Lamentablemente el debate sobre RCTV y Venezuela se ha convertido en terreno de lucha entre la extrema derecha, que rechaza la decisión de la comisión de telecomunicaciones de no renovar la licencia de RCTV, y gente de izquierda, que defiende los principios generales de la revolución bolivariana. Los primeros se niegan siquiera a considerar seriamente los argumentos oficiales de Venezuela para justificar la no renovación de la licencia de RCTV. A los últimos toda decisión de los organismos oficiales del presidente les parece una decisión correcta.

Sin embargo, los argumentos oficiales son muy serios y bastante graves como para pasarlos por alto. En primer lugar, el gobierno de Venezuela tiene todas las atribuciones jurídicas legítimas para no renovar esa licencia. En segundo lugar, la comisión de telecomunicaciones ha advertido a ese canal repetidas veces en los últimos años sobre violaciones del código de la comisión sobre todo en cuanto a la transmisión de contenidos violentos y pornográficos. En tercer lugar, el gobierno también considera que RCTV tuvo una participación activa en el golpe de estado frustrado del 11 de abril de 2002.

¿Por qué no considera estos argumentos la derecha y extrema derecha? Yo creo que la persistente negación de estos argumentos, el testarudo rechazo de estos alegatos hace mal a la causa presuntamente liberal. ¿Querrán decir que les parece bien la transmisión de contenidos violentos y pornográficos? ¿O que les parece bien que un canal participe en un golpe de estado? ¿O que encubra asesinatos cometidos por sus afines? Es realmente una posición absurda, que se dispara en su propio pie.

Y, aquí en Chile, por un motivo semejante, es de un ridículo subido constatar que los pinochetistas han hecho suya la causa supuesta por la libertad en Venezuela. ¿Pinochetistas libertarios? ¿Anarco pinochetistas? Por favor. La mera presencia de personajes pinochetistas echa por tierra todo discurso a favor de RCTV en Chile.

El incidente con RCTV ha sido completamente sobredimensionado en el marco de lo que parece ser una campaña de desestabilización organizada por la extrema derecha venezolana y latinoamericana.

Pero considerando seriamente el caso de RCTV creo que todavía se puede llegar a otra posición. Yo mismo me he preguntado aquí en el foro por qué razón el gobierno de Chávez no llevó a juicio o dio orden a tribunales o fiscalía para procesar a los ejecutivos de RCTV que tuvieron una participación activa en el golpe de estado de 2002. Y yo mismo me respondí, conociendo las dificultades de la investigación del periodista Otto Neustadl, de CNN entonces (y que dio a conocer la conspiración del patrón Carmona para asesinar a seis manifestantes de su propio bando), que probablemente no contaba el gobierno con pruebas suficientes.

Bien: creo que de todos modos hubiese sido lo mejor. En nuestras legislaciones los delitos los cometen las personas, no las instituciones. En 2002 sus ejecutivos pusieron en peligro la existencia de RCTV por participar activamente en un acto sedicioso con el fin de poner fin a la democracia de ese país. Es un delito grave que debe ser castigado severamente. Si hubiese ocurrido así, RCTV podría haber seguido transmitiendo, si asumimos que tras un juicio semejante, los nuevos ejecutivos de RCTV habrían optado por mantener una conducta profesional y no habrían cometido los mismos y estúpidos errores de los ejecutivos reaccionarios. Bastaba con adoptar una conducta profesional y hacer televisión como se debe.

RCTV no puede reclamar legítimamente, porque los delitos que cometieron son demasiado graves como para hacer la vista gorda. (Quizás se puede hacer la vista gorda con algunos fragmentos pornográficos transmitidos demasiado a la ligera, pero no se puede pasar por alto la participación en un golpe de estado ni el intento de encubrimiento de asesinatos).

Por lo mismo, no creo que este caso tenga que ver con la libertad de expresión. Ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo es admisible que un medio de comunicación participe en actos sediciosos o que intente destruir las instituciones democráticas de su país. Y, en cualquier caso, no siendo Venezuela ni un país invadido ni viviendo bajo un régimen dictatorial, no tienen estos actos ninguna legitimidad reconocible.

El Mercurio chileno participó en el intento de encubrir el asesinato del comandante en jefe de las fuerzas armadas, el general Schneider, que fue ordenado, según fuentes fehacientes y archiprobadas, por Kissinger y Nixon y ejecutado por el grupo de asesinos a sueldo de la extrema derecha Patria y Libertad y del grupo del fascista Viaux. Agustín Edwards, dueño de ese diario, fue pagado para cubrir la noticia atribuyendo el asesinato a un grupo de extrema izquierda y provocar así un golpe de estado. No contaba Estados Unidos ni la derecha con que la policía de investigaciones era un organismo profesional que desbarataría ese mismo día la estrategia de los conspiradores. Pero hasta el día de hoy, el señor Edwards no ha pagado todavía por su participación en ese crimen. Esto, como la impunidad de RCTV, es totalmente inaceptable.

RCTV aprendió demasiado tarde que el crimen no paga.