La comparecencia del ministro de Interior, José Antonio Alonso, para explicar en sede parlamentaria la reacción política y disciplinaria de su Gobierno ante el 'caso Roquetas' (Almería) sirvió para trasladar a los grupos políticos y a los ciudadanos un compromiso fundamental: la «tolerancia cero» hacia una actuación como la que dio lugar a la muerte de Juan Martínez Galdeano en el cuartel de la localidad almeriense el 24 de julio. Alonso garantizó «la máxima investigación, la transparencia y la depuración absoluta» de responsabilidades en un trágico suceso que ha causado gran alarma social al afectar a la imprescindible relación de confianza que debe existir entre la Guardia Civil y la ciudadanía a la que sirve. Sería injusto que un hecho gravísimo, aunque aislado, fuera suficiente para perturbar ese vínculo. Pero sin duda ayudarán a vigorizarlo medidas como la evaluación del respeto a los derechos por parte de las fuerzas de seguridad y la revisión de las condiciones de los centros de detención, que también prometió Alonso. Por Claudio Sandoval Corresponsal Atina Chile - Pais Vasco El relato que ofreció el titular de Interior de la forma en que tanto la Guardia Civil como el Ejecutivo afrontaron lo ocurrido en Roquetas no consiguió borrar una imagen: hasta que la filtración de la autopsia provocó la intervención directa del presidente Rodríguez Zapatero, el suceso se había abordado tanto desde los mandos del instituto armado como desde el Ministerio con una actitud correcta, pero en exceso rutinaria dada la gravedad de los hechos. Alonso aprovechó su comparecencia para defender la gestión del director de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, al distinguir entre sus manifestaciones «equivocadas» -no pudieron serlo más- y las medidas disciplinarias adoptadas, éstas sí, correctas. El ministro reafirmó y avaló con datos aquellas preocupantes declaraciones previas en las que había asegurado que la investigación había encontrado «resistencias». Y verdaderamente merecen esta consideración los intentos de los implicados de escamotear las grabaciones de la paliza en el cuartel o de confundir a los investigadores al negar la utilización de instrumentos irregulares para reducir al fallecido La intervención de José Antonio Alonso se benefició de una actitud moderada por parte de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. El representante del PP, Ignacio Astarloa, fue el único en sugerir una poco contundente petición de dimisión al ministro, al que acusó de haber gestionado este grave episodio de forma despreocupada y «mirando para otro lado». En cualquier caso, los ciudadanos seguro que agradecen una sesión en la que dominó la corrección parlamentaria. Todas las formaciones quieren ver esclarecida la muerte de Juan Martínez Galdeano. Y reclaman además un examen a fondo de los procedimientos policiales y de las condiciones de detención en los centros. Pero la intensificación del control interno, con ser una medida indispensable, no parece suficiente para compensar un déficit de formación sobre el uso proporcional de la fuerza y el respeto a los derechos humanos que las propias asociaciones de la Guardia Civil han denunciado.