Como quiera que se analicen los hechos ocurridos en Chile el 11 de septiembre de 1973, la muerte del presidente Salvador Allende fue un asesinato.

  Así lo he estimado y señalado desde que la dictadura pinochetista anunció que se habría suicidado en un salón de La Moneda, la casa de gobierno de Chile.

La justicia chilena investigará ahora lo sucedido ese día y cual sea su veredicto, no modificará lo fundamental: los suicidios se convierten en asesinatos de acuerdo al contexto en que se producen.

Ahora incluso caen dentro del concepto de crímenes de lesa humanidad establecido en el recientemente ratificado Estatuto de Roma, como lo han señalado algunos juristas.

Aquel 11 de septiembre, conocidos ya los pronunciamientos de los militares, el Presidente nos convocó al Salón Toesca del Palacio de La Moneda y junto con plantear los hechos dijo que él se quedaría allí "hasta las últimas consecuencias", y que el que no supiera combatir o no quisiera quedarse, era libre de irse.

Las mujeres no estábamos incluidas, debíamos irnos.

Luego preguntó: "¿Ustedes creen que no quisiera estar en un cordón industrial?, pero sé que no puedo hacerlo".

Los cordones industriales eran sectores de la ciudad donde funcionaban numerosas industrias y sus trabajadores y sindicatos respaldaban al gobierno.

Así como fue bombardeada La Moneda, lo habrían sido los cordones industriales si el Presidente hubiera llegado hasta allí y los muertos ese día se habrían contado por centenares o miles.

Miembros de su equipo de seguridad encontraron un paso que permitía salir sin que se percataran los militares que rodeaban la casa de gobierno y él no aceptó salir.

En su posición había un asunto fundamental, él representaba la voluntad popular, la ley y la Constitución que los militares estaban violando con apoyo extranjero.

Cuando le pregunté al Presidente esa mañana si había algo especial que quería que se dijera en las radioemisoras que respaldaban al gobierno, me respondió: "Sí, hay que decir que esto se produce cuando los barcos de la Operación Unitas están frente a las costas de Chile".

La Operación Unitas es de factura estadounidense y en ella participan barcos del país del norte y de naciones latinoamericanas del área en que se realiza.

La Armada chilena se había resistido a tomar parte ese año, desafiando al ministro de Defensa, Orlando Letelier, y finalmente había zarpado, para regresar la madrugada del 11 de septiembre a intervenir en el golpe, eso explica a posteriori, su renuencia.

Letelier fue asesinado en 1976 en pleno centro de Washington por un comando integrado por agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y contrarrevolucionarios de origen cubano vinculados a ese organismo estadounidense.

Estos señalamientos, a los que se podrían agregar muchos otros, dan una idea de la situación que enfrentaba el presidente Allende como consecuencia no sólo de la conspiración extranjera, sino también de sectores internos que en defensa de sus intereses particulares se negaban a aceptar que el país necesitaba cambios, en los que el mandatario los llamó a participar en su primer Mensaje a la Nación, pronunciado en el Congreso Nacional a los seis meses de asumir el cargo.

Investigaciones y política

La fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Beatriz Pedrals, presentó 726 querellas relativas a víctimas de violaciones a los derechos humanos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, fechas que marcan el principio y fin de la dictadura, respectivamente.

Ninguno de esos casos había sido investigado y un ministro de la Corte Suprema detectó el año pasado mil 167 casos respecto de los cuales no se habían interpuesto acciones.

Uno de esos casos era el relativo a la muerte del presidente Allende, sobre la que sólo se conoce la versión que entonces informó el régimen militar.

El ministro en visita, Mario Carroza, fue designado para hacer la investigación, respecto de la cual dijo: "Pienso que es una labor más que importante, es una responsabilidad tremenda".

Carroza tendrá que investigar todo lo sucedido el 11 de septiembre en La Moneda y los hechos posteriores, porque un número importante de los colaboradores del Presidente que se quedaron con él en la casa de gobierno, tienen la condición de presos políticos desaparecidos.

En algunos casos se han encontrado sus restos, con señales de salvajes torturas.

El actual gobierno, que preside Sebastián Piñera, ha hecho saber que respeta la decisión del Poder Judicial en relación al presidente Allende, pero es evidente que no le gusta esa decisión y la razón es obvia: quiérase o no la investigación tendrá un importante contenido político.

Por un lado, están aquellos que, como la democracia cristiana, hicieron fracasar el diálogo al que los convocó el presidente Allende meses antes del golpe, diálogo que podría haberlo evitado.

Por su parte, la derecha pinochetista, cuyos partidos postularon a Piñera y forman parte de su gobierno, está involucrada tanto en el golpe militar como en la represión.

De ahí que en estos días se haya acentuado la campaña por aclarar la muerte del ex presidente demócrata cristiano Eduardo Frei, presuntamente envenenado por el pinochetismo.

El gobierno se ha hecho parte de la querella y los abogados de la familia Frei le están pidiendo a Estados Unidos que informe si le proporcionó a la dictadura de Pinochet el veneno con el que supuestamente lo asesinaron.

Respecto del presidente Allende se guarda silencio.

El jefe del Instituto Médico Legal dice que no se exhumarán sus restos, cuestión que no le corresponde decidir a él sino al ministro Carroza.

Es que la autopsia hecha por la dictadura no aclara nada, dice lo que el régimen quería y da pie para que se siga manipulando el prejuicio que existe en torno al suicidio, en el que se mezclan el miedo y la cobardía.

Crimen de lesa humanidad

El abogado y profesor universitario Roberto Ávila Toledo publicó hace unos días un artículo señalando por qué la muerte del presidente Allende "es claramente un homicidio calificado (asesinato) con características de un crimen de lesa humanidad", así los disparos que ocasionaron su deceso fueran hechos por terceros o por él mismo.

Al respecto ejemplifica con el caso supuesto de un médico con voluntad de matar a un paciente que tiene una enfermedad terminal y le dice que morirá en un par de meses, en medio de grandes sufrimientos y que eso le costará mucho dinero, que arruinará a su familia.

El enfermo se suicida. El médico, señala el abogado, "es claramente autor del delito de homicidio calificado".

Luego indica que "la voluntad criminal" de los golpistas quedó de manifiesto en las grabaciones en las que Pinochet le dice a otros oficiales que a Allende "ofrézcanle un avión y después el avión se cae, viejo... matando la perra de acaba la leva".

A eso, el abogado agrega el bombardeo a La Moneda que tiene como fin matar a quienes se encuentran allí, en particular al Presidente.

Rivera Toledo sostiene que aun en caso de muerte por mano propia "es claro que Allende se ve empujado, arrastrado a tan drástica determinación" ya que no podía "mancillar la dignidad del cargo" que ocupaba y se lo puso en una situación en la que "sólo tiene el camino de la muerte", lo que "es un homicidio", hechos que configuran "crímenes de Lesa Humanidad".

(*)La autora fue secretaria personal del presidente chileno Salvador Allende, es periodista radicada en México.