INFORME SOBRE REPRESIÓN DEL PUEBLO MAPUCHE

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La presencia permanente de efectivos policiales y personas armadas no
identificadas en la zona, el uso de armas letales y armamento de
guerra por parte de carabineros y la disponibilidad de agentes del
estado para la custodia de privados*", han puesto en grave riesgo y
lesionado derechos fundamentales como la vida, la integridad física,
el derecho a la libre circulación y la seguridad personal.

Publicado el 23 Abr 2008

Con la presencia de destacados juristas, entre los que se encontraban
la abogada de derechos humanos Fabiola Letelier y el ex juez Juan
Guzmán Tapia,la Asociación Americana de Juristas y la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos dieron a conocer los resultados de
la Misión Internacional que realizaron a la Araucanía, contenidos en
su "Informe sobre la represión y criminalización del pueblo mapuche en
Chile".


El objetivo de la misión, integrada por abogados dicha Asamblea y de
las ramas argentina y chilena de la Asociación Americana de Juristas,
era constatar in situ las denuncias de violencia policial y
violaciones sistemáticas a los derechos humanos del pueblo mapuche,
realizando para ello entrevistas a dirigentes y autoridades
tradicionales mapuche, autoridades gubernamentales, y a los presos
mapuche a los que se les ha aplicado la ley antiterrorista. Así como
también recoger información sobre la legislación aplicada en los
diversos conflictos y del status jurídico de los derechos del pueblo
mapuche, para entregar un análisis técnico y explorar las posibles
soluciones institucionales y jurisdiccionales.


Entre sus principales conclusiones, el informe asegura que existe una
multiplicidad de factores históricos, jurídicos y territoriales que
legitiman las demandas del pueblo mapuche, enfrentados a *"la
incapacidad del Estado en dar salidas institucionales al conflicto que
data desde la ocupación del territorio indígenas*". Por el contrario,
se evidencia una política gubernamental de criminalización del
movimiento Mapuche, que sumado a esta "*falta de respuesta del estado
de derecho, pueden conducir a agrabar un conflicto mal abordado*".


El accionar de los agentes gubernamentales ha impedido, por otra parte, "*la

creación de mecanismos de participación legítima y efectiva de la
comunidad*", instalándose más bien "*mecanismos de manipulación y
cooptación". * Métodos que son utilizados para fragmentar al pueblo
mapuche y sus organizaciones, mediante cooptaciones donde*" se premia
a quien se asimila, a quien depone sus pretensiones y se castiga a
quien lucha por sus derechos". *


Se da cuenta, también, que la política de tierras implementada por la
CONADI y el Programa Orígenes "*depende de recursos insuficientes,
opera con procedimientos engorrosos y ha estado sujeta a políticas
clientelares*". Y que las *"políticas indigenistas, a través de los
programas gubernamentales, no han generado cambios sustanciales en las
condiciones de vida de los mapuche. Muy por el contrario, han generado
y profundizado el conflicto".*



Recordando que el Convenio 169 de la OIT - el que piden sea ratificado
sin reserva o interpretación alguna - establece no solo derechos de
los pueblos indígenas sobre la tierra, sino también respecto del
territorio y los recursos naturales que allí se encuentran, el informe
denuncia la conflictiva relación existente entre macroproyectos
nacionales y transnacionales de inversión y la preservación de los
territorios históricos del pueblo mapuche. Argumentando que "*las
políticas públicas aplicadas, los daños ambientales producidos y las
restricciones al manejo de los recursos naturales dan como resultado
el despojo, la exclusión y la

fragmentación del tejido social comunitario**"*.



Una reflexión especial tuvo el uso de la ley antiterrorista en contra
de los mapuche, "*aplicada como herramienta de persecución política*"
y el uso de testigos sin identificar que ésta permite, lo que en la
práctica se ha traducido en faltas al debido proceso y al derecho a la
legítima defensa resguardados en el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, ratificado por Chile en la década de los setenta.


A juicio de los juristas, "*la presencia permanente de efectivos
policiales y personas armadas no identificadas en la zona, el uso de
armas letales y armamento de guerra por parte de carabineros y la
disponibilidad de agentes del estado para la custodia de privados*",
han puesto en grave riesgo y lesionado derechos fundamentales como la
vida, la integridad física, el derecho a la libre circulación y la
seguridad personal.


El fuero especial del que gozan los tribunales militares, integrado
por oficiales en servicio sujetos a la cadena de mando y los que no le
es requerida formación jurídica, les excluye de poseer "*la
independencia mínima necesaria para garantizar un juicio justo*",
debiendo limitarse al juzgamiento de militares y policías en servicio
activo, como lo estable la sentencia condenatorio de la Corte
Interamericana contra Chile en el caso Palamara y las recomendaciones
del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que Chile aspira integrar.
Por el contrario, dichos tribunales están facultados para conocer
todos los hechos donde se ven involucrados uniformados, incluso
aquellos en que los afectados son civiles, existiendo hasta ahora
completa impunidad a las causas seguidas por personas mapuche contra
carabineros por uso excesivo de la fuerza y las muertes de Alex Lemún
y Matías Catrileo.


En materia de justicia, el informe hace también ver las dificultades
que encuentran las personas mapuche para acceder a servicios jurídicos
particulares, tanto por falta de dinero como por temor de los propios
abogados a representarlos. Quienes denuncian además "*ineficiencias*"
por parte de las defensas oficiales, "*evidenciada por la situación
procesal de los presos mapuche y la falta de cuestionamiento a las
graves faltas al debido proceso y descritas"*. Se recuerda, a su vez,
que de acuerdo al Convenio 169 de la OIT recientemente adoptado en el
congreso, "*la justicia nacional debería considerar las costumbres o
el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas?prefiriéndose
tipos de sanción distintos al

encarcelamiento"*.


Como "*dramática*" fue considerada la situación de vulneración en que
se encuentran los menores en las comunidades, expuestos a constantes
allanamientos, interrogatorios ilegales y a presenciar la violencia y
amenazas con que son tratados sus padres y familiar cercanos, lo que
les ha provocado severos daños sicológicos, corroborados por los
propios servicio de salud pública y denunciados ? sin resultado
positivo - ante los tribunales de justicia y recientemente a los
organismos internacionales abocados a defender los derechos del niño.
Esta situación se suma a la falta de "acceso a educación intercultural
y bilingüe?y de niveles de vida, desarrollo y salud adecuados".


Finalmente, el informe se refiere al rol jugado por los medios de
comunicación en este contexto, señalando que, "en general, tratan las
noticias relacionadas con los conflictos en que es parte la comunidad
mapuche con parcialidad, prejuzgamiento, cercenamiento de la
información, y en ocasiones incluso utilizando lenguaje racista".





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Alejandra Mujica
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