El ministro de Economía, Hugo Lavados, afirmó que sigue firme la intención de presentar un recurso de nulidad y que no hay espacio para arreglos extrajudiciales en el caso Clarín.

"El plazo para el recurso son 120 días y las posibilidades de transar, nosotros en este momento no las divisamos dada la manera como se ha llevado adelante el juicio y los argumentos de ambas partes y particularmente los argumentos que los demandantes en este caso han entregado",

El Gobierno esgrime que existen principios sólidos sobre los cuales se fundamenta la decisión de llegar hasta el final en un proceso que podría durar meses o tal vez años y que le ha significado al Estado gastar mucho dinero desde el inicio de la demanda.

Consultado si no es más conveniente y barato cancelar la cifra decretada por el Ciadi a los demandantes, Lavados aclaró que "los principios son lo más importante y desde ese punto de vista el tema de que lo que sale un poco más barato o un poco más caro no es la consideración más importante".

Para el gobierno hay varios principios en juego: "Una persona que tiene la ciudadanía chilena no puede plantearse como inversionista extranjero, un segundo principio es que no puede existir retroactividad respecto de distintas normas o convenios internacionales firmados".

Lavados hizo estas declaraciones después de un encuentro que sostuvo en La Moneda con el ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.

La Fundación Presidente Allende señaló que “por el momento no se realizarán declaraciones” sobre el contenido del fallo y el recurso de nulidad que presentará el Estado.

"Los abogados se encuentran estudiando el fallo, y eso tomará un par de días, quizás se emita una declaración en los próximos días", dijo Ignacio Claro, de la Fundación Presidente Allende.

TRIBUNAL INTERNACIONAL

El tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), concedió una indemnización de 10 millones de dólares más intereses, a contar del año 2002, y parte de las costas del juicio al señor Víctor Pey y a la Fundación Presidente Salvador Allende, por la confiscación del diario Clarín efectuada luego del golpe militar de 1973.

El Tribunal Internacional de Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), integrado en el Banco Mundial con sede en Washington, condenó al Estado de Chile por la continuada confiscación del patrimonio del Diario Clarín, propiedad del empresario español D. Víctor Pey Casado y de la Fundación española Presidente Allende.

El Laudo, notificado el jueves 8 de mayo, constata que la República de Chile ha violado su obligación de garantizar a los inversores españoles un tratamiento justo y equitativo, ha incurrido en denegación de justicia y mala fe. El Laudo condena a Chile a pagar a los Demandantes españoles la suma de US$ 10.132.690,18  con un interés compuesto anual del 5 por ciento, a partir del 11 de abril de 2002, y también a pagar parte de las costas del procedimiento.

El Tribunal ha estado formado por el Prof. Pierre Lalive (Suiza, Universidad de Ginebra), el jurista Mohammed Chemloul (Argelia) y el Prof. Emmanuel Gaillard (Francia, Universidad de París).

No obstante la indemnización fijada por el tribunal es considerablemente menor a la demandada, el Estado chileno presentará un recurso de nulidad del fallo en conformidad a las reglas del propio CIADI.

La decisión del CIADI llegó anoche por lo que el Ejecutivo sólo se refirió a ella mediante un comunicado y después de su análisis habría una versión más completa de los pasos a seguir por el Gobierno.

Asimismo, la nota expresa su agradecimiento a los abogados del estudio Arnold & Porter LLP de Washington DC, Estados Unidos, dirigidos por Paolo Di Rosa, como también a Jorge Carey, Gonzalo Fernández y Eduardo Escalona, por su dedicación al caso en las etapas que debió pasar.

HISTORIAL

1972: Víctor Pey compró acciones de CPP (Consorcio Publicitario y Periodístico S.A.) a Darío Sainte-Marie por un 1,28 millones de dólares. La transacción se realizó en septiembre del 72, cuando ambos se reunieron en Suiza. El vendedor entregó las acciones y los traspasos firmados en blanco.

1973 (11 de septiembre): Confiscación física por las Fuerzas Armadas de las acciones de CPP S.A. y de otros bienes muebles e inmuebles.

1990: Joan Garcés y Víctor Pey crean la Fundación Presidente Allende en Madrid. Pey dona el 90 por ciento de su patrimonio de "Clarín" a la fundación, conviniendo que reeditarán el diario.

1995 (29 de mayo): El 8º Juzgado del Crimen de Santiago acoge la petición de Pey, en la que solicita la devolución de las 40 mil acciones confiscadas el 11 de septiembre del 73, amparándose en la calidad de poseedor de ellas al momento de ser éstas confiscadas.

1995 (6 de septiembre): Requerimiento notarial de Víctor Pey al Presidente Eduardo Frei pidiendo la restitución de los bienes confiscados.

1997 (3 de noviembre): Víctor Pey y Fundación Presidente Allende interponen solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

2000 (28 de abril): La División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales notifica que se pagarán nueve millones de dólares a los dueños del diario "Clarín". Los nombres de los beneficiados se extraen de una ficha estadística en la Superintendencia de Compañías de Seguros, en la que figuran Emilio González, Jorge Venegas, Ramón Carrasco, ex abogado de "Clarín", y los hijos de Sainte-Marie, como dueños del total accionario de la empresa.

2001 (5 de marzo): El tribunal del Ciadi, presidido por el ex canciller de Brasil Francisco Rezek, resolvió por dos votos contra uno que el tribunal era incompetente para zanjar esta diferencia, dando la razón a Chile.

2001 (10 de marzo): La contraparte de Chile solicitó la renuncia del presidente del tribunal porque de lo contrario lo recusaría. Rezek presentó su renuncia indeclinable al cargo.

El tribunal queda descabezado y se impide firmar acuerdo. El nuevo presidente del tribunal, el suizo Pierre Lalive, resolvió no certificar el estado del proceso arbitral en el momento en que él asumía su cargo, como lo exigía Chile insistentemente.

2002: Ricardo Lagos puso a la cabeza del staff de abogados a Jorge Carey. Con ello se buscó aplacar las acusaciones de que el Gobierno estaría por entregarle las platas a Pey para hacer el "Clarín".

Agosto de 2006: La Moneda presenta la recusación en contra de los magistrados del tribunal y el proceso es suspendido. El juez escogido por el Gobierno para integrar el tribunal, el ex canciller ecuatoriano Galo Leoro, presenta su renuncia por haber perdido la confianza de las partes.

Noviembre de 2007: El tribunal da a conocer un borrador de fallo en el que la sentencia preliminar era adversa a Chile.