¡Al fín! Después de meses de trabajo, de protestas, movilizaciones, revolución social y múltiples voces – hipócritas y no – se logró sacar a la luz en anhelado proyecto de Ley General de Educación. Ahora, queda la duda de si es posible lograr un consenso parlamentario que permita obtener un resultado positivo.

 

A priori, una de las cosas que más posibilidades de ocurrencia tiene es que nadie, salvo Bachelet, esté contento con el proyecto. Una medida tan consensuada y, a la vez, tan discutida, se enfrenta al éxito o al fracaso absoluto, cualquier híbrido que salga del Congreso que no tome una posición a favor o en contra del proyecto presentado por el Ejecutivo, va a terminar siendo otra solución parche más de las que nos hemos acostumbrados durante los gobiernos de la Concertación.

Pero de lo poco que conocemos (esperamos que lo antes posible se publique en la página del Congreso el texto del proyecto), podemos rescatar algunos elementos bastante atrevidos y diferenciadores del sistema actual. Claramente la nueva legislación cambia de forma explícita los principios sobre los cuales se erige el sistema educacional chileno.

Consejo Nacional de Educación.

Al parecer el gobierno entendió que la participación ciudadana es un deber de los estados democráticos modernos, sobretodo en temas tan delicados como la educación. Los diversos diálogos, las experiencias municipales y la búsqueda de consensos entre los distintos sectores de la sociedad (que va mucho más allá de los partidos políticos) se hace patente en esta nueva propuesta.

La idea es implementar un consejo donde “estarán representados todos los sectores del sistema escolar (propuesta que es logro casi privativo del movimiento estudiantil), con una clara vocación de escuchar la voz de la sociedad.” Esta es una declaración de principios bastante fuerte, pues entre sus atribuciones este consejo debería poder definir los currículos, estándares y evaluaciones de la calidad de la educación, además de aconsejar al MINEDUC.

El problema surge en la composición de este órgano y de su funcionalidad. Hoy en día tenemos que ver como funciona uno de los primeros órganos que integra este concepto de participación en sistema educacional, cual es la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado, donde hay participación de todos los sectores involucrados reunidos en torno a un trabajo concreto y bastante ejecutivo. El Consejo Asesor Presidencial para la Educación y el recientemente formado Consejo para la Educación Superior, que tienen un carácter mucho más reflexivo y discursivo, ya han mostrado sus primeros problemas (el de Educación Superior está recién empezando y es esperable que no sufra de los vicios de su predecesor), sobretodo por lo complejo que resulta aunar criterios tan disímiles como los de los estudiantes, parlamentarios, educadores, apoderados y otros. Pero claramente lo más complejo ha sido fortalecer la sociedad civil en el necesario sentido de tolerancia y consenso; si seguimos teniendo sectores involucrados en estos órganos que no son capaces de dialogar y se retiran del trabajo por no saber ceder ante las visiones distintas, nunca vamos a poder asumir un desafío país.

Fin de la selección escolar hasta octavo básico.

Bajo el slogan de la “no discriminación” se establece el fin de la selección que realizan muchos colegios municipales y particulares subvencionados. En la realidad, algunos colegios municipales – como el Instituto Nacional y el Liceo Nº 1 por ejemplo – seleccionan a sus alumnos por variables normalmente académicas. Asimismo, un gran número de establecimientos de educación subvencionada hacen el mismo proceso, pero agregando otras variables como conducta, historial del alumno, relación familiar, etc. Podemos discutir la efectividad de estas medidas cuando existen – pocos, pero hay – colegios públicos que entregan una educación de primera calidad que nada tienen que envidiarle al sistema privado. Lo cierto es que esta medida atiende a motivos de “anclaje” con otras reformas como lo es la Ley de Subvención Preferencial que establece medidas hasta octavo básico que no son compatibles con el actual sistema de selección.

El fin de la selección hasta octavo básico presenta pros y contras. Por un lado está el afán de evitar prácticas arbitrarias, sobretodo en aquellos estudiantes de alto riesgo social y que terminan en colegios lejanos a su casa, despojado de redes sociales y en mucho mayor riesgo. Por otro lado habrá que buscar una fórmula que no sólo evite la caída en la calidad de los colegios de excelencia, sino que la proliferación de los mismos en torno a la necesaria “atomización” que se dará de los estudiantes de primera línea.

Calidad, calidad, calidad.

Una de las quejas frecuentes sobre el actual sistema es su preferencia e inclinación casi dogmática por la libertad de enseñanza. Asimismo, uno de los errores más grandes que podría haber cometido el gobierno era retroceder en esta área que ha sido objeto de una lucha constante desde hace muchas décadas.

