueron adjudicados por licitación, mientras que los otros 13 lo fueron por asignación directa. Pocos días después, el 19 de junio,
la Senador UDI Evelyn Matthei reveló públicamente que CODELCO había extendido similar tipo de contratos sin licitaciones a firmas de propiedad de los hermanos del ex ministro del Trabajo Ricardo Solari y del entonces ministro MOP Jaime Estévez, ex Director del Banco de Estado.
La Sociedad de Gestión Limitada de Jaime Solari Saavedra aparecía con un contrato por más de 356 millones de pesos por asignación directa, mientras que la empresa Tecnología Organización y Personas Consultores S.A. o “TOP Consultores”, perteneciente a Rafael Estévez Valencia, ostentaba contratos por más de 1.100 millones de pesos en cursos de capacitación sin licitación, también por asignación directa, y en circunstancias de que Estévez había sido vicepresidente de recursos humanos en CODELCO. Hernán Durán, cuñado del Presidente Lagos, también apareció recibiendo de CODELCO millonarios proyectos sin procesos de licitación.

En 2004 el entonces ministro de Obras Públicas Javier Etcheberry fue informado de un posible agotamiento del stock inicial de 900 mil televías o “tags” para el cobro automático de peajes en las carreteras concesionadas a privados por la cartera. El problema derivaba de un error en la estimación inicial de la demanda de usuarios desde 900 mil a 1.350.000 de los dispositivos. El MOP acordó con las empresas adquirir más “tags”, pero a cuenta del Estado. Sin embargo, en septiembre del año siguiente se supo que el “error” le había costado al Estado de Chile la suma de $ 5.175 millones, en otro de los más grandes despilfarros de dineros fiscales de los que es responsable este oscuro ministerio.

La carísima y flamante segunda pista del Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez, de Pudahuel -mismaque el Gobierno utilizó como excusa para cerrar irresponsablemente el importantísimo y vital Aeropuerto de los Cerrillos- comenzó a presentar serios daños estructurales hacia las Fiestas Patrias del 2005 y se verificó que no cumplía con las normas internacionales de seguridad, al punto de que generaba una nube de partículas en suspensión de varios metros de alto tras cada despegue. La obra, que fue licitada y defendida a muerte por el MOP, había sido inaugurada con fastuosas celebraciones y, menos de dos semanas después, ya presentaba grietas, agujeros y otras fallas peligrosas, al punto de tener que ser reconstruida en al menos 600 metros sin que la empresa concesionaria debiese pagar por las cartas de garantías vigentes. En una oscura decisión destinada a proteger a los concesionarios, Ministro de Obras Públicas Jaime Estévez declaró en “
La Segunda” del 23 de septiembre que la pista ”se puso en operación antes porque necesitábamos reparar de urgencia la pista uno” y que esto explicaba los problemas, pues aún se estaba en “marcha blanca” y la obra no era recibida por el MOP de manos de los constructores. Sin embargo, la pista se suponía ya en operaciones y así se presentó ante la opinión pública el mismo día en que entró en funciones.

