Operación "Retiro de Televisores": Chávez, Herrera, Trincado
Transcribo parte de Post:
Caravana de la Muerte en Prisión
Quiero compartir esta noticia, que no he logrado encontrar en los diarios nacionales. Un paso más hacia la consecución de justicia.
Caravana de la Muerte en Prisión
Apresan a implicados en Caravana de la Muerte. Están acusados de homicidio calificado de 72 personas.
Calama, Chile. Grupo fue notificado ayer en el Segundo Juzgado de Calama por la Ministro en Visita Extraordinaria de la Corte de Antofagasta.
Siete implicados en los hechos ocurridos en octubre de 1973 relacionado con las acciones de lo que está en la historia como la Caravana de la Muerte, fueron notificados ayer en Calama del procesamiento que les afecta por el delito de homicidio calificado.
La diligencia tuvo lugar en dependencias del Segundo Juzgado de Calama y fue dirigida por la Ministro en Visita Extraordinaria, María Rosa Pinto Egusqiza, de la Corte de Apelaciones de Antofagasta.
De acuerdo a antecedentes proporcionados por la propia ministro en visita, en la diligencia participaron siete de los diez procesados en distintos grados de responsabilidad en la causa 37.340, quienes se presentaron en Antofagasta, Calama y Santiago para ser notificados de la resolución de la Corte de Apelaciones, por la responsabilidad que pueda caberles.
Los siete ingresaron al Regimiento Topáter en calidad de procesados presos, bajo la custodia y vigilancia, además de las medidas de seguridad adoptadas por el Ejército, dado que la mayoría de ellos, salvo uno, son oficiales en retiro.
La causa 37.340 fue iniciada por la exhumación ilegal de restos óseos realizada en Calama en el camino a San Pedro de Atacama, pero los siete individuos fueron notificados por el procesamiento de homicidio calificado en forma reiterada.
La llegada a Calama del grupo de personas se tradujo en intensa actividad en el Segundo Juzgado y la gestión principal terminó pasadas las 18 horas.
Seguridad
El aspecto básico de la gestión fue la notificación del auto de procesamiento a cada uno de los involucrados y sólo uno de los citados prestó declaraciones, conforme lo dio a conocer la ministro en visita. El suceso causó expectación generalizada que se vio aumentada por el gran despliegue de seguridad montada alrededor del Segundo Juzgado de Calama.
Los guardias, entre los que se incluían personal del Ejército, Carabineros y Detectives estaban distribuidos hasta no menos de cincuenta metros del edificio del tribunal.
La ministro en visita declinó entrar en detalles sobre el particular e indicó que tiene entendido que el Departamento de Relaciones Públicas del Poder Judicial ha informado sobre ello.
De este modo se desconoce los pasos siguientes que tendrá el proceso o si esos tendrán lugar en Calama o en otros puntos del país.
Entre quienes fueron notificados figuran Miguel Trincado, Julio Salazar Lanteri, coronel Luis Aracena Romo, coronel Carlos Langer von Forthenberg, coronel Domingo Flores Figueroa y suboficial Sergio López Maldonado.
Faltan tres personas por presentarse, entre ellas el capellán Luis Jorquera, quien se halla interno en el Hospital Militar afectado por un edema cerebral.
Fallecidos
A todas luces el caso tiene relación con las acciones de la Caravana de la Muerte, de acuerdo a las reclamaciones que han venido haciendo las familias de los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de 1973, y que todavía no han logrado la identificación de restos óseos hallados en distintos puntos de la provincia del Loa.
