En Vez de La Injusticia Un Camino Para el Desarrollo de Chile del Siglo XXI

Enviado por Comentarista Urbano el 17/07/2007 a las 12:02
Comentarista Urbano

 Un Camino Para el Desarrollo de Chile del Siglo XXI, descansa en la hipótesis de que ha existido y permanece una tensión de justicia económica y social que recorre toda la historia de Chile. Su autor, el economista Humberto Vega Fernández, actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central , sostiene que “la hipótesis supone que esta tensión se constituye en un condicionamiento histórico muy significativo en la explicación de los actuales problemas de la sociedad chilena y de su evolución futura”. En su libro, Vega parte del supuesto de la existencia en la cultura, economía y sociedad chilenas de un movimiento cuyo origen se remonta al periodo de la conquista e invención de Chile por Pedro de Valdivia y su grupo más estrecho de colaboradores, y dura hasta nuestros días, con grandes avances y retrocesos.

 En el capítulo segundo, se busca explicar la contradicción entre el discurso de los gobiernos y partidos políticos de la Concertación, que confiere un valor político central a la equidad y la igualdad, y la permanencia de una injusta distribución relativa del ingreso junto al  acrecentamiento de las distancias sociales y económicas entre los diferentes grupos de población. El origen de esta contradicción, señala el autor, se encuentra principalmente en la  prioridad que ha tenido la estabilidad política y la económica en el proceso de transición.

En el tercer capítulo el análisis se concentra en la existencia de diversos conceptos de justicia en diferentes tradiciones filosóficas, ideológicas y políticas con vigencia y presencia en el Chile de fines del siglo XX y de comienzos del siglo XXI. Se concluye que la solución para una sociedad democrática, plural y tolerante, fundada en los derechos humanos y abierta a la razón pública y al problema de la diversidad de fuentes y concepciones éticas, radica en el concepto de ética civil o ética de mínimos consensuados, desarrollado por algunos filósofos actuales, especialmente españoles.

Dice Vega Fernández:  “Difícilmente habrá justicia efectiva y verdadera para todos, en la medida que no incorpore ni enriquezca los consensos éticos alcanzados, relativos al rechazo a las injustas desigualdades y a la necesidad de una búsqueda colectiva de soluciones a los problemas y factores que las producen y las reproducen en nuestro devenir histórico”.

El cuarto capítulo revisa la magnitud que ha venido adquiriendo la desigualdad económica en Chile, en el periodo 1990 – 2005. En términos prácticos, el libro asume que la distribución de los beneficios absolutos y relativos del proceso económico está asociada a los resultados obtenidos en tres dimensiones de sus resultados: la de los niveles absolutos de ingresos de los distintos grupos sociales, la de los niveles  relativos del ingreso entre dichos grupos y las distancias económicas entre los grupos de ingresos. En la medida que las políticas públicas actuales sigan elevando el grado de desarrollo de la civilización material o de la vida material, especialmente de los grupos más pobres y vulnerables, se requerirá de una economía de mercado que proporcione oportunidades y realizaciones efectivas de mejoramiento del ingreso y de la cantidad y calidad de los empleos, a los nuevos grupos sociales que acceden a un grado mayor de satisfacción de necesidades.

Si esto no se consigue porque la economía de las grandes corporaciones crece más a costa de la economía de mercado y menos abriendo nuevos espacios económicos, no será posible avanzar sustantivamente en la eliminación de las grandes, graves e injustas desigualdades que va generando el actual esquema de crecimiento económico y de políticas públicas.

El quinto capítulo busca identificar las características específicas y propias de cada uno de los modelos históricos de  desarrollo de la economía chilena, con el objeto de establecer las diferentes concepciones de pobreza que han predominado en las distintas políticas de corto y largo plazo aplicadas en su contexto.

El capítulo sexto está dedicado a una de las paradojas más impresionantes del pensamiento económico actual, al enfatizar el rol central de los factores endógenos de cada economía y sociedad, en la explicación de las experiencias exitosas de crecimiento económico, en un mundo donde se va imponiendo, sobre cualquier factor adverso, el proceso de globalización a escala mundial y con efectos multidimensionales, aunque liderado por factores comerciales y financieros, y acelerado por la revolución en las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Esto implica que si las sociedades quieren desarrollarse y aprovechar las ventajas de la interdependencia y especialización a escala mundial, deben concentrar sus esfuerzos por elevar la productividad, reformar sus estructuras y desarrollar una institucionalidad abierta al mundo sobre la base de desarrollar sus propias capacidades y ventajas comparativas naturales y adquiridas, mediante el nuevo factor principal del crecimiento económico: el conocimiento, y un nuevo factor cultural del cambio social: el emprendimiento.