En de octubre de 2005, la ministro Gloria Ana Chevesich confirma la existencia de dineros desviados por el ex Director de Planeamiento del MOP, Matías de
la Fuente (primo de
la Primera Dama y ex Jefe de Gabinete de Lagos), a la campaña presidencial de Ricardo Lagos en 1999, a través de su página web, revelación que produjo un escándalo público a mediados de octubre de 2005. De
la Fuente y Sergio Cortés, este último ex jefe de Finanzas de Vialidad del MOP, fueron procesados por la juez por fraude y estafa al fisco, al igual que Raúl Herrera de
la Consultora Gesys y Óscar Araos de la firma asesora Ábaco. Las triangulaciones se realizaron a través de
la Consultora y se destinaron a la empresa Faunes para la confección sobrevalorada de una página web que apoyaba la candidatura de Ricardo Lagos, acción en la que participaron personas ligadas a su comando electoral y a través de un contrato MOP-Ábaco. De
la Fuente actuó directamente en esta maniobra y Cortés se encargó de blanquearla con un manto de aparente normalidad. La operación fue realizada simulando un desvío de fondos hacia un supuesto “Programa de Capacitación” por $15 millones que nunca se realizó, según se constata en el fallo presentado por la señora Chévesich el 13 de octubre de 2005. Tras ese monto se descontaron dos facturas que se le adeudaban a Faunes, sumando un total de $4.720.000. La revelación provocó una inusitada reacción de
La Moneda defendiendo a De
la Fuente y pretendiendo sentar la absurda tesis de que se trataba de una maniobra para perjudicar a la candidata presidencial concertacionista Michelle Bachelet. Intentando sacarse de encima los graves cargos que pesaban sobre
la Concertación, el director ejecutivo de la campaña de Ricardo Lagos en 1999, Genaro Arriagada, no tuvo mejor idea que intentar emplazar al candidato opositor Joaquín Lavín a explicar “de dónde consiguió los cerca de 20.000 millones de pesos que gastó en la misma contienda electoral”, como si fuese este quien estaba siendo cuestionado y complicado en los tribunales. Vale recordar que la juez Chevesich ya había considerado en el procesamiento del ex ministro Carlos Cruz, la presencia de un desvío de $32 millones desde el MOP, ocasión en la que el propio Cruz argumentó que los dineros fueron a parar a la campaña presidencial de Lagos y no al enriquecimiento personal, e incluso su defensa consiguió que el Senador socialista Carlos Ominami declarara corroborando esta tesis. De este modo, resulta inaudito e inaceptable que la propia Concertación haya negado los hechos demostrados por el fallo judicial que procesó por segunda vez a De
la Fuente, pretendiendo vincularlo a la monserga del “asesinato de imagen”. A pesar de todo, y como ha sucedido antes,
la Séptima Sala de Apelaciones -integrada por los jueces Jorge Dahm, Lamberto Cisternas y el abogado integrante Oscar Herrera- revocó los procesamientos el jueves 1º de diciembre, bajo la insólita decisión de que “no se vislumbra que los hechos tipifiquen los ilícitos de fraude y estafa al Fisco, por cuanto no se le ha originado pérdidas ni se le ha privado legítima ganancia” y que, de hecho, “el origen de los dineros es irrelevante”, ya que aunque salieran del Fisco, estos “ingresaron al patrimonio de la sociedad, pasando a formar parte de su activo, y debido al carácter fungible de este bien, se ha confundido con los de su especie en el mencionado patrimonio”… Es decir, se consideró que el dinero fiscal comprometido era “privado”.

El Diputado PPD y candidato a Senador por
la Sexta Región, Aníbal Pérez, denuncia públicamente una red de corrupción estatal destinada a beneficiar la candidatura del socialista Juan Pablo Letelier, que involucra el uso de funcionarios, recintos y dineros públicos, poniendo a disposición de
la Contraloría General de
la República todos los antecedentes que demostraban esta grave imputación. En la red participaban entidades como el Fosis, la cuestionada institución de Chiledeportes, el Sernam, el Serviu y Prodemu.

A principios de noviembre, se anuncia un exhaustivo proceso de fiscalización del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), tras una denuncia recibida por
la Contraloría General de
la República sobre vínculos comerciales existentes entre dos altos funcionarios del organismo y empresas ligadas a la adjudicación de recursos estatales destinados a la capacitación. Los denunciados son el Jefe de
la Unidad de Microempresas y ex Director del Programa Proempleo del organismo, Enrique Correa Jaña, y del Jefe de
la Unidad de Innovación y Desarrollo de la entidad, Ramón Castillo Corral. Según el Registro de Sociedades del Diario Oficial, ambos estaban ligados a dos entidades de giro comercial dedicadas a la capacitación del personal de micro y pequeña empresa, denominadas Organismos Técnicos de Capacitación (Otec), que operan con recursos fiscales asignados por Sense a través de licitaciones. En el caso de Correa Jaña, se trata de la la empresa Servicios de Asesorías y Capacitación a
la Micro y Pequeña Empresa, cuyo nombre de fantasía es Emprenda S.A., y en el de Castillo Corral, corresponde a
la Corporación de Capacitación para el Desarrollo de
la Productividad, alias Corcepri. La investigación preliminar demostró que ambas aparecían en el listado de postulantes pre-seleccionados (supuestamente, debido a su experiencia) para participar en el segundo proceso de licitación de recursos de 2005, que debían culminar dentro de las semanas siguientes. En este caso hay, cuanto menos, una incompatibilidad inaceptable.