Entre los fusilados el 19 de octubre, por la llamada Caravana de la Muerte que encabezó el general Sergio Arellano Stark, conforme lo indican todas las presunciones, figuran los calameños:
Mario Argüéllez Toro, Carlos Berger Guralnik, Haroldo Cabrera Abarzúa, Gerónimo Carpanchay Choque, Bernardino Cayo Cayo, Carlos Escobedo Caris, Luis Gahona Ochoa, Daniel Garrido Muñoz, Luis Hernández Neira, Manuel Hidalgo Rivas, Rolando Hoyos Salazar, Domingo Mamani López, David Miranda Luna, Hernán Moreno Villarroel, Luis Moreno Villarroelm Rosario Muñoz Castillo, Víctor Ortega Cuevas, Milton Muñoz Muñoz, Rafael Pineda Ibacache, Carlos Piñero Lucero, Sergio Ramírez Espinoza, Fernando Ramírez Sánchez, Alejando Rodríguez, Roberto Rojas Alcayaga, José Saavedra González. Jorge Yueng Rojas.
Decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta
Las acciones realizadas ayer en Calama responden a la decisión de la Corte de Apelaciones de Antofagasta y que fue conocida el 31 de agosto recién pasado y, según la página del poder judicial, fueron sometidas a proceso doce personas, entre civiles y ex militares, por el delito de homicidio calificado en contra de 28 personas ocurridas en la ciudad de Calama el 19 de octubre de 1973.
En fallo unánime los ministros del tribunal de alzada Enrique Álvarez, Óscar Clavería y la abogada integrante Nancy Mellado sometieron a proceso a Armando Fernández Larios y Eugenio Rivera Desgroux por el delito de asociación ilícita.
Asimismo, se encausó a Armando Fernández Larios, Eugenio Rivera Desgroux, Carlos Max George Langer von Furstemberg, Carlos Humberto Minolleti Arriagada y Jerónimo Tomás Rojo Rojo como autores del delito reiterado de homicidio calificado.
Encubridores
Además, fueron acusados el doctor Luis Benito Rojas Delzo y a Luis Mario Aracena Romo, Julio Fernando Salazar Lantery, Óscar Figueroa Márquez, Domingo Antonio Flores Figueroa, Miguel Eduardo Trincado Araneda y el capellán Luis Exequiel Jorquera Molina como encubridores del mismo ilícito. En los casos de Fernández Larios, Minolleti Arriagada y Rojas Delzo se ordena iniciar los trámites para solicitar a la Corte Suprema su extradición, ya que se encuentran fuera del país. De los restantes procesados se ordenó despachar orden de detención para que ingresen en prisión preventiva.
Según denuncia hecha a la justicia por funcionarios de Investigaciones, el actual Director General de Investigaciones, y Presidente Interino de Interpol, Arturo Herrera, se habría negado a incluir, en un parte policial, la responsabilidad que afectaría al General Trincado en el ocultamiento de cadáveres, en lo que se conoció como Operación "Retiro de Televisores", ordenada en clave por el General Pinochet, en su oportunidad.
En su rol de Presidente de Interpol, a Herrera le tocó visar un informe sobre el computador incautado a las FARC en Ecuador, en el que constaría el apoyo del Presidente Chávez a la guerrilla.
El informe de Interpol se reduce a certificar que la información sobre la materia, según consta en el computador, es la original, y no ha sido modificada ni manipulada con posterioridad (lo que se atribuía por Chávez al gobierno colombiano).
José Miguel Insulza y las autoridades chilenas, entre otras el Ministro del Interior subrogante, han otorgado todo su respaldo al Director de Investigaciones, quien no ha sido nunca sometido a proceso alguno por la acusación a que alude Chávez.
En nuestro país rige la presunción de inocencia, e imputar al Herrera este delito, sin pruebas que lo respalden, está tipificado y sancionado en nuestro Código Penal como delito de injurias.
Desconozco si existe algun proceso o condena por injurias, en contra de los funcionarios policiales denunciantes.
En todo caso, la acusación contra Herrera no fue investigada por tribunal alguno en Chile, por lo que su inocencia sigue siendo "presunta", al igual que la de los funcionarios denunciantes (injuriadores).
Cuando sucedieron los hechos, Trincado era Teniente.
Cuando los funcionarios denunciaron la modificación del parte policial, era General.
Contra Hugo Chávez, Herrera podría, y a mi juicio "debería" querellarse, independiente del eventual destino que pudiera tener la querella, pues las injurias del Presidente Venezolano son "actuales".