En el séptimo capítulo se formulan las preguntas claves en nuestra búsqueda de orientaciones para lograr una mayor justicia económica y social en Chile. La respuesta a dichas preguntas se desarrolla en un conjunto de tareas políticas, institucionales y socioeconómicas que conforman una estrategia global para superar las injustas desigualdades.

En un sentido prospectivo, las propuestas que el libro enumera buscan evitar la generación de tres escenarios peligrosos:

 1. La frustración personal, familiar y colectiva de las aspiraciones e ideales de los hogares y familias de ingresos medios y bajos. Esta frustración puede originar un clima social, difícilmente manejable sin represión policial, y agravar el desencanto y pérdida de confianza en el sistema político democrático, especialmente de los partidos y del  Parlamento.

2. La captura del Estado por los grupos económicos
, en el sentido de condicionar el conjunto de la estrategia de desarrollo y limitar sus capacidades de modificar su poder de mercado, dado los altos costos potenciales, reales o ficticios, de las medidas propuestas y su rol en el cumplimiento de los objetivos políticos del crecimiento económico.

3. La reversión del proceso de construcción de la ética civil
en el campo de la justicia económica y social.

 
 

 
UN PAR DE PREGUNTAS URGENTES
 
 
-- ¿Por qué existe una desigualdad tan marcada en todos los aspectos de la vida cotidiana, dado los éxitos económicos alcanzados y el actual nivel de ingreso por persona, propio de los países de ingreso medio y no de los países en vías de desarrollo?
 
-- ¿Por qué la Concertación ha diferido enfrentar el problema de la justicia económica y social heredado de la dictadura y por qué se ha concentrado en reducir la pobreza como uno de los grandes aspectos de desigualdad?
 
 
ALGUNAS AFIRMACIONES CANDENTES
 
-- “La permanencia de una situación económica, social y cultural injusta en Chile se viene transformando en la principal contradicción de los gobiernos y de los partidos políticos agrupados en la Concertación de Partidos por la Democracia ”.
 
-- “El golpe de Estado de septiembre de 1973 no fue el mero reemplazo de un gobierno democráticamente elegido por un régimen militar, sino el comienzo de una gigantesca reversión para imponer una nueva cultura que elude enfrentar el problema de la justicia social”.
 
-- “Las políticas públicas en el período 1994 – 2000 se diseñaron y aplicaron sobre la base de las concepciones modernizadoras y la exclusión de cualquier consideración de justicia social y de participación de la sociedad civil”.
 
-- “La fuerte crítica a las “modernizaciones” impuestas por el gobierno militar, que caracterizaban a los grupos de intelectuales y políticos que generaron la Concertación de Partidos por la Democracia , fue olvidada y reemplazada por un reconocimiento abstracto de las bondades del libre mercado”.
 
-- “La generación de nuevos grupos económicos y la posibilidad de que éstos y los antiguos crezcan, han impuesto un modelo de negocios a las empresas de la economía de mercado que coarta su modernización y su potencial de innovación”,
 
-- “La magnitud y calidad del proceso de creación y destrucción de empleos y empresas, así como sus efectos en los niveles de justicia y equidad, no está ni ha estado presente en la agenda de problemas por resolver de las políticas públicas de los gobiernos de la Concertación ”.
 
-- “La lógica subyacente al diseño de políticas públicas que buscó compatibilizar “crecimiento y equidad”, separó los aspectos de crecimiento económico de las aspiraciones de lograr una mejor distribución de los ingresos. El problema de este diseño es doble: por una parte, hace depender el nivel de vida de los grupos sociales medios bajos y pobres de las políticas sociales, en el corto y mediano plazo, y no de su esfuerzo individual y colectivo y, por otra parte, renuncia a buscar y promover la justicia en el proceso de trabajo y a una mejor calidad de las relaciones laborales”.
 
-- “El proceso político de transición a la democracia (…) eludió conscientemente enfrentar el problema de la distribución del ingreso (…) o del reparto del ingreso entre capital y trabajo”.
 
-- “La economía de las grandes corporaciones no transmite su dinamismo y expansión al resto de la economía, debido al modelo de negocios vigente e impuesto por las empresas mega al resto de las empresas y la economía del país”.
 
