Históricamente el rol que ha jugado el Estado de Chile en la solución de los problemas sociales, como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades, ha sido principalmente en base a aportes directos, subsidios o beneficios para las personas de menores recursos. Sin embargo, el poder de compra que tiene el Estado ha sido sub-utilizado. Según cifras del 2010 las compras a través de Chilecompra fueron de 6.500 millones de dólares, lo que representó aproximadamente un 3,5%  del PIB de ese año, por lo tanto el potencial de estas compras es muy grande. Probablemente una historia ayude a ver la oportunidad en forma más clara.

Hasta julio de este año y por más de 30 años operó la Fundación Solidaridad, una organización certificada de comercio justo que trabajaba con 260 familias de artesanos. Uno de sus principales focos de ventas eran las licitaciones públicas, por ejemplo juguetes. Sin embargo, desde hace algunos años las decisiones del Estado han sido en base a precio, esto llevó a Solidaridad a perder este canal de venta y finalmente quebrar, dejando a las 260 familias de artesanos sin trabajo. Pongamos el supuesto que el Estado ahorró varios millones licitando los juguetes a menor precio, pero la quiebra de la Fundación ahora obligará al Estado de Chile a ir en ayuda de esas 260 familias de artesanos. La pregunta es ¿Cuánto cuesta esta ayuda? Probablemente muchos más que el ahorro obtenido en la licitación de juguetes.  

En aras de la eficiencia muchos podrían postular que el Estado no puede mal utilizar sus recursos y debe comprar eficientemente (barato). Sin embargo, qué ocurre cuando el estado con el fin de comprar lo más económico deja sin trabajo a personas que luego deberán ser ayudadas a través de los programas sociales. El costo total aumenta y la decisión de comprar lo más económico ya no es tan eficiente.

Es indispensable que los organismos del Estado, algunos ya lo están haciendo incipientemente, abran sus procesos de abastecimiento y calculen los impactos positivos y negativos que generan o pueden generar sus decisiones de compra. Así, las compras públicas y las políticas sociales dejarán de vivir en mundos paralelos y podrán complementarse con el fin de ayudar a superar los problemas sociales y ambientales que nos acompañan.