Por largo tiempo, las licitaciones de puertos para el proceso de transformación y modernización de los terminales al final del gobierno de Frei Ruiz-Tagle, generaron una gran cantidad de protestas y violentas manifestaciones de pescadores y operarios, que generaron la creación de una comisión investigadora hacia el año 2002. En un comunicado del 6 diciembre de 2005, el gremio de Trabajadores Marítimos, Portuarios y Aduaneros señalaba como principal culpable al señor Walter Astorga Lobos, Presidente de
la Coordinadora Nacional Marítimo-Portuaria y ex-Presidente de CONGEMAR, por “haber usado dineros de los trabajadores por concepto capacitación, según lo publicado en ese mismo diario (”
La Estrella” del 12 de noviembre anterior) hace algún tiempo atrás, ex Presidente del Sindicato de Marineros de Bahía de San Antonio, en donde entró y salió por
la Ventana, ex Presidente del Sindicato Rema-Port, creado para que tuviera donde llegar después de que fuera expulsado de CONGEMAR. El cuestionado señor Walter Astorga quien también está mencionado en el proceso que se investiga por Malversación de Fondos de los Ministerios de Transportes, Obras Públicas y del Trabajo, a raíz de la ley de modernización de los Puertos”. Coincidió que el día 21 de diciembre siguiente, y luego de más de tres años de haberse conformado,
la Comisión Investigadora encargada de estudiar la situación que afecta a los trabajadores portuarios del país, identificó graves irregularidades que involucrarían a los funcionarios públicos con diversos grados de participación en el proceso de asignación anómala de unos dos mil millones de pesos, e hizo pública la información, pidiendo la intervención del Consejo de Defensa del Estado y de
la Contraloría General de
la República para que actúen los tribunales sancionando a los responsables. La noticia fue comunicada por
la Diputada Rosa González, presidenta de la comisión que, además, estuvo integrada además por los diputados Waldo Mora (DC), Ramón Pérez Opazo (UDI), Carlos Vilches (RN), Mario Varela (UDI) y Francisco Encina (DC), quienes concluyeron en forma unánime en la existencia de un fraude, evidenciado por los siguientes hechos: “a.- El acuerdo de 18 de agosto de 1999 aparece suscrito –entre otros- por don Walter Astorga Lobos, el que no se habría encontrado en el país en esa fecha”. “b.- Respecto del programa de reconversión laboral, recibieron beneficios 53 personas que no cumplían con los requisitos habilitantes –mayor de 40 años, 15 de desempeño en el sector, y haber sido desplazado de él-, recibiendo aportes por un monto de $ 428.520.000.-”. “c.- Se observa que 38 carpetas no cuentan con los antecedentes de respaldo para acreditar los años de servicio en el sector portuario, y a pesar de ello recibieron beneficios por un monto de $ 298.920.000.-”. “d.- En la entrega a ex trabajadores beneficiarios del Programa de Reconversión es posible observar ausencia de respaldo con documentos fehacientes de la calidad de tales, sólo se cuenta con fotocopia de cédula de identidad y una declaración jurada, en la entrega de fondos por un monto de $ 220.000.000.-”. “e.- Se entregaron recursos por un monto de $ 428.520.000.- a personas que no reunían los requisitos estipulados”. “f.- Se entregaron recursos por un monto de $ 298.920.000.- a ex trabajadores con antecedentes incompletos”. “g.- Ausencia de rigurosidad en la selección de postulantes por parte de
la Subsecretaría de Transportes, no velando esta institución por el correcto destino de los fondos públicos”. “h.- Se pactaron, al margen del acuerdo final con los trabajadores portuarios del puerto de Iquique, condiciones de otorgamiento de los beneficios pactados que no guardan relación con la seriedad y rigurosidad con que debieran administrarse los recursos públicos”.