Si Chávez viajara a nuestro país, en el futuro, como ya lo ha hecho anteriormente, estaría obligado a probar sus temerarias afirmaciones ante nuestros tribunales, haciendo uso de la exceptio veritatis.
CICERONE
P.D. 22.05.2008 Ver más antecedentes en El Caso Chávez contra Herrera
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Ministro del Interior (s): “Cuenta con todo el respaldo del gobierno de Chile”
El gobierno, a través del ministro del Interior (s), Felipe Harboe , entregó todo su respaldo al director de Investigaciones, Arturo Herrera, y dijo que el Presidente Hugo Chávez “ha sido mal informado”, porque no existe ningún proceso judicial que involucre al alto oficial de la policía civil.
“El gobierno hace presente que el director de la Policía de Investigaciones, Arturo Herrera, cuenta con todo el respaldo del gobierno de Chile. El Presidente Hugo Chávez ha sido mal informado”, afirmó Harboe.
Insistiendo en que el gobierno “respalda absolutamente” al alto oficial, explicó que en el caso no corresponde presentar una protesta diplomática porque el Presidente Chávez hizo alusión a Herrera en su calidad de presidente interino de INTERPOL. En todo caso, aclaró que siempre “lo importante es respetar la dignidad de las personas”.
Harboe afirmó que en la denominada “Operación de retiro de televisores” (relacionada con el ocultamiento de cuerpos de detenidos desaparecidos durante el gobierno militar víctimas de Derechos Humanos) donde Chávez involucró a Herrera, éste jamás ha estado imputado. Insistió en que “la información que se le entregó a Chávez carece de veracidad” y aclaró que lo único que hay es una declaración de dos policías en un caso de un oficial de Ejército, “pero no hay imputación de ningún tipo respecto del general director de Investigaciones”.
AFDP: “No tenemos ninguna información que confirme eso”
La vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García , se declaró sorprendida con los dichos de Chávez, pero dijo que de todos modos se debe investigar.
“Nosotros no tenemos ninguna información que confirme lo señalado por el presidente Hugo Chávez. Sin embargo, yo puedo suponer que el Presidente no va a entregar una información si no tiene una base certera. Por lo tanto, creo que es una información interesante para que sea investigada, independientemente de que no exista ninguna información al respecto hasta ahora”, dijo.
Agregó que “informaciones de esta naturaleza nunca pueden dejarse pasar, sino que tienen que ser investigadas porque en definitiva se tiene que determinar si existe o no existe algún vínculo de don Arturo Herrera con el “Retiro de televisores” (...) Pero claramente es una noticia sorprendente”.
CICERONE
Según Chávez, “Verdugo habría ordenado infructuosamente que se cambiara un informe técnico que señalaba al general Miguel Trincado Araneda de haber participado en exhumación ilegal, destrucción y desaparecimiento de los restos de 26 fusilados en Calama, después del golpe de Estado de 1973, que fueron lanzados al mar desde un avión de transporte C 47 de la Fuerza Armada chilena”.
“Hay un juicio, incluso, donde esto se ha ventilado con documentos (...) Un comisario, Abel Lizama, fue presionado (...)
CICERONE
Sin embargo llama la atención que hasta el momento no haya comentarios a tu post.
De pronto los lectores se hayan lejanos a este tema por la poca incidencia que el ciudadano tiene sobre estos hechso judiciales. No sé, Creo que la mayoría solo le interesa informarse, pero no solo en este tema. Se extraña la participación aunque sea opinando.
¿Somos o no somos un país inclusivo?, como se dice ahora,
Está por verse. ¿No te parece?
Esculapio:
lejaos = alejados.
estraña = extraña.
Por favor, más propiedad en el uso del idioma.
Te informo que el EquipoEditor infla, por lo menos, las erratas, y ya corrigieron la Semana de Atina, aunque borraron nuestros comentarios (privilegio del Webmaster).
Algo es algo.
Gracias por tu comentario.
