Resulta indiscutible que vivir en un ambiente libre de contaminación y mantener los equilibrios de ecosistemas son necesidades inherentes a nuestra capacidad de subsistencia y trascendencia como seres humanos. El respeto a la naturaleza y el uso ordenado de los recursos que nos proporciona constituye un imperativo de cualquier política social con impacto en el medio y por lo tanto debe ser una variable a incorporar en la evaluación de cada proyecto. No sólo por restricciones de impacto, sino por considerar la sustentabilidad del proyecto en el largo plazo y por ende garantizar el cumplimiento de los objetivos económicos de cualquier emprendimiento. Aquí es dónde se encuentran la Política Ambiental y el Capitalismo, términos aparentemente antagónicos que sin embargo desde las antípodas convergen para crear valor en la relación entre ambos.
La explotación irracional de los recursos conlleva su extinción por lo que evidentemente en la medida de que la acción predatoria avanza, la depreciación de los activos patrimoniales u operacionales se acelera. En otras palabras, un recurso escaso en un escenario en que no se es controlador del precio ( capacidad monopólica) se traduce en la pérdida de valor futuro residual de los activos y de la capacidad generadora de flujo afectando el valor de la empresa, reflejado en su utilidad o en el valor de la acción cuando tales sociedades están abiertas al mercado ( Baste con evaluar que en un mercado regulado como el eléctrico una lluvia que acumule recursos explotados en un embalse origina evoluciones positivas en el precio de la acción). Desde luego la dependencia de factores externos para restituir la capacidad generadora de utilidades imprime volatilidad a la acción y conlleva un menor precio futuro del patrimonio. Por el contrario, tener una política basada en variables controladas como el manejo responsable de los recursos naturales ( Por ejemplo planes de reforestación o cuidado de las cuencas hidrológicas) permite asegurar un valor patrimonial estable dependiendo sólo de sus demanda y no de factores exógenos de abastecimiento.
Hasta aquí, una primera lectura nos señala que el contar con una forma racional, ordenada y conciente de administrar los bienes de la naturaleza aportará a la creación de riqueza de largo plazo. Sin embargo hay evidencia que tal lógica no impera en muchos escenarios provocando serios desequilibrios y amenazas de disminución y extinción de recursos. Tal situación se da cuando no existen procesos de mercado que permitan una adecuada asignación de los recursos, como puede ser que al existir serias restricciones de capital asignada a montos importantes de inversión, la oferta en estos casos sea reducida y al crecer su capacidad como único oferente, sin un parámetro de control propio de monopolios naturales, su acción se transforme en depredatoria de recursos ya que sus ganancias de corto plazo son lo suficientemente altas como para crear rentas de oportunismo haciendo irrelevantes las rentas residuales de sus flujos futuros de largo plazo. (En otras palabras, es tanto lo que puedo ganar hoy que mi rentabilidad asociada recupera la inversión en el corto plazo haciendo irrelevante los flujos futuros).
Otra razón de porqué la lógica eco eficiente no funciona en muchos de los casos obedece a Indefinición en los derechos de propiedad. Los Derechos de propiedad permiten determinar cuales bienes son escasos y cuáles presentan una mayor disponibilidad. Sin asignar derechos, sin propiedad privada, todos los bienes aparecerían como abundantes, lo que sucede con un bien público.
Sin propiedad privada es imposible evitar el consumo excesivo y la consiguiente desaparición de los recursos. Ahora bien, adicionalmente el propietario de un bien se preocupará de que esté disponible mientras le permita generar ganancias para lo cual buscará aumentar su eficiencia y productividad.
Mucho se ha hablado del afán de lucro, en general con un filtro altamente peyorativo, pero es esté afán el que moviliza a los dueños para obtener durante el mayor tiempo posible el máximo provecho a su propiedad. De esta forma la indefinición de los derechos de propiedad implicará el exceso de Demanda que genera escasez de recursos naturales y provoca contaminación.
La sobreexplotación de la Naturaleza no es consecuencia del Capitalismo, al contrario, surge con la anulación de la propiedad ya que no hay forma de asignar un costo a quien depreda ni se invierte en mecanismos eficientes para aumentar la productividad si los beneficios de ello no son “apropiables”. Definir la propiedad de bienes naturales transfiere el interés de su preservación al propietario , quien tendrá a su disposición las herramientas de la Justicia para garantizar el ejercicio de sus derechos.
No nos hemos preguntado acaso porque no hay escasez de pollos, cerdos o de vacas y si las hay de elefantes y ballenas?. Los elefantes y otros animales erróneamente considerados bajo protección en status de bien natural público, no tienen asignado derechos de propiedad privada, en estricto rigor y salvo las vedas que implican altos e ineficientes costos de control , todos los eventuales propietarios ( al no haber ninguno en específico) harán uso indiscriminado del bien.

Si llevamos a un extremo este planteamiento y consideramos como un bien escaso el aire de Santiago, ¿No pudiéramos acaso aplicando la misma lógica asignar derechos de propiedad sobre territorios saturados de contaminación?.

Si el Aire libre de contaminación es escaso, al asignar derechos de propiedad a un privado ( sea un concesionario, fundación , organización etc..) éste podrá cobrar a los consumidores de dichos recursos. Parece sólo teoría pero ¿cómo hacerlo operativo?...En primer lugar, estableciendo cuáles son claramente las fuentes de contaminación y asignar un costo por emisión (fuentes móviles) o saturación (fuentes fijas).
Supongamos que debemos cobrar a los automovilistas que circulan por el centro Santiago. Deberíamos aplicar una tarifa por circulación en horas de mayor contaminación que opere como un cobro anexo incorporado al TAG en los horarios punta.

En el caso de una fábrica, operan las cuotas máximas de polución transadas como derechos. Esos derechos implican una cantidad fija de acciones con las que quien se instala u opera debe contar, en caso de no tener el número suficiente debe comprar lo que genera una demanda que aumenta el precio de tales derechos y genera ganancias a sus propietarios.
La capacidad de ganar más derechos u obtener precios preferenciales de ellos debiera indexarse inversamente a la carga total de polución aportada. Es decir , si su empresa contamina menos los derechos valen menos y por lo tanto puedo comprar un mayor número que puedo vender a los más contaminantes, generando un mercado transable que permite un beneficio mayor al que se cuida de no contaminar y asigna un costo al que contamina. Asignar derechos de propiedad a través de una concesión a privados permitirá que éstos inviertan en el negocio de disminuir la contaminación si al hacerlo pueden generar mayores retornos por la vía de una ampliación de áreas de tarificación o una mayor densidad de uso que implique la mayor adquisición de cuotas o derechos.

Ciertamente un problema como el manejo responsable de los recursos de la naturaleza no puede reducirse sólo a una técnica de asignación de derechos propios del razonamiento económico. La economía está al servicio del Hombre, pero es él quien debe responder por sus actos morales.
Cuando se extingue una especie no es sólo un error en las políticas y en los mercados, es un problema en el orden social y ético.Si la economía puede proporcionar una herramienta, cuanto más puede la voluntad humana .