El domingo pasado, Radio Caracas Televisión ceso sus trasmisiones televisivas por la señal abierta, debido a que el Gobierno de Venezuela decidiera no renovarle a esa estación televisiva la concesión del espacio radioeléctrico que ocupaba por varias décadas.

La libertad de expresión es un derecho garantizado por la Convención Interamericana y por la Declaración Universal de Naciones Unidas, por lo que resulta siempre enojoso y molesto el cierre de medios de comunicación, la persecución de periodistas, la censura y todos los mecanismos que el poder utiliza en contra de la expresión libre de los ciudadanos. Esto es inobjetable e incuestionable y hace a la ciudadanía de nuestro tiempo muy sensible a este tipo de situaciones.

No obstante lo anterior, siempre es bueno darle una oportunidad a la complejidad y a los distintos elementos que constituyen una determinada realidad, más allá de los evidentes contenidos políticos que hay detrás de lo que hoy está viviendo Venezuela. No son pocos los intereses que aquí están en juego y no es menor el interés por inducir a la opinión pública en una u otra dirección.

Por ello es importante tener presente los hechos y las características del problema. Al respecto no cabe duda que ha calado profundamente la idea de que el Gobierno Venezolano cerró un medio de comunicación, lo cual induce a pensar necesariamente en el comportamiento autoritario y dictatorial, la censura y la persecución del pensamiento libre. Pero, no es lo mismo cerrar un medio –léase prohibir sus trasmisiones, requisar sus equipos y censurar sus contenidos, como ha ocurrido en tantas partes y también en Chile- que decidir, en conformidad con la legislación vigente democráticamente aprobada, no renovarle la concesión a RCTV.

Independientemente de los usos políticamente intencionados que se quieran hacer de este hecho, es importante considerar que en Venezuela, el 80% de los canales de televisión abierta y emisoras de radio pertenecen y son operados por el sector privado –y esto sin considerar la televisión por cable y satélite que también utiliza RCTV, así como dos estaciones de radio. Sorprende saber –a la luz de lo que se trasmite regularmente en Chile- que en Venezuela existen cerca de 120 periódicos de circulación regional y nacional, que están igualmente bajo el control del sector privado. Y hasta donde la información se puede verificar, la prensa venezolana ha podido realizar su tarea sin la interferencia del Gobierno en plena libertad y con plena autonomía.

No se sabe de periodistas puestos en prisión ni perseguidos ni de amenazas a ningún medio, a pesar de que muchos de ellos expresan abierta y desenfadadamente su oposición al Gobierno.

Por lo tanto, aunque pueda entenderse esta decisión de Venezuela como una medida contraria a la libertad de expresión, vale también considerar que limitar este derecho no ha sido parte de la tónica ni una de las características más destacadas del Gobierno de Chávez.

Es más, dado que ningún medio ha sido cerrado por oponerse al Presidente Chávez o por ejercer su derecho a pensar diferente o a criticar al Gobierno, el cese de las trasmisiones de televisión de RCTV por señal abierta –no por cable ni por radio- cuesta entenderlo como el cierre arbitrario o autoritario, más aún cuando esta operación está amparada en el ordenamiento jurídico venezolano –democráticamente instalado- que no ha sido violado.

Es importante tener presente que los medios de comunicación son un instrumento de primera importancia. La prensa es considerada el cuarto poder y, en consecuencia, de extraordinaria relevancia para ejercer el control y detentar el poder. De allí que no es una simple discusión y de allí que no debemos soslayar el hecho de que, cuando las oligarquías latinoamericanas pierden estos espacios de poder, reaccionan brutalmente y no nos puede sorprender entonces el permanente abuso de presentar una medida legal y jurídicamente legítima, como arbitraria y abusiva.

En prácticamente todos los países occidentales –incluyendo los Estados Unidos- el espacio radioeléctrico como un recurso escaso y limitado, es un bien público de propiedad nacional y no privado y el Estado, en el nombre del interés ciudadano y general, no sólo tiene el derecho sino el deber de regularlo con el objeto de servir el interés público y favorecer la libertad de expresión de todos y no sólo del sector privado.

En Venezuela como en casi todos los países de América, este bien público –el espacio radioeléctrico- está privatizado, es decir, al servicio de sus propietarios. Bien lo decía Marta Colomina, conocida columnista y muy crítica de Chávez, “Los dueños de los medios están muy concientes de su poder, y saben como usarlo… En Venezuela, los medios están en las manos de pequeños grupos quiénes tienden a servir su propio interés”.