CICERONE
Bien, he corregido los errores, es facil corregirlos en Atina, no así en otros ámbitos. Como bien sabemos en nuestro país. ¿No es cierto?
Hasta Pronto
Según otros informes de prensa, son tres los agentes que acusaron a Herrera de haberles presionado para borrar el nombre del general Trincado del informe de la brigada de derechos humanos de la policía de investigaciones de Chile.
Originalmente se pensaba, tal como se comentó en la prensa en su momento, que esta acusación sería investigada. No se hizo. No llegó a tribunales.
Mi impresión es que Herrera no quiere mover este asunto.
Según entiendo, los tres detectives que denunciaron las presiones de Herrera han sido o retirados de la institución o trasladados a otras funciones. Aparentemente, fueron 'castigados'.
No creo yo que por no existir un proceso judicial debamos deducir que esos agentes mintieron. El señor Herrera tenía que haber presentado una querella en su momento. Si no lo hizo, me temo, es porque claramente no le convenía.
No creo, por otra parte, que esos tres agentes hayan conspirado para acusar a Herrera. Herrera cuenta con amigos poderosos en las esferas de gobierno. Es dudoso que se investiguen sus lazos con Trincado.
El informe de interpol ha sido groseramente tergiversado por gran parte de la prensa y la televisión chilenas. El informe no dice en ningún momento que corrobora las afirmaciones del gobierno colombiano de que Chávez y Correa han ayudado con dinero y armas y otro tipo de apoyo a las FARC. La interpol dice derechamente que no puede juzgar la veracidad del contenido y no se pronuncia sobre eso.
El informe de la interpol gira sobre varios miles de e-mails intercambiados entre Reyes, el comandante que murió durante el bombardeo de su campamento en Ecuador, y otros miembros de sus fuerzas. No se encuentra ahí ningún email y documento de ningún gobierno. No hay pruebas documentales de que haya habido traspasos de dinero o armas. Y, de todos modos, en los e-mails sobre el tema se habla solamente de la posibilidad futura de acciones semejantes, probables o deseadas, y no de hechos ya acontecidos.
O sea, el informe de la interpol no prueba de ningunísima manera que Chávez haya contribuido a la campaña guerrillera.
Sin embargo, algo habrá. A propósito de esta acusación, una de las primeras reacciones de Chávez fue que él había ofrecido 300 millones de dólares a grupos colombianos no para financiar a una guerrilla, sino para montar en el país una red de centros sociales judiciales, del tipo que ya están operando en Bolivia, y que son organizaciones muy útiles y loables. Formados por juristas y trabajadores sociales, entre otros profesionales, se instalan estas en barrios pobres y ofrecen información sobre un sinnúmero de temas a la población local, que puede ir sobre qué hacer judicialmente en un caso de litigio con un vecino a dónde pedir un subsidio para abrir una guardería. De estas instituciones (centros vecinales) hay modelos en prácticamente todo el mundo. Ahora es probable que esa organización ni siquiera se funde en ese país.
La pregunta, para mí, es porqué el gobierno colombiano mira con temor y recelo a organizaciones semejantes. Es la misma actitud de Uribe con respecto a los sindicatos.
Otros temas que la prensa y televisión chilenas pasan por alto:
1. Uribe están siendo investigado en estos momentos por su participación en la masacre de El Aro, cuando en 1995 tropas del ejército y escuadrones de la muerte mataron a 15 campesinos.
2. El ex jefe de la inteligencia colombiana está preso. Confeccionaba listas de dirigentes sindicales y activistas de derechos humanos que eran luego asesinados por milicias paramilitares. Este era el mano derecha de Uribe.
3. Uribe acaba de extraditar a Estados Unidos a 14 paramilitares acusados de tráfico de cocaína. Entre ellos, Mancuso, el capo paramilitar que desde junio de 2007 viene colaborando con la justicia colombiana y entregando datos sobre la participación de políticos uribistas en las campañas homicidas de los paramilitares y otros delitos, como tráfico de cocaína y usurpación de tierras.
