Hace algunos días, salió a la luz pública el hecho de que el Obispado de San Bernardo retiró, sin dar justificación alguna, el certificado de idoneidad que habilitaba a una profesora para hacer clases de religión católica, asignatura que había impartido por casi 25 años.

La razón de fondo: se habían enterado que era lesbiana y que mantenía una relación afectiva. Como consecuencia, la Corporación Municipal que administraba el colegio en que hacía clases la despidió, pues ahora carecía de la habilitación necesaria para realizar su labor.

La profesora pidió protección a la Corte de Apelaciones de San Miguel, que dictó sentencia validando la actuación de las autoridades eclesiásticas; luego la Corte Suprema confirmó los dichos de la Corte de Apelaciones sin agregar ni quitar una coma.

Circunstancialmente, hace un par de días conversé con uno de los juzgadores del caso en la Corte de Apelaciones, de quien oí el singular (y aberrante) razonamiento que subyace a la decisión.

J: ¿Escuchaste del caso de la profesora de religión que es lesbiana?. Llegó a la Corte y me tocó decidir.

YO: ¿Y como fallaste?.

J: Le denegamos el recurso. Ella era profesora de religión católica y sabía en que se estaba metiendo. Si hubiera sido profesora de otra cosa tal vez hubieramos acogido su recurso, ¡pero era de religión!.

YO: Pero J, la idoneidad para hacer una asignatura esta dada por los conocimientos que se tiene de la materia y la capacidad de transmitirlos, ¡no por con quién duerme al final del día!.

J: Así será, pero la doctrina católica siempre ha sido clara en excluir a los homosexuales. De hecho la Iglesia acompañó documentos de cuando Benedicto XVI era jefe de esa cosa como la Inquisición, y es absolutamente claro al respecto.

Nota mental: ¿Y eso que tendrá que ver?. Pudieron haber cosido una biblia completo al expediente y el valor jurídico de los documentos fundantes de la decisión siguen siendo cero.

YO: Pero J, han lanzado a una mujer después de 25 años de ser profesora a la puta calle, dejándola sin medios para ganarse la vida.

J: No es tan así. Averiguamos antes que ya la habían contratado para otra cosa. Además, la Iglesia es super clara y los profesores de religión tiene la obligación de hacer su vida de acuerdo a lo que enseñan.

YO: ¡Eso es inconstitucional!

J: (Se encoge de hombros). Nosotros supusimos que la Corte Suprema se lo iba a sacar de encima de alguna forma y eso fue lo que en definitiva sucedió.

No seguí hablando del tema, porque era inútil y ya me estaba asqueando.

Al entrar en la oficina de J vi un póster del Papa Juan Pablo II que ocupaba un cuarto de la pared, unas fotos de uno de sus hijos tomando los hábitos y recién noté que una cruz le colgaba del cuello. J de libertad de conciencia no tenía nada, ¡y ni siquiera se inhabilitó para conocer del caso!. Tristemente, no creo que sea una situación excepcional.

Hablando después con un amigo, este me dijo acertadamente que desde ese punto de vista, si la Iglesia Católica dice un día que los indios no tienen alma (creo que eso ya lo dijo hace algunos siglos y mucho después los rehabilitó) todos los profesores de religión de ascendencia indígena se quedan automáticamente sin trabajo ¡y la Corte dirá que es ajustado a Derecho!.

Más llamativo es aún que la resolución de este caso es contradictoria con lo decidido recientemente con el ex Senador Lavandero (preso por abusos sexuales a menores de edad), quién recurrió a los tribunales luego de que una autoridad administrativa le denegara la libertad provisional sin justificación alguna. Porque le salió de los cojones denegársela, como dirían en España. Y finalmente la Corte Suprema declaró que la autoridad no podía actuar de forma injustificadamente arbitraria, concediéndole la libertad a Lavandero.

Y en el caso en comento, relacionar la idoneidad para impartir clases con la vida afectiva de la gente, claramente es una decisión injustificadamente arbitraria.

Situaciones similares, decisiones distintas.

Algo de razón tienen los anarquistas: hay bastantes cosas que quemar