Por Patricio Araya González

Periodista y Lic. en Comunicación Social

Es común que en Chile tendamos a generalizar los temas, incluso, caemos en la tentación de ponerlos todos en el mismo saco; no es sólo que nos concentremos en lo principal por su importancia macro, o por la mera urgencia de querer resolverlo todo de una plumada –como si la vida cotidiana fuera émulo de las telenovelas, donde al final todo ocupa su sitio–, es que el análisis de lo accesorio nos demanda mucho tiempo, y casi sin excepción, su inminente discusión, suele sumirnos en la confusión inconducente, en la no acción, al fin. Esta “comodidad” resulta perniciosa e improductiva.

Cuando se habla del trabajo infantil, se lo hace desde la generalidad –como si se tratara de un tema cerrado, compacto, sin matices–, o de ciertas pautas provenientes de estudios cualitativos muy serios –entre ellos el del INE–, que apuntan de manera óptima al diagnóstico del problema, de lo cual fluyen espectaculares conclusiones y declaraciones de principios, dignas de la literatura sociológica foránea.

Que los niños trabajen es una realidad indesmentible desde principios de la historia humana. Que lo hagan de manera remunerada es más reciente. Cualquiera que fuesen las razones por las cuales los niños fueron empujados a las fábricas o a las minas; a las calles o la prostitución; a las labores del campo o al cuidado de los negocios familiares, éstos se transformaron en parte de una consentida imagen del mundo laboral, y de allí a la aceptación social sólo hubo un paso. Pocos fueron los que se escandalizaron con estos trabajadores lampiños, sin instrucción primaria y alejados de las oportunidades que sí tenían los dueños de las fuentes productivas. Los niños carretoneros que merodeaban los mercados, los canillitas que voceaban en las micros las noticias impresas, o los que repartían leche a la puerta de las casas acomodadas, o los que anunciaban los paraderos y destinos en las peligrosas pisaderas de las góndolas de antaño, o los que vendían helados en los estadios, pasaron a ser parte de la iconografía de ciudades y pueblos de todo Chile.

Esa “normalidad” sólo ha cambiado de rostros y costumbres. Ahora lo que vemos son niños embalando bolsas en supermercados, o acarreando trenzas gigantes de carros metálicos apilados como cuncunas a la entrada de las salas de venta, y luego vemos a esos mismos niños comiéndose un pan seco y una gaseosa tibia en la solera de esos imperios del dinero plástico, sin ninguna protección social, sin contrato ni remuneración, sin edad para consentir, sin mayores expectativas que las monedas de sobra de sus patronas súbitas. Lo de hoy es una imagen renovada –más moderna y amable– de la misma miseria de siempre.

Lo que se extraña es un cambio de actitud frente al trabajo infantil. O mejor dicho, un cambio efectivo de las políticas públicas respecto a cosas tan simples como hacer cumplir la ley. Cuando se analiza el trabajo infantil se lo ve como un todo. No se hacen distingos entre aquellas actividades emprendidas de manera personal por algún menor (tras el cual casi siempre hay un adulto) y aquellas, las más perversas, donde los grandes empresarios se organizan para la explotación infantil. Niños uniformados que son sometidos bajo nuestras narices a toda clase de explotaciones, bajo cuyas viseras se ocultan las miradas tristes de su sometimiento; niños que son arrastrados por sus necesidades familiares y personales a las fauces del monstruo del consumismo, que marchan como obreros a la fábrica, como mineros a las entrañas de la tierra…

¿Qué hace el gobierno para evitar que continúe este descomunal abuso contra nuestros niños? Nada. Porque hacerlo es generar un conflicto mayúsculo de intereses. El punto es que Chile se ha comprometido a erradicar el trabajo infantil, suscribiendo diversos convenios internacionales a partir de 1919, y promulgando leyes de protección infantil, como la ley N° 19.684, según la cual, “los niños y niñas no pueden ser obligados a trabajar, sólo se permite el trabajo de los adolescentes entre 15 y 18 años si cumplen estos requisitos: Autorización escrita de sus padres o tutores; contrato de trabajo y remuneración legal; en jornadas no superiores a 8 horas; en labores livianas que no afecten su salud, seguridad o moralidad; No podrán realizar trabajos mineros subterráneos ni en lugares que vendan alcohol; Entre 15 y 16 años deben también certificar la asistencia a la escuela”. (Trabajo Infantil y Adolescente, Diagnóstico nacional, INE 2004).

La sola lectura de esta norma jurídica muerta resulta repulsiva. ¿Quién no ha visto a menores de 15 años embalando en un supermercado? ¿Sabrán los empresarios que están cometiendo un ilícito al tener a un menor de 15 años trabajando en sus negocios? ¡Qué decir de las extensas jornadas laborales! ¿Acaso las espaldas de esos niños estarán hechas de palos que las hacen inmunes al dolor y al cansancio? ¿Habrá supermercados que no vendan bebidas alcohólicas? ¿Qué sucede con los niños protagonistas de spots publicitarios o actores precoces de telenovelas, o con aquellos niños prodigios del canto? El hecho de que éstos últimos provengan –en su mayoría– de estratos sociales más acomodados ¿exime a sus padres de la sospecha de la explotación infantil?

Si continuamos hablando del trabajo infantil como un fenómeno social que amerita su completa erradicación, también preocúpenos de hacerlo en todas sus formas, y no caigamos en la tentación de simplificar la discusión llevándola a la deformación que produce la generalización del problema; no nos sorprendamos sólo cuando la televisión nos alerte sobre unos niños-trabajadores agrícolas que resultaron heridos cosechando habas; ellos son parte del problema, no son todo el problema, porque de serlo, resultaría muy fácil resolver el flagelo del trabajo infantil, bastaría con asistirlos y sancionar a los responsables. El trabajo infantil siempre será una explotación, un abuso, tras lo cual se esconden miles de motivos y complejidades, cuyos alcances estamos lejos de resolver si es que no exigimos que las autoridades competentes aborden con voluntad y seriedad el asunto. El trabajo infantil puede adoptar mil formas para evadir su problemática intrínseca, puede hacerse invisible, a tal punto, que nos resulte hasta simpático, necesario, aceptable. Lo demás lo hace la publicidad. Niños ofreciéndonos de todo, incluso, el placer de la felicidad. Abuso, al cabo.

Tanto el trabajo desarrollado por niños a manos de empresarios inescrupulosos –que no serían capaces de poner en esos trabajos a sus hijos– como el trabajo que desempeña un niño vendiendo flores en una esquina, son atroces, reprochables, y merecen nuestro desprecio y compasión. Dar una propina a un niño en un supermercado es fomentar el abuso infantil. Comprar flores para llevarlas a nuestra mesa en Navidad, es hacerle una mueca complaciente al flagelo de la explotación infantil. No nos hagamos cómplices de estos ni otros abusos contra nuestros niños.