-- “La causa principal de haber generado crecimiento económico sin reducir las desigualdades heredadas radica en las características que han venido asumiendo la expansión de la economía de las grandes corporaciones, y la falta de voluntad y acuerdo político para limitar, regular y orientar los procesos de concentración y centralización económica y, simultáneamente, de impulsar el crecimiento de la economía de mercado”.
 
-- “El conocimiento y conciencia de la magnitud de las desigualdades económicas entre las empresas (…) está ausente de los responsables de la política económica, de los parlamentarios, de la clase política y, en especial, de los economistas profesionales y académicos”.
 
-- “Las explicaciones del por qué la Concertación ha diferido enfrentar el problema de la justicia económica y social heredado de la dictadura y de las razones por las cuales se ha concentrado en reducir la pobreza como uno de los grandes aspectos de desigualdad (…) han sido y son principalmente políticas”.
 
-- “Se han institucionalizado un conjunto de prácticas entre las grandes empresas, por una parte, y las pequeñas y medianas empresas, por otra; conformándose grandes monopolios y oligopolios productivos y monopsonios y oligopsonios distributivos, que se apropian de gran parte del excedente generado por el o los eslabones más débiles de la cadena de valor entre las empresas”.

 Su autor, el economista Humberto Vega Fernández, actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central , sostiene que “la hipótesis supone que esta tensión se constituye en un condicionamiento histórico muy significativo en la explicación de los actuales problemas de la sociedad chilena y de su evolución futura”.
Pablo Ramírez Torrejón

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elite concertacionista trató de culpar a trabajadores del golpe

Enviado por el 17/07/2007 a las 01:52 PM
fcofre



Una vez recuperada la democracia, la primera actitud visible de la Concertacion fué el vergonzoso cambio y discriminacion contra la clase trabajadora expresada en una total marginacion del sindicalismo y una tactica de desprestigio desvaloracion de sus fundamentos y entorpecimiento desde la presidencia hacia abajo para lo que debió ser la reorgnizacion sindical y que hasta el dia de hoy mantienen.

La clase politica concertacionista lleva en sus entrañas el germen del clasismo y la corrupcion politica que  vemos dia a dia en todo el pais. Cualquier atisbo de sanidad mental, transparencia, ética y moral es violentamente marginada de los circuitos de poder.

El riesgoso dilema se presentará una vez confirmado el triunfo de Piñera, ¿cual será la reaccion de nuestra gente ante la responsabilidad de una derrota atribuible unicamente a los equipos de concertacionistas corrupyos?  


La repartija en los directorios de empresas públicas

Enviado por el 17/07/2007 a las 02:18 PM
Comentarista Urbano
En tanto la opacidad reine en los criterios de nominación de los directorios de las empresas del Sistema de Empresas Públicas (SEP) y no se establezcan mecanismos adecuados para evaluar el desempeño y gestión de los directores, el SEP constituirá la mejor evidencia de que la coalición de gobierno entiende el sector público como una oportunidad para repartir premios de consuelo y suplementos de sueldos a los miembros de la familia concertacionista. A diferencia de las empresas privadas que transan en bolsa, las empresas públicas no están sometidas ni a las demandas de sus accionistas que esperan ganancias, ni al escrutinio de los agentes del mercado que evalúan los riesgos de invertir en esas empresas. Ya que los dueños de las empresas públicas (agrupadas en Chile semi-formalmente dentro del SEP) somos todos los chilenos (representados por el Estado), los directorios de las empresas públicas se convierten en decisores autónomos que no rinden cuenta a ningún dueño ni a ninguna junta de accionistas. Los incentivos para hacer bien la pega prácticamente no existen en los directorios de las empresas del SEP. Si la empresa produce ganancias, los beneficios se diluyen entre el Estado y los trabajadores de la empresa. Si va a pérdidas, el Estado se tiene que poner con el billete para pagar las deudas. Los directores no asumen responsabilidades, pero si cobran sueldos. Porque hay empresas y sectores que el país ha considerado estratégicamente importantes, el Estado mantiene la propiedad de al menos 36 empresas estatales, que van desde CODELCO, pasando por TVN, Banco Estado, ENAP (que no integran el SEP) hasta EFE y varias portuarias y sanitarias. Dependiendo de la estructura de propiedad, el gobierno nombra a algunos o todos los miembros de los directorios. Pero en vez de privilegiar habilidades técnicas y experiencia en gestión, la Concertación a menudo han visto estos directorios como oportunidades para otorgar sueldos a líderes políticos, ex parlamentarios, ex ministros y otros miembros de la elite de sus partidos.

