Así se desprende de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que condenó al nuestro país por violar el derecho al acceso a la información del ex diputado Arturo Longton y los representantes de la Fundación Terram, Marcel Claude, y de la ONG Forja, Sebastián Cox. ¿Cuándo? En 1998, cuando estos solicitaron, infructuosamente, información sobre la Forestal Trillium y el proyecto Río Cóndor, que pretendía instalar en la Décima Segunda región. Al no tener respuestas de parte de comité de inversiones extranjeras recurrierona a la Corte Interamericana, la que falló una resolución que significa un fuerte llamado de atención para este gobierno y los que vengan. Este es uno de los casos más conocidos y generó este fallo sin precedentes, pero ¿quién no ha tenido dificultad para acceder a la información que contral el Estado? ¿Quién no ha tenido que escribir engorrosas solictudes oficiales, por duplicado, para acceder a antecedentes en manos de servicios públicos?. Una de las críticas más asiduas apuntan al excesivo secretismo de la Contraloría General, el ente fiscalizador por excelencia, pero basta concurrir a cualquier servicio público, para darnos cuenta que esta mala costumbre es generalizada. Por ello esta señal es importante, pues como señaló a raíz de este caso, el presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional, Davor Harasic, toda autoridad debe netender que se debe a los ciudadanos. Este es el mensaje de este caso. Espero que se entienda.