La ley de transparencia pública puede llegar a enceguecernos, como una ventana a un mundo irreal, absurdo y muy cruel. Aquella rendija que se ha abierto hacia el poder nos ha asomado al centro del modelo, a la fórmula desde la que se estandariza y se legitiman todas las falencias. El mapa político que aparece, numérico, esquematizado y cifrado, representa y consolida la más cruda de nuestras verdades cotidianas: las diferencias sociales, la estrechez política, la anomalía económica que observamos día a día en las calles y poblaciones están cartografiadas y selladas. Ha quedado certificado que Chile es un país de desigualdades. Y parece que hasta nos solazamos con ello.

La Concertación, que ha venido hablando desde hace años de equidad y redes de protección social, ha exhibido impúdicamente esos contrastes, que son evidentes contradicciones políticas. Funcionarios de gobierno, los que se llaman y hacen llamar “servidores públicos”, reciben sueldos que bordean los diez millones de pesos. Y hay incluso salvedades: Daniel Fernández, director de Televisión Nacional, recibe casi 14 millones de pesos y José Pablo Arellano, presidente ejecutivo de Codelco, 13 millones. No se trata de ingresos anuales, sino mensuales. El primero pertenece al PPD, en tanto Arellano a la Democracia Cristiana. Pero hay una gran excepción: el presidente del Banco Central, José de Gregorio (DC), recibe un sueldo por sobre los 15 millones mensuales.

Al revisar los sueldos y salarios de los altos ejecutivos del sector privado, los anteriores parecen discretos. Un estudio de PriceWaterhouseCoopers, citado por El Mercurio, concluyó que las rentas brutas de las gerencias generales del área telecomunicaciones llegan, en promedio, a 17 millones mensuales. Un poco más abajo están los gerentes de las compañías de seguros, con 16 millones, y los de las de isapres y AFP -sí, de aquellas firmas que se han dedicado a despilfarrar los ahorros de los trabajadores-, que ganan sobre los 15 millones de pesos mensuales. A esto hay que sumar los ingresos adicionales por concepto de bonos y asignaciones entregados como premios a las ganancias corporativas, incentivos obtenidos muchas veces tras programas de despidos masivos o de recortes salariales. No de los suyos, sino del de los trabajadores peor pagados.

Estos sueldos no son una anécdota, sino una expresión de la estructura social y económica de Chile. Es la cúspide de una gran pirámide de base extendida. Para ello, sólo basta recordar las estadísticas de Mideplan, que están disponibles para cualquier persona: el 20 por ciento más rico de la población -unos tres millones de personas- obtiene el 62 por ciento de los ingresos y representa más de 18 veces el ingreso promedio del 20 por ciento más pobre. Una estructura económica, y también social, que nos ha puesto entre los diez países del mundo con peor distribución de los ingresos. El vicioso fenómeno no sólo ha sido señalado con insistencia por la Iglesia Católica, que ha definido en forma periódica la desigualdad económica como un “escándalo nacional”, sino también por organismos como el Banco Mundial y la OCDE, que ha rechazado durante los últimos años el ingreso de Chile a esa organización. Los problemas sociales y económicos de México, el único miembro latinoamericano, ya le parecen suficientes al exclusivo organismo que conforman las naciones desarrolladas.

La Concertación da el ejemplo en la cúspide del poder. Traza el paradigma de la desigualdad. Hoy se discute sobre la crisis, la recesión, los efectos sobre el empleo. Pero Chile ha estado en esta crisis neoliberal por décadas. Porque la pobreza no tiene sólo una relación con el desempleo sino con los ingresos insuficientes, que son efecto de un modelo económico incapaz de cubrir mínimas necesidades. El énfasis que pone la derecha, y también la Concertación, en proteger el empleo -generalmente un argumento para bajar los salarios- sólo es útil como mecanismo para mantener el statu quo, pero en ningún caso como fórmula de desarrollo. De manera endémica, Chile ha mantenido una alta tasa de pobreza con bajas tasas de desempleo. La causa del problema, bien se sabe, surge de un modelo económico-político que favorece, apoyado en la legislación, a las grandes corporaciones.