La prensa chilena, que insisto que en estas actitudes muestra su escaso nivel de profesionalismo y objetividad, parece pensar que es legítimo tergiversar los hechos para dar más sostén a las posiciones ideológicas propias. Esto delata un nivel de primitivismo que es escalofriante.
No se necesita estar a favor ni en contra de nadie para interesarse en la verdad.
No he visto la prensa de hoy. Me pregunto si alguien habrá entrevistado a Herrera, Trincado o los detectives implicados en el caso.
Mis datos sobre el informe de la interpol los leí en Los Angeles Times. Su traducción y fuente se encuentra en mQh: http://mqh.blogia.com/2008/051708-que-dijo-la-interpol.php
Saludos,
Otra cosa que me pareció extraña es la reacción del gobierno. "Lo respaldamos", dijo un personero de gobierno. Me ha quedado dando vuelta. ¿Qué quiso decir? Me parece una frase hueca, y un despropósito.
¿Se siente el gobierno obligado a decir algo?
Me digo, si se siente el gobierno obligado a decir algo, ¿por qué no dice que el presidente Chávez se equivoca y que Herrera no hizo nunca nada ni intentó encubrir la participación de Trincado en la operación 'retiro de televisores'?
La respuesta: No puede decir eso, porque hay tres declaraciones de detectives chilenos que denuncian los intentos de Herrera de borrar del informe a Trincado.
Tampoco puede el gobierno decir, porque no se ha investigado, que la denuncia de esos detectives es falsa.
Ni puede decir que Trincado no ha estado implicado en violaciones a los derechos humanos, o a su encubrimiento.
Me parece la reacción de ese personero la actitud de un gallito que entra al ruedo, todavía confundido, pero dispuesto a mostrar su 'gallardía', que me parece en general una conducta impresentable en política.
Porque si le molesta que un jefe de estado de otro país critique al jefe de policía, lo primero que debería hacer el gobierno es nombrar a personas de antecedentes impecables, y no a personas de pasado dudoso y tan polémicas que hasta sus propios subalternos le han denunciado.
Ahora la pregunta sería: ¿Por qué protege el gobierno a Herrera?
Un tercer punto que se me quedó en el tintero: las denuncias de los detectives no son evidentemente de hace treinta años. Fueron formuladas en 2006. Los detectives que denunciaron estos hechos fueron presionados para retirarse. Uno de ellos abandonó la institución. Los otros fueron 'desplazados' a otras funciones.
Amado:
Este artículo salió en LND de ayer, y lo leí después que subí mi Post (a Iquique llega después de las 13 hs.)
Es bastante ilustrativo.
P.S.
Por favor cámbiate el nickname.
Encuentro que tratarte de Amado me sale muy "miéchica".
CICERONE
Domingo 18 de mayo de 2008
Relato paso a paso del affaire Herrera-Trincado y los muertos de Calama
El nuevo round internacional del Presidente venezolano fue esta vez contra el director de Investigaciones, Arturo Herrera, actual presidente interino de Interpol, quien debió enfrentar nuevamente la acusación de haber ordenado infructuosamente alterar un informe que inculpaba al general Miguel Trincado Araneda de haber participado en la exhumación ilegal de los restos de 26 fusilados.
El Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, criticó duramente a Interpol por un informe técnico acerca de los computadores confiscados en marzo pasado a las FARC. Aquella vez, en un ataque militar colombiano en suelo ecuatoriano resultó muerto el segundo jefe de esa organización, "Raúl Reyes", y otras 25 personas.
El informe se limitó a establecer que la información hallada en las ocho piezas analizadas y que vincularía a la guerrilla de las FARC con los gobiernos de Venezuela y Ecuador, no fue intervenida por el gobierno de Colombia como Chávez sospecha.
Ese fue el escenario en el que el ex militar venezolano revivió la historia del director de la Policía de Investigaciones chilena y actual presidente interino de Interpol, Arturo Herrera, y el caso del desentierro de los cuerpos de los asesinados por la Caravana de la Muerte en 1973 en Calama.