El 7 de diciembre, faltando muy poco para las elecciones presidenciales (primera vuelta) y parlamentarias del 11 de diciembre anterior, el Alcalde de Quillota, el DC Luis Mella, destapó uno de los mayores escándalos electorales que han ocurrido en Chile, al denunciar ante el Ministerio Público que la candidatura a diputado del PS Marcos Enríquez-Ominami (hijo adoptivo del Senador Ominami) utilizó fondos públicos para financiar parte de la campaña, comprar votantes y cometer cohecho. Los dineros, que sumaban por lo menos unos tres millones de pesos, habrían sido tomados de 55 documentos bancarios respaldados por el Estado y originalmente destinados a un plan de generación de empleos o PGP, para trabajadores de Quillota, que iban a recibir 50 mil modestos pesos por el desmalezamiento del cerro Macaya. La denuncia fue respondida por el electo diputado alegando que se trataba de una venganza política por haber derrotado en las urnas a la hermana del alcalde, doña María Eugenia Mella. Rápidamente, un grupo de integrantes de la farándula firmaron una sentida carta de solidaridad en favor de Enríquez-Ominami, quien estaba estrechamente ligado al mundo del espectáculo, a principios del año siguiente. Sin embargo, la existencia de estos 55 cheques fue ampliamente difundida por los medios de prensa y se demostró que el desmalezamiento jamás se había realizado. El Fiscal Jefe de Quillota, Pablo Bravo, formalizó cargos contra cuatro personas: los contratistas Giovanni Malatesta y Hernán Meza; el activista político Luis “Luiggi” Fernández Sarmiento, y el ex Seremi del Trabajo en
la V Región, José Manuel Mancilla. Todos por el fraude al fisco, siendo imputados ante el Tribunal de Garantía de la ciudad el 3 de enero. Mella, en tanto, renunció a
la DC y Enríquez-Ominami anunció querellas en su contra por injurias y calumnias. Otra ardiente polémica se generó en torno a
la Intendencia de
la Quinta Región y en la persona del Intendente PS Luis Guastavino, a quien el Gobernador DC Iván De
la Maza y el alcalde también DC Aldo Cornejo, le señalaron posibles complicidades con el caso por no haber brindado su apoyo a las denuncias de Mella tras haber sido uno de los primeros en conocerlas, ocasión en la que prefirió meterlas a su escritorio.
La Contraloría regional asumió la investigación del caso ante la magnitud de los gravísimos cargos y luego de que se lo solicitaran, entre otros, el integrante del Consejo Regional, Manuel Millones. Cabe señalar que el Seremi Mancilla dirigía varios otros proyectos similares al de Quillota en otras ciudades de
la V Región y con los mismos demás involucrados. El fiscal Bravo expuso que Malatesta (quien ya había sido impedido de participar en planes gubernamentales por una anterior resolución de
la Contraloría) estaba recibiendo en su cuenta pagos por “nada” recibidos por Meza, quien sólo actuaba firmando y recibiendo documentos. Fernández, en tanto, organizó todo el montaje de los trabajos en cerro Macaya simulando cancelar las obras de los trabajadores con cheques de la cuenta de Malatesta.

Al entregarse los resultados del proceso de admisión en enero de 2006 para los créditos universitarios con aval del Estado para estudiantes de Chile, con otro de los planes estrella del Gobierno sobre materias de educación, aparece una serie de denuncias sobre asignaciones a postulantes que estaban en condiciones económicas muy superiores a otros que no quedaron en la selección. Las sospechas por el error comienzan a recaer sobre el ex Ministro Sergio Bitar, quien había renunciado convenientemente a principio de año y antes de publicarse los pésimos resultados de
la PSU (que, de paso, comprueban el fracaso rotundo de la reforma educacional introducida durante el gobierno e Frei Ruiz -Tagle) y su sucesora, doña Marigen Hornkhol, además de
la Jefa de
la División de Educación Superior, Pilar Armanet. En un enredo descomunal de declaraciones para tratar de ocultar lo sucedido, el Presidente Ricardo Lagos declaró públicamente que subirían los créditos para alumnos de escasos recursos desde los 14 mil anunciados a 40 mil. Sin embargo, a las pocas horas la ministra Hornkhol corrigió a la autoridad dando a conocer que sólo serían 28 mil. Para empeorar la situación, el día 21 de enero se reconoció públicamente desde el Ministerio que por un “error informático” se habían asignado los créditos universitarios a los estudiantes con más recursos de la postulación en lugar de aquellos que más lo necesitaban, por lo que las señoras Hornkhol y Armanet debieron declarar ante
la Comisión de Educación de
la Cámara de Diputados el día 24 de enero y el Jefe de
la Comisión Administradora, don Cristian Larraín, presentó su renuncia. Sin embargo, casi simultáneamente se denunció que Larraín era miembro representante de la empresa Cofinsa, que había estado encargada de diseñar y vender el proyecto de ley de créditos universitarios durante el año 2004, además de haber participado directamente en la implementación del sistema y en el cuestionado proceso de selección, recibiendo por ello varios millones de pesos de la misma secretaría en remuneración, en una incompatibilidad evidente con el cargo en el Ministerio al que había renunciado