Las cifras sobre salarios que hace un tiempo reveló la encuesta Casen de Mideplan tienen una directa relación con las de pobreza publicadas por este mismo Ministerio. Una relación nada nueva, y menos sorprendente: porque la pobreza tiene en Chile como causa principal los insuficientes ingresos. Pese a establecerse esta conexión que resulta evidente, hay una serie de áreas opacas, que apuntarían a empeorar las cosas. Lo que el gobierno logra sondear y traducir en números y estadísticas, refleja una realidad social y económica mucho más cruda y compleja. Si Mideplan publicó en 2007 que sólo el 13,7 por ciento de los chilenos vivían bajo la línea de la pobreza, cifra porcentual que correspondería a unos dos millones 200 mil personas, con otra encuesta confirma que hay un millón de trabajadores con ingresos iguales o menores que el mínimo. Si tenemos en cuenta que la población activa la conforman unos 6,5 millones de personas, aproximadamente un 15,3 por ciento de este grupo está en o bajo el salario mínimo. Hay, sin duda, y en una primera transparencia, una relación entre el grupo de bajos salarios y el grupo de pobres que detecta la metodología de Mideplan.

El asunto es qué mide esta metodología. Porque, ¿quién cree que en Chile sólo el 13,7 por ciento es pobre si en Estados Unidos las estadísticas dicen que más o menos un trece por ciento de la población está en esa condición? Y lo mismo en la Unión Europea, con un porcentaje similar y aun mayor de los ciudadanos bajo la línea de pobreza. Obviamente, la explicación oficial chilena no resiste mucha argumentación.

Cuando el presidente de la Conferencia Episcopal, el obispo Alejandro Goic, propuso elevar el salario mínimo, la elite política y empresarial se rasgó las vestiduras y creó una artificial e hipócrita discusión que se diluyó en retórica mediática. Hoy, en medio de la recesión y del aumento del desempleo, levantan una propuesta contraria y oportunista: flexibilizar y bajar el salario mínimo para evitar despidos. Un clásico recurso neoliberal que sólo ha contribuido al engorde corporativo y a la extensión y masificación de las carencias. El recetario neoliberal ha sido la gran maquinaria de las desigualdades. Pero cuando en el mundo el neoliberalismo se ha caído a pedazos, Chile se mantiene como el reducto mundial de la más recalcitrante ortodoxia.

El gobierno habla de su red de protección social. Sin embargo, también se jacta de su reducción de la pobreza. Porque quien sale de la línea estadística de la pobreza ya no puede optar a los subsidios estatales. Por increíble que parezca, en Chile un trabajador que percibe el ingreso mínimo de 159 mil pesos -88 veces menor al que recibe Daniel Fernández y 81 veces más bajo que el de José Pablo Arellano- está muy lejos de poder optar a esa red de protección social y ha de entrar a competir en las intrincadas y difíciles redes del mercado. Aproximadamente un 30 por ciento de los trabajadores chilenos perciben el salario mínimo, en tanto más del 50 por ciento está bajo la cota de los 250 mil pesos. Con estas cifras, el ingreso promedio de los trabajadores en Chile está en un rango de 300 mil pesos. Fernández y Arellano ganan 43 veces más que el promedio de los chilenos.

El primer quintil más pobre no llega al cuatro por ciento de los ingresos totales, en tanto el quinto quintil, el más rico, obtiene casi el 60 por ciento, lo que determina la capacidad de consumo en una sociedad que cada vez más ha puesto todas sus actividades y servicios en el mercado y el consumo.

Esta abismal brecha en los ingresos ha llevado a crear una cúpula económica y política que forma aquel quinto quintil, como es el caso de los empresarios y ejecutivos de empresas públicas y privadas. Un primer mundo que se alimenta del tercero: como un gran campo de golf en medio de un descampado.

