Chile es un país pequeño y abierto al mundo... Una de las medidas, que tiene como objetivo mejorar la educación nacional, que más atención ha recibido es la evaluación docente. Desde una perspectiva económica la educación puede ser vista como el resultado del uso de un conjunto de insumos, donde uno de estos es el cuerpo docente. En este sentido, producir cambios en los incentivos que hoy enfrentan los profesores sólo mejoraría en parte los malos resultados observados en materia educacional. Sin embargo, lo fundamental de rol del profesor en la actividad educativa hace esperar que aquella fuera parte significativa del problema. La evaluación docente es un sistema construido por expertos y ejecutado por profesores. Esto le entrega validez al sistema en términos de lo que se está midiendo y al interior del gremio de profesores. No obstante, se extraña que los antecedentes laborales del profesor no sean considerados en la evaluación. El sistema protege al docente de errores de medición o de ejecución de la evaluación al brindar oportunidades de superación previas a la eliminación, pero esta protección limita la eficiencia de la gestión del director. El equilibrio entre estos dos intereses contrapuestos es fundamental y debiese ser objeto de evaluación en el corto plazo. Otro elemento cuestionable es la incorporación de un pago asociado a la eliminación por sistemática incompetencia, lo cual constituye un exceso en la protección de los intereses del profesor. El gran problema del proceso de evaluación docente ha sido la lentitud de su implementación. Por lo general, las reformas en educación rinden sus beneficios en el largo plazo. En este sentido, esperar aún más por un indicador a nivel nacional necesario para discriminar entre tipos de docentes, es postergar las mejoras en educación necesarias para crecer con fuerza y con mayor equidad. Claramente, es responsabilidad del gobierno actual gestionar en forma más eficiente una herramienta positiva que desde hace años se encuentra a su disposición.