¿Con qué criterio el ex ministro Francisco Vidal o el ex senador Sergio Paez fueron nombrados al directorio del Banco Estado? Nadie cuestiona los méritos y experiencia de economistas como Jorge Marshall o Nicolás Eyzaguirre para participar del directorio del Banco Estado, pero la presencia (hasta 2005) del ex ministro Genaro Arriagada en ese directorio induce a sospechar que la Concertación entiende esos puestos mucho más como sueldos suplementarios (“suples”) que como oportunidades para incorporar líderes que contribuyan a mejorar la gestión y a aumentar las utilidades de esas empresas que pertenecen a todos los chilenos.

El reciente escándalo de Ferrocarriles (EFE), que involucra deficiente gestión y fallas en su diseño estratégico, subraya la necesidad de nombrar directorios que ejerzan tanto una labor de fiscalización como de control de calidad. Pero una revisión de los antecedentes profesionales de los directores de EFE en años recientes deja en claro que la experiencia en el negocio del transporte en general nunca fue criterio para escoger al directorio. Claudio Huepe es un político experimentado (aunque ha perdido todas las elecciones en que ha participado después de 1990), pero no es un empresario ni un experto en ferrocarriles. Su presencia en el directorio de EFE en 2003-2004 parece estar más relacionada con un premio de consuelo después de un poco memorable periodo en el gabinete de Lagos que con una preocupación real del gobierno por optimizar la gestión. Esto es particularmente preocupante toda vez que Lagos estaba empeñado en lograr que EFE extendiera el tren rápido desde Santiago hasta Puerto Montt. Subrayando una característica de su gobierno, Lagos parecía mucho más interesado en construir un gigantesco legado que en asegurarse de que las distintas dependencias públicas tuvieran la gente mejor capacitada para convertir esos loables sueños en realidad.

Los ejemplos abundan, el ex Intendente metropolitano, el PPD Sergio Galilea o la ex ministra de vivienda Sonia Tschorne tenían más experiencia política que empresarial cuando fueron nombrados al directorio del Metro S.A. El intelectual PS Marcelo Contreras, el ex subsecretario radical Patricio Morales o el ex jefe de gabinete de Lagos Enrique París son actores políticos. Sus nombramientos al directorio de la Polla Chilena de Beneficencia no se basaron en su experiencia empresarial o su conocimiento del rubro de los juegos de azar.

Otros nombres que figuran o figuraron recientemente en directorios son los de los ex ministrso Carlos Figueroa (ESAL), Luis Alvarado y Germán Molina en EFE y Germán Correa en Puerto Valparaíso.  También están el ex secretario general del PPD René Jofré y el ex dirigente DC Enzo Piztacchio (sanitaria de Antofagasta); el ex diputado DC Luis Pareto (Polla); la ex intendenta PPD Berta Belmar y el ex Subsecretario Guillermo Díaz (DC) también en EFE.  Los gobiernos de la Concertación pudieran argumentar comprensiblemente que las empresas públicas requieren de directores con habilidades políticas y capacidad para entender cuestiones del bien público. Pero la necesidad de seleccionar personas que también tengan reconocidas habilidades empresariales queda en evidencia cada vez que un nuevo escándalo de corrupción golpea organismos estatales. La forma en que los gobiernos concertacionistas han administrado muchas de las empresas públicas no es compatible con un país que ha alcanzado este nivel de desarrollo social y económico. Debemos introducir reformas a favor de un mejor gobierno corporativo en el sector público. Pero en la medida que los gobiernos de la Concertación sigan entendiendo los directorios de las empresas públicas como oportunidades para otorgar premios de consuelo a políticos derrotados en elecciones o a líderes dañados en el ejercicio de sus funciones políticas, deberemos acostumbrarnos a escándalos de mala gestión en las empresas del SEP. La Presidenta Bachelet tiene una inmejorable oportunidad para construir un legado positivo en su hasta ahora mediocre gobierno. Si se anima a introducir reformas que fortalezcan el buen gobierno corporativo en las empresas públicas, privilegiando las competencias empresariales sobre el cuoteo político y la experiencia técnica sobre la lealtad partidista, Bachelet podrá cumplir su promesa de un gobierno más eficiente, más cercano a la gente y más comprometido con la igualdad y la justicia social. Además contará con el apoyo de la Alianza. Si no se atreve a introducir cambios, se consolidará la percepción de que la familia concertacionista se cree dueña del Estado y utiliza los recursos públicos para su beneficio privado. Bachelet debe demostrarle al país que los directorios del SEP no son una simple y burda repartija de ingresos suplementarios para la elite gobernante de la Concertación.

 



Enviado por patonavia
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