Chávez declaró que "según un informe policial, el actual presidente de Interpol está implicado en la Operación Retiro de Televisores de finales de 1975 o a principio de 1976, ordenada por el general Augusto Pinochet, que consistió en el encubrimiento de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Según documentos, Herrera Verdugo habría ordenado infructuosamente que se cambiara un informe técnico que señalaba al general Miguel Trincado Araneda de haber participado en la exhumación ilegal, destrucción y desaparecimiento de los restos de 26 fusilados en Calama después del golpe de Estado de 1973, que fueron lanzados al mar desde un avión de transporte C-47 de la Fuerza Aérea chilena. Hay un juicio incluso por esto".
El desentierro de los cuerpos en Calama
El 3 de mayo de 2005, La Nación (LN) publicó una crónica en la que, de acuerdo a antecedentes del proceso abierto por la exhumación de los cuerpos de los prisioneros ejecutados en Calama realizada entre diciembre de 1975 y los primeros días de enero de 1976, un teniente o capitán llamado Miguel Trincado Araneda comandó la operación de desentierro de esos restos y su traslado desde el desierto al aeródromo de Calama. Allí Trincado y el suboficial Manuel Cortés Aguirre, según la declaración judicial de Cortés, subieron los cuerpos ensacados a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile (FACH), que luego los arrojó al mar.
El mismo 3 de mayo, el Ejército desmintió la información de LN calificándola de falsa y negó que Trincado tuviese participación en la operación. Recién entonces se supo que Trincado era un general, comandante de la II División del Ejército (la más importante de Chile en la Región Metropolitana) y además el juez militar de Santiago.
El 7 de noviembre de 2005, LN profundizó la información e insistió en Trincado. Ese día se publicó la declaración del mecánico del avión C-47 de la FACH, Sergio López Maldonado, en la que reconoció que ayudó a subir los cuerpos al avión y él mismo los lanzó al mar.
Frente a frente
Días después, el general Trincado pidió hablar con el autor de esta crónica y de las dos anteriores mencionadas, según él para entregar antecedentes que avalaban su inocencia.
Una primera reunión se realizó en la oficina de Trincado. Pero el general no entregó ninguna prueba que avalara su nula culpa. Dijo que LN mentía al informar que en el expediente del proceso existía un informe de la Policía de Investigaciones de 1 de julio de 2005, que establecía que, al menos, Trincado no pudo desconocer la operación de desentierro (llamada Retiro de Televisores por la inteligencia del Ejército) porque en 1975-1976 era el jefe de la Sección de Inteligencia del Regimiento Calama.
Además, negó haber sido jefe de inteligencia en ese regimiento en ningún período, aunque admitió estar en Calama en 1975 y 1976.
Para demostrar la veracidad de la existencia del informe al que LN accedió, se envió a Trincado las líneas que se referían a él.
Dos días después de esa conversación se recibió la información de que el director de Investigaciones, Herrera, a través de su jefe de gabinete Claudio Preller, habría ordenado cambiar el informe policial en la parte referente a Trincado, para establecer en cambio que el general no tenía culpa en la operación.
Los policías de la Brigada de Derechos Humanos, autores del informe, se negaron a ello. A partir de ese momento nació entonces una nueva fase de la investigación de la ministra Rosa María Pinto, de Antofagasta, que indagaba el desentierro de los cuerpos: el intento del cambio del informe Trincado.
Visita a domicilio
En su edición del 25 de agosto de 2006, el semanario "El Periodista" publicó un nuevo reportaje del caso Trincado-Calama. En él se aportaron nuevos testimonios judiciales de militares (R) que reconocieron a Trincado como el jefe de inteligencia del regimiento Calama en la fecha del desentierro.
Por este nuevo reportaje, el general volvió a llamar al autor de esta nota (también autor de la publicación de "El Periodista") y dijo que ahora sí probaría su inocencia. En aquella segunda reunión tampoco aportó nada para exculparse.
Le preguntamos quién en el Ejército había pedido al director Herrera que se cambiara el informe policial en cuestión, -fui yo mismo, y fui a la casa del director a pedírselo porque lo que allí se dice es falso respecto a mí-, fue su respuesta directa y sin titubeos.
