Hace unos días leía que en Arica un señor fue condenado a tres años y un día de cárcel por porte ilegal de armas. El condenado es un hombre con antecedentes penales; sólo se le ha acusado de porte ilegal y no de robo con violencia en grado de tentativa o cosa por el estilo. Ni de haberla utilizado previamente. Encima, la sentencia habla de porte ilegal de "arma de fuego artesanal", o sea, de arma hechiza. Ahora, por este en realidad ideológico delito, el señor Stalin Gallardo Ávila deberá pasar 36 meses y un día en la cárcel (la historia se encuentra La Estrella de Arica).

La historia me ha estado persiguiendo durante todo este tiempo. En Chile el estado tiene monopolio sobre la fuerza o la violencia y las armas. Es una ley o un conjunto de leyes muy polémicas y ciertamente discutibles. Para empezar, irrita que la policía tenga autoridad para detener a un ciudadano para someterlo a control de identidad y revisar si tiene o no antecedentes y otros datos disponibles sobre él en los archivos de policía. Me extraña muchísimo que debamos los ciudadanos ir obligatoriamente premunidos de un documento que, por decirlo así, certifica quiénes somos, cómo nos llamamos y cuándo nacimos. No digo nada sobre si es un documento necesario o no; simplemente, es una idea extraña a la que hay que habituarse forzosamente.

Hubo unos años en que el mundo entero miró con agradable sorpresa que Chile eliminaba de su Código Penal la detención por sospecha. No duró mucho tiempo. Al cabo de los años, Sus Señorías la volvieron a introducir como parte de su particular concepción de la guerra contra la criminalidad.

Se pregunta uno por qué aceptamos tan graciosamente que las autoridades puedan detener e interrogar a un individuo sobre la base de una mera presunción para provocarle una irritación padre y hacerle perder el tiempo. Además de darle, si se tercia, una buena zurra.

Aunque entiendo la necesidad de limitar y controlar la posesión de armas de fuego, todavía tengo que empezar a encontrar malo que la gente se defienda, y a los suyos, si ven sus vidas amenazadas. Y en realidad creo que eso es absolutamente legítimo. Si tuviésemos un código como el estadounidense, que permite la posesión de armas de fuego, no creo que aquí aumentaran automáticamente los delitos cometidos con armas de fuego. No hay ninguna ley histórica que nos permita profetizar si, eliminadas las limitaciones, aumentaría la comisión de delitos violentos.

Por otro lado, también pienso que la ciudadanía debe poder adquirir armas legalmente para, entre otras cosas, prevenir la ocurrencia de algún nuevo estallido de demencia fascista. A mediados de 1973, un general traidor impulsaba la aprobación de una ley que permitió implementar la ley de control de armas, que justificó el allanamiento masivo de todas las poblaciones y barriadas del país para despojar a los ciudadanos de sus armas. La intención manifiesta era impedir enfrentamientos entre civiles. El propósito oculto era impedir que la ciudadanía resistiese armada la usurpación de los generales traidores que preparaban la sublevación.

Me he preguntado algunas veces qué habría pasado si, en septiembre de 1973, los ciudadanos hubiesen estado armados para resistir la insolencia militar y la hubiesen aplastado. Pero lo más probable es que no habría pasado nada del otro mundo. Ya antes se había intentado un golpe de estado, y sus actores fueron detenidos y procesados por tribunales civiles y condenados. Si su traición hubiese fracasado, Pinochet habría corrido la misma suerte, y habría terminado durmiendo con el general Viaux en el patio 2 de la penitenciaría de Santiago.

Este escenario es ciertamente muy especulativo. La idea de un golpe de estado de extrema derecha suena ahora como algo impensable. Pero creo que en la historia no hay nada impensable y las mismas atrocidades pueden volver a ocurrir. Para impedir que ocurran, o en la protección de los nuestros, los ciudadanos tenemos derecho a defendernos.

En este caso específico, don Stalin no pudo explicar qué hacía con esa escopeta hechiza en su mochila, y su respuesta no sonó para nada convincente. Dijo que había quitado el arma a unos individuos que lo habían tratado de asaltar momentos antes. La escopeta está hecha de dos tubos y percuta cartuchos calibre 36.

No sabremos nunca si don Stalin no fue detenido poco antes de cometer un delito violento. O si portaba la escopeta hechiza para defenderse de asaltantes. Pero ciertamente no ha cometido ningún delito comprobable. Su delito es solamente ideológico. Su delito es no acatar las disposiciones de la ley, sin detenerse sobre su contenido o justicia. No se le detiene por haber significado un peligro o amenaza para otros ciudadanos, sino simplemente del estrambótico delito de no compartir con las autoridades su definición de delito. Pues según proclama el Código Penal, es delito todo lo que la ley denomina o define como delito, y no el mero causar daño a terceros, que es, según otra escuela, lo que es verdaderamente el delito.

En nuestro país predomina la estrafalaria concepción autoritaria de la noción de delito.

La pena es extremadamente severa si se considera que la fiscalía carece de pruebas de que el acusado pensara cometer un delito, ni puede acusarlo en realidad de nada. En delitos peores, como cuando un borracho atropella y mata a alguna persona, el autor del delito suele no estar más que unos días, si acaso, en el calabozo. Tres años y un día de cárcel por una presunción de delito es realmente un escándalo. Y todavía es más escandaloso que nadie diga nada por eso y que a todos nos parezca de lo más normal que unos señores uniformados secuestren y encarcelen a nuestros ciudadanos, acusándoles no de haber cometido un delito, sino de estar en posesión de un arma que podría eventualmente ser usada en la comisión de uno.

Algunos personajes de Kafka vivirían dichosos en Chile.

Algunos peligrosos criminales, verdaderas hienas sedientas de sangre de la época de la dictadura de Pinochet, han sido condenados a penas menores por delitos inhumanos e indescriptibles, que empiezan con el secuestro, las torturas y finalmente el asesinato de decenas y cientos de víctimas. Tal parece que a los jueces les parecen estos horrendos crímenes menos graves que, según dice el artículo 307 del Código Penal, los que comete un vago disfrazado "o en traje que no le fuere habitual" portando armas "que inspiren fundada sospecha".

Tres años y medio es un montón de tiempo para permitirse cometer errores. Es posible que el detenido haya tenido alguna intención criminal, pero no llegó a ponerla en práctica, de modo que simplemente no cometió ningún delito real. Sorprender a alguien portando un arma no es lo mismo que sorprender a alguien en su coche, parado frente a un banco, con una ametralladora, un pasamontañas y un saco de correo en el asiento. Humanamente hablando, aún en ese caso posiblemente la sentencia a tres años de cárcel es tremendamente exagerada.

Pero ¿quién podría interesarse en la suerte de don Stalin? A los políticos no les va a quitar el sueño que don Stalin, honesto padre de familia y buen hombre o rufián, se pase tres años de su vida encerrado en una celda. Les va a dar un verdadero pepino. Los jueces son los menos interesados en dictar justicia. Don Stalin va a tener que quedarse tras las rejas porque sí, porque pudo haber pensado en cometer un delito.

Es simplemente de un delirante absurdo.

[mérici]