Por lo mismo, la premisa es equilibrar la Libertad de Enseñanza con el necesario Derecho a la Calidad. Esto sería una más de las declaraciones de buena voluntad si no se establecieran algunas directrices más específicas. Así, la Ministra de Educación hizo énfasis en obligar al Estado a velar por la calidad de la Educación, asegurando derechos y deberes para todos los actores e involucrándolos en todos los procesos al respecto. Los padres no sólo tienen derecho a elegir el colegio donde ponen a sus hijos, sino que tienen el derecho de exigirle al establecimiento, y en defecto al Estado, la adecuada calidad de la educación. No es menor que se mencione a la transparencia como uno de los principios rectores de la nueva legislación sobretodo considerando cómo funciona el sistema hoy en día.

Queda pendiente cuales son los recursos que tendrán los particulares para exigir este derecho. Más allá de la salida jurídica – habría que crear algún recurso ad-hoc – importa darle una adecuada importancia y acceso a los padres y apoderados a los mecanismos de fiscalización, que necesariamente tienen que ir más allá de la creación del Consejo Nacional de Educación.

Este ítem es de especial urgencia, considerando que no sólo tenemos grandes problemas de tipo relativo interno (diferencias entre distintos establecimientos), sino que los niveles de la educación nacional son vergonzosos a la hora de compararnos con el resto de los países. El deber que queda pendiente es establecer estándares altos y ambiciosos que nos permitan elevar nuestros índices internacionales.

Fin del lucro.

Sin duda la más radical de las modificaciones se refiere al fin del lucro en los sostenedores de colegios particulares subvencionados. Hoy en día tenemos un sistema basado en una competitividad de mercado, en la cual los colegios pelean por obtener la mayor cantidad de alumnos posibles y, así, aumentar los montos entregados por el Estado por concepto de subvención. En principio la idea era que esta competitividad llevara a mejorar los niveles de calidad, pero claramente este análisis fue insuficiente y el sistema fue un rotundo fracaso debido, entre otras cosas, a la baja movilidad de los estudiantes y al nulo interés de los privados por mejorar sus servicios. En vez del “círculo virtuoso” del mercado, tuvimos un círculo vicioso que fue sólo en perjuicio de nuestros estudiantes y, sobretodo, de los más pobres.

La propuesta gubernamental termina con un elemento esencial de este sistema, aunque no nos asegura que lo mejore. Si se aprueba esta medida, los sostenedores tendrán 4 años para cumplir con una serie de requisitos (bastante más altos que los actuales, que son bastante vergonzosos) entre ellos, el no tener fines de lucro. Sin duda este es un golpe en contra de la Libertad de Enseñanza, porque pasamos de tener casi ninguna barrera de entrabas para el establecimiento de colegios a eliminar un elemento esencial de cualquier sistema basado en criterios de mercado: el lucro.

La idea, dicen, es asemejarse al sistema de las universidades privadas, en donde los propietarios no pueden obtener beneficios económicos de su labor. Pero también es sabido que el sistema universitario creado desde 1980 adolece de medidas de control efectivo de esta situación y, por ende, vemos que muchas universidades recurren a la creación de sociedades inmobiliarias o holdings para desviar las ganancias hacia sus destinatarios, en vez de reinvertirlas en la universidad como es debido.

Claramente esta es una reforma tendiente a buscar que sólo participen del sistema educacional aquellos actores que estén realmente interesados en ofrecer servicios de calidad y nada más que eso. Ejemplos de sostenedores de este tipo hay varios, como congregaciones religiosas, asociaciones privadas, fundaciones y otros. El desafío está claramente en evitar que se desvirtúe esta intención y veamos el lucro escondido en las murallas jurídicas de sociedades, holdings y empresas fantasmas que ya rodean el mundo de las universidades privadas.

Desafíos a corto y largo plazo.

El trabajo realizado durante meses para llegar a este proyecto nace no desde la creación del Consejo Asesor Presidencial, sino que desde el clamor que los estudiantes secundarios manifestaron a partir del año 2005 y que los llevaron a remecer a todos los sectores sociales en torno a sus problemas. Asimismo, el trabajo realizado durante estos meses nos mostró lo inmaduro que somos como sociedad para afrontar procesos de diálogo duro, más allá de buenas intenciones, entre sectores que tienen opiniones encontradas sobre el mismo tema.

El desafío más urgente es establecer un articulado consistente y lógico en la nueva ley y, para eso, debemos esperar el trabajo legislativo. Es de esperar que los sectores políticos representados en el Parlamento se hagan cargo de todas las voces presentes en este proceso y no desconozcan los acuerdos preexistentes en el proyecto. Por lo mismo, es necesario que los actores ciudadanos (sostenedores, profesores, bloque social, etc.) asuman su rol de presión y opinión de forma responsable y efectiva, velando por los intereses comunes de todo el país, por sobre las demandas gremiales.

Al largo plazo es de esperar que tengamos una nueva ley general de enseñanza en poco tiempo, pero sobretodo que sea legitimada en su correcto ejercicio y aplicación, en la práctica. Que todos los esfuerzos realizados en el último año rindan los frutos esperados y tengamos la educación que nuestro país se merece, pero sobretodo, que aprendamos como sociedad civil a tomar en nuestras manos los procesos de desarrollo exigiendo las instancias de participación y discusión que sean necesarias.