Un estudio más o menos reciente estableció que los gerentes de empresas chilenas tienen el más alto nivel de compra comparado con sus pares latinoamericanos, con un ingreso promedio cercano a los cuatro millones de pesos. Sin embargo, estos cargos pueden llegar a un promedio superior a los siete millones mensuales en las empresas grandes y a cifras cercanas a los quince millones, como hemos citado, para los ejecutivos más altos de las grandes compañías. Y si este es el salario de los gerentes y administradores, en los dueños del capital, los directores de empresas, los números se suman a destajo para superar la imaginación de cualquier trabajador chileno. Con estos números, con estos beneficios, la defensa a rajatabla por esta elite del modelo neoliberal queda explicada.

Ante esta abismal brecha entre la opulencia y la miseria, que es una “vergüenza nacional” amparada por todos los gobiernos de la Concertación, hay voces que surgen desde la ética. Monseñor Alfonso Baeza Donoso, presidente de Fasic, vice presidente de Caritas-Chile y ex Vicario de la Pastoral Social y de la Pastoral Obrera, ha propuesto que así como existe un salario mínimo, haya un salario máximo, el que debiera comenzar por nuestros representantes políticos.

La idea, planteada hace un tiempo por Baeza Donoso, no ha sido recogida por la clase dirigente. Sin embargo, ideas similares se han desarrollado en Estados Unidos tras la debacle financiera y la corrupción empresarial. El gobierno de Barack Obama ha propuesto regular los sueldos de los CEO de las grandes empresas. Y tiene razón, no sólo en un sentido ético, sino también económico. El gran colapso y sus efectos se han relacionado con prácticas empresariales que buscan el beneficio a toda costa. Y tras de esta meta, dejan un escenario de quiebras y miseria.

Desempleo, la otra transparencia

Hacia finales de abril, la Universidad de Chile publicó su estudio sobre empleo con cifras inquietantes. La tasa de desempleo en el Gran Santiago subió a 12,8 por ciento en marzo, lo que equivale a 363 mil 900 personas desocupadas. De esta forma, la tasa de desocupación supera los dos dígitos y corresponde a la mayor que se registra desde septiembre de 2003. En un sondeo anterior, de diciembre, la cesantía en el Gran Santiago llegó a 9,7 por ciento, lo que se traducía en 274.600 personas. Como afirman los economistas Orlando Caputo y Graciela Galarce, la tasa de desempleo en Santiago aumentó en 55 por ciento en pocos meses, pero el desempleo real en el Gran Santiago y en Chile es aún mayor. Este dato se relaciona directamente con las estadísticas oficiales del INE. En el trimestre diciembre-febrero la tasa de desempleo nacional se ubicó en 8,5 por ciento, con un crecimiento de 1,2 puntos respecto al mismo período del año anterior. Pero son otros guarismos los que sin duda han de preocupar. El número de desocupados, estimado en 619.750 personas, aumentó en 17,8 por ciento (93.580 personas) respecto a igual trimestre del año anterior. Y hay otros datos aún más inquietantes. El desempleo nacional entre los jóvenes alcanza niveles dramáticos. Dice el INE que entre los 15 y 24 años hay un desempleo del 20,3 por ciento: uno de cada cinco jóvenes está desempleado.

Son sin duda los meses de invierno los más críticos para el desempleo. Durante el invierno pasado la cesantía nacional se elevó a 8,4 por ciento. Este año, la tasa debiera llegar a por lo menos 9,6 por ciento. Sin embargo, la tendencia no es horizontal, sino claramente ascendente, por tanto es probable que la cesantía nacional se ubique este invierno por sobre el diez por ciento. Si durante la crisis asiática de finales de la década pasada el desempleo nacional llegó a 10,1 por ciento, los pronósticos para esta crisis, que se ha presentado más intensa y profunda, no serán mejores.

Este es el Chile transparentado

(Publicado en “Punto Final”)