Obviamente, al igual que en Chile, lo hacen siempre en el nombre de la libertad de expresión y del interés general, cuando en definitiva no hacen sino, servir el interés de grupos económicos que quieren seguir monopolizando los mecanismos de comando y control de la sociedad.

Lo que el Gobierno venezolano ha dicho es que, de acuerdo al artículo 156 de la Constitución y a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, el deber del Estado es garantizar y regular el acceso y uso del espacio radioeléctrico y es su deber evaluar si un operador ha servido o no el interés general. Si lo ha hecho, como en el caso de otros medios, se les puede renovar la concesión, de lo contrario el Estado está en su pleno derecho a reasignar dicho espacio público.

En relación a RCTV lo anterior no es un simple argumento, puesto que, es un hecho de público conocimiento que este medio utilizó su programación diaria para promover y apoyar el golpe de Estado en contra de un Gobierno que había sido democráticamente electo en abril del año 2002 y lo que es peor, prohibió a sus reporteros transmitir información alguna sobre el fracaso del golpe, favoreciendo la arbitrariedad y el abuso de poder que todo golpe de Estado conlleva y que en Chile se hiciera con gran eficacia, también con el apoyo de la prensa obsecuente que usa, gusta y disfruta de la ley del embudo, a saber, lo más ancho para ellos y lo más delgadito para el pueblo.

Libertad de expresión a todo evento para el golpismo, la ley del abuso, la difusión ideológica, la acumulación de capital, el convertir al pueblo en masas estúpidas resarciéndose en dramones y teleseries que enferman el alma y la mente de nuestros jóvenes que aprenden el valor de la hipocresía, la deslealtad, la promiscuidad y cuanto principio degradante de la condición humana sea posible a fin de conservar el control y el comando de la sociedad. Pero, cuando se trata de libertad de expresión para los ciudadanos que quieren denunciar la corrupción, el abuso en contra de los derechos humanos fundamentales, la construcción cultural sofisticada y políticamente crítica, entonces aparecen las leyes de defensa de la integridad de las personas y la razón superior del Estado.

Eso era, es y seguirá siendo RCTV en Venezuela y, en consecuencia, existe no sólo una ley que avala la decisión del Gobierno sino también una legitimidad ética y democrática.

El Estado venezolano no está obligado -ni por ley ni por mandato moral que obliga a profundizar la democracia y la libertad de expresión- a continuar dándole concesiones de espacios públicos a quienes reniegan de la democracia y del derecho de todos a la información. Si hay constituciones que prohíben las ideologías totalitarias, no veo yo ninguna razón de que la ley o el derecho a la libre expresión amparen a quiénes precisamente reniegan de la democracia y de su deber de informar.

Por lo demás, la libertad de expresión es un derecho público y no privado y, cuando se trata de un país como Venezuela o Chile, en donde los medios de comunicación están privatizados y al servicio de visiones ideológicas que amparan la acumulación y concentración de la riqueza, así como el monopolio de los puestos de comando y control de la sociedad a manos de una reducida elite, entonces la libertad de expresión es una ridícula fantasía, no existe, puesto que el derecho a expresarse de una minoría conspirativa no es lo mismo, hasta donde me alcanza el entendimiento, que el derecho de todos a ser informados.

Reducir la concentración, diseminar el poder de informar, permitir el acceso a otros –ojalá a los que nunca han podido gozar de ese derecho aunque mil constituciones o declaraciones universales lo consignen y avalen- es precisamente avanzar en la dirección correcta, es decir, socializar y distribuir el derecho a la información y la libertad de expresión.

En todo caso, cabe consignar que RCTV podrá seguir trasmitiendo sus opciones ideológicas y sus dramones de dudosa factura ética a través del cable y de sus radios, pero ya no tendrá el privilegio de usar el espacio público del pueblo venezolano para ello.

Ahora cabe esperar que la nueva señal permita al pueblo venezolano expresarse y ejercer un sano, crítico y creativo derecho a la libertad de expresión.

Por Marcel Claude. Economista y miembro del Consejo Editorial de Crónica Digital.

Santiago de Chile, 29 de mayo 2007
Crónica Digital

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