Se le pidió entonces que mostrara su hoja de vida en la que podría comprobarse si fue o no jefe de inteligencia del regimiento Calama. Pero no aceptó. Preguntó Trincado entonces: ¿Cree usted que soy inocente? No, pues en el proceso hay mucha información que lo hace culpable, general-, fue la respuesta.
A fines de 2006, Trincado fue pasado a retiro de las filas del Ejército.
Un epílogo
La jueza Pinto continuó su indagatoria, ahondando ahora también en la fase Herrera-Trincado-Informe. Interrógó al director Herrera y a Preller. A este último lo careó con los oficiales que se negaron a cumplir la orden del cambio. Los oficiales se mantuvieron en sus dichos confirmando la orden del cambio recibida. Herrera y Preller negaron tal orden. Pero Herrera no negó la visita de Trincado.
Durante tres horas fuimos careados por la jueza con Trincado. Cada uno mantuvo sus dichos. El general no negó las dos reuniones en su oficina referidas anteriormente, ni tampoco haber ido a la casa de Herrera a pedir el cambio del informe. Sin embargo, él insistió en que jamás fue el jefe de inteligencia del Calama.
Un documento que el Ejército envió a la jueza Pinto el 27 de enero 2006 con la lista de los jefes de inteligencia de ese regimiento entre 1973-1978, sindicó al oficial Domingo Flores Figueroa como quien ocupó ese cargo entre 1974 y 1976. No obstante, Flores desmintió a su propia institución negando judicialmente haber ocupado ese cargo entre esos años.
Lo claro es que Trincado tiene una anotación de felicitación en su hoja de vida, justamente por servicios prestados en una operación en Calama en la fecha en que se produjo el desentierro.
El general, hoy en retiro, fue efectivamente el jefe de inteligencia y el autor principal de la operación, junto al oficial de inteligencia que viajó desde Antofagasta a supervisar el desentierro, Julio Salazar Lantery. Por ello, junto a otros suboficiales, la jueza Pinto los procesó el 23 de noviembre de 2007. Acerca del affaire Herrera-Trincado-Informe, no resolvió nada.
Pues me creo que confirma en general mi interpretación de los hechos. No dice nada empero sobre el destino de los tres detectives. Ni si se intentó entrevistar a los tres núcleos de implicados (Herrera, los detectives y el general). Me parece que no.
Me parece haber leído una entrevista con uno de los detectives de la brigada de derechos humanos, en la que relata estos hechos y otros que no comentaré aquí hasta no estar seguro de haberlos leído en esa entrevista, pero que dejan muy mal parado al general, a Herrera e incluso a algunos políticos de la Concertación.
El asunto sí fue investigado... Pero no pasó nada. Insisto en que la falta de pesquisa judicial, frente a la enormidad de las denuncias y al hecho de que las expresaron tres valiosísimos detectives de la brigada de ddhh, debiesen haber impedido el nombramiento de Herrera en la policía chilena.
Yo huelo algo turbio. Herrera trató de encubrir a Trincado. ¿Por qué? ¿Ayudó o salvó Trincado a algún prohombre de la Concertación y se le debía un favor? ¿Comparten Herrera y Trincado simpatías políticas? ¿Por qué accedió Herrera a tratar de intervenir por Trincado? ¿Que lo obligaba? ¿Por qué en la breve investigación Trincado confirmó haber presionado a Herrera, lo que Herrera negó -pero sin desmentir que había sido visitado por el general en su despacho? Porque pensar que hay pinochetistas en el gobierno me suena muy brutal. No imposible -ya se ve que el presidente Lagos indultó a un bestial asesino pinochetista-, pero no muy probable.
Y mientras más habla el gobierno chileno, más mete la pata. Ahora atraerá la atención de muchos periodistas e investigadores y la verdad que quieren ocultar se ventilará en muchas publicaciones del planeta.
Olé, Harboe! Cada vez que se mueve, se hunde más, como en un pantano.