Pasada la fiebre del oro naranja en el sur, con despidos masivos y pérdidas de toneladas de peces incluidas, se está discutiendo en el Congreso un proyecto que modifica la actual ley que regula al sector (LEY GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA, de 1991). El proyecto, que a fines del mes pasado pasó el trámite con los diputados, es producto del trabajo de la Mesa del Salmón, que se propuso como objetivo “concebir una estrategia de desarrollo del sector acuícola en su conjunto”, lo que obliga a “considerar en forma especial a la industria del salmón”. (Citas desde un documento de trabajo de la Mesa del Salmón, disponible en este enlace).

Esta reforma legal es considerada, según palabras del presidente de SalmonChile, como “el primer paso de un proceso en que la industria del salmón pretende refundarse de manera más sustentable y viable tanto social como económicamente”. Además desean que el trámite en el senado sea rápido e igual de positivo “para que la salmonicultura siga desempeñándose como un motor de desarrollo de las regiones australes del país”. Que desde el gremio directamente interesado, el mismo responsable del desastre ambiental y social en el sur, debe obligatoriamente llamarnos la atención…

¿Cuánto de verdad o profundidad habrá en el concepto “sustentable y viable”?
¿Será la viabilidad social uno de los objetivos fundamentales del proyecto?
¿Qué hay de la viabilidad ambiental de la industria?

Y son las mismas preguntas que se hacen las organizaciones que defienden y promueven la protección ambiental y el desarrollo sustentable, como Oceana y Terram. De hecho fue Oceana, que a mitad de esta semana, se presento ante la sesión de la Comisión de Pesca y Acuicultura del Senado, y manifestó su total rechazo al proyecto porque considera que “la reforma legal impulsada por el Gobierno tiene como finalidad resolver la situación de insolvencia financiera de las empresas salmoneras, sin abordar los problemas ambientales que han causado la crisis por la que atraviesa esta industria”, y que la “Mesa del Salmón incumplió el compromiso asumido hace un año de efectuar estudios sobre la capacidad de carga de los ecosistemas patagónicos, lo que permitiría contar con información científica indispensable para evaluar la sustentabilidad de las actividades económicas que se desarrollan en ellos”.

Terram va más lejos (en un documento disponible en este enlace), al señalar que “La crisis sanitaria, ambiental y social era evitable si se hubiese contado con medidas adecuadas”, medidas que este proyecto no otorga. Es más, el cambio legal que se está discutiendo “representa un riesgo de magnitud debido a que, como se explica en los antecedentes de dicho Proyecto de Ley, existe una serie de factores relacionados con la forma de producción e información sobre los ecosistemas que no fueron considerados durante los años previos a la crisis sanitaria de la industria del salmón y que son en parte la causa de la dramática situación que vive hoy la industria. Entre éstos podemos mencionar la ausencia de límites máximos de densidades de cultivo, insuficiente información oceanográfica y la ausencia de adecuados programas de vigilancia y control de las enfermedades causantes de grandes mortalidades presentes en la salmonicultura chilena”. Pero “el proyecto de ley que se discute en el Parlamento carece de un análisis mínimo que considere a las personas y comunidades locales, establezca un proceso de armonizaciones de las regulaciones existentes y considere las otras actividades que se desarrollan en el borde costero. Tampoco incorpora otros procesos de ordenamiento que están ocurriendo en la misma zona y en el mismo periodo, tal como es el caso de la implementación de la ley de uso del borde costero de los pueblos originarios, o la mesa territorial del borde costero de Los Lagos”.

Es preocupante constatar que el sistema político (legislativo y ejecutivo en conjunto) trabaja de manera muy eficiente en función de intereses comerciales; y que confunde sus objetivos de bienestar social y estabilidad macroeconómica con marcos legales que, disfrazados de grandes reformas al sector pesquero y acuicultor, sólo pretenden dar respuesta a la coyuntura financiera actual de la industria salmonera, con el discurso y la desorientada expectativa de recuperar los niveles de empleabilidad que hace un par de años el sector requería.

No soy experto, pero es mucho más lógico que medidas más integrales aseguraran el logro del objetivo de promover en la región el desarrollo sustentable y viable en términos económicos, sociales y ambientales. Se debe mirar este tema con visión de futuro y como tema de estado, para generar una estrategia de desarrollo para la zona sur del país, que incorporé todas las actividades económicas relevantes (pesca artesanal, turismo, producción agropecuaria, etc.) y la realidad (potencialidades incluidas) de la región (conectividad, potencial energético, tradición, etc.). Modificaciones legales a la medida de unos pocos y disfrazadas con rimbombantes ambiciones de crecimiento económico, no son la respuesta que debiésemos esperar de nuestras autoridades. Si eso es lo único que nos pueden dar, es hora ya de tomar acciones concretas para sustituirlas.

MANU(el Andres) SANDOVAL (Baros)
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