En el fondo, estos U$290 millones corresponden a unos $152.250.000.000 (unos ciento cincuenta y dos mil, dosciento cincuenta millones de pesos), es decir, el Gobierno pretende que se gasten más de 25 millones de pesos por cada santiaguino y sólo hasta fin de año; esta cifra es una “bofetada en la cara” a las personas de regiones, quienes deben soportar tratos totalmente desiguales en comparación con los que reciben los santiaguinos. La conectividad también se trata de forma disímil.

Ahora, la gente de región ve con frustración como el Gobierno se desvive en subvencionar el transporte público de los santiaguinos, mientras que en regiones el tema no se trata de la misma forma. Entonces, creemos que es justo examinar la factibilidad de medidas alternativas que no signifiquen tamaño desembolso en favor de operadores privados y que junto con eso, signifiquen beneficios para los habitantes de todo el país y no sólo para los santiaguinos.

En este afán, hemos llegado a una propuesta interesante y con beneficios homogéneos para todo el país. Una disminución en el impuesto especifico a los combustibles haría que las tarifas del transporte público disminuyeran o se mantuvieran, sin que eso significara que el Estado entregara recursos a privados. De la misma forma, haría que en vez de un subsidio focalizado sólo en la región metropolitana, existiera una rebaja generalizada en todo el país.

Una disminución de este impuesto, también significaría un abaratamiento en la cadena productiva de diversos productos, por lo que los beneficios también se verían por ese lado, llegando incluso reportar excelentes beneficios a la mipymes, que son las más afectadas por los fletes, pues debido a las economías de escala, la gran empresa los puede absorber de mejor forma.

Es decir, junto con resolver el tema principal del momento, una disminución del impuesto especifico a los combustible también tendría excelentes externalidades respecto a la micro, mediana y pequeña empresa.

Quizá el único defecto de esto, es que los Operadores no se verían financiados por el Gobierno, y en ese sentido cabe preguntarse si acaso es función del Gobierno protegerles el negocio. Si la respuesta es afirmativa, entonces el Gobierno hará lo posible por transferir recursos a los operadores; por el contrario, si el Gobierno no esta empeñado en financiar a los privados, entonces una disminución al impuesto especifico a los combustibles sería lo más deseable, tanto para los usuarios del Transantiago, como para los habitantes de todas las regiones, los mismos que el Gobierno -hasta ahora- parece haber olvidado.