Fuente: Diario de Urgencia-Resumen Latinoamericano

Es un cacique de pueblo que mantuvo un control casi feudal de los poderes
públicos y privados en Cobija y provincias entre 1979 y 2005. Fue
funcionario público en las dictaduras de Luis García Meza (1980-1981),
Celso Torrelio y Guido Vildoso (1981-1982); responsable en Pando del
Instituto Nacional de Colonización (actual INRA); parlamentario, prefecto
y ministro de Gobierno de Hugo Banzer-Jorge Quiroga (1997-2002).

Se cree que García Meza le regaló tierras. Ahora Fernández está metido en
el negocio de la castaña y de la ganadería. Declaró a la Contraloría un
patrimonio personal de 1,4 millones de dólares.

Fernández está bien relacionado con madereros, aserradores y
terratenientes locales como los Sonnenschein, Hecker Hasse, Becerra Roca,
Vaca Roca, Peñaranda, Barbery Paz, Claure y Villavicencio Amuruz, entre
otros, que concentran miles de hectáreas de tierras fértiles.

Leopoldo Fernández sirve bien a la racista, intolerante y violenta elite
local descendiente de los patrones de la goma y de la castaña que
sometieron a los indígenas a un régimen de explotación laboral
servidumbral desde fines del siglo XIX.

El pueblo pandino asegura que Fernández no defiende el IDH para la región
sino su bolsillo. Lo único que ha hecho por el departamento en los últimos
30 años de politiquería: treinta kilómetros de carreteras.

La ex ministra de Gobierno Alicia Muñoz denunció en 2006 que Fernández
entrenaba en Cobija a paramilitares supuestamente para trabajos de
"seguridad ciudadana". El año pasado, Leopoldo mandó a quemar la casa del
senador pandino Cuellar que apoyó la Ley de Reconducción Comunitaria de la
Reforma Agraria de Evo Morales. La pasada semana nombró a un director
apócrifo de la oficina del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en
Pando, declarado hace poco por el gobierno como el primer "territorio
saneado de Bolivia".

El presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia
(APDHB) Rolando Villena reveló que el prefecto Leopoldo Fernández contrató
a sicarios de Brasil y Perú para extinguir a los indígenas y campesinos
que apoyan el proceso de cambio en Bolivia.

Fernández está claramente incriminado en la masacre: "No se preocupe, la
masacre del Porvenir, la mayor masacre en democracia, proporcionalmente
superior a la ocurrida en El Alto en 2003, cuando murieron 60 (la guerra
del gas), no ha de quedar en la impunidad", enfatizó el ministro Rada.

La Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) que aglutina a varios
gremios sociales representativos exigió al prefecto Fernández que renuncie
de inmediato por ser el autor intelectual y material de los crímenes en
Porvenir, junto con trabajadores de la Prefectura, narcotraficantes, la
mafia maderera y la Embajada de Estados Unidos.

El máximo ejecutivo de la Csutcb Isaac Ávalos pidió al Ministerio Público
y al Fiscal General de la Nación que inicien de inmediato un proceso penal
y encarcelen "al criminal Leopoldo Fernández", el "carnicero de Porvenir".