Para la gente de la  Concertación, Chile  en los últimos años ha tenido una evolución constante. Los indicadores macro que ellos entregan demuestran resultados positivos: un crecimiento económico sostenido, una reducción en los niveles de pobreza y un mayor desarrollo humano. En general, estos logros se atribuyen a los procesos de modernización que se han impulsado y la  creciente inserción internacional en la globalización mundial.

No obstante al realizar una mirada mucho más profunda, se constatan graves contradicciones: un desempleo con raíces estructurales; una creciente y arraigada desigualdad (en ingresos y oportunidades); procesos de integración social rígidos y limitados; y sensaciones de inseguridad, frustración y malestar en la ciudadanía.

Por otro lado el discurso impuesto y falseado por la concertación  hace creer al ciudadano común que el rumbo de todo lo humano depende de parámetros económicos cuyo manejo está más allá del alcance de la mayor parte de los hombres, de modo que se les aboca a la pasividad y al individualismo.

Lo anterior se ve aún más agravado en las diferentes regiones, en donde la lejanía de los  centro decisionales y la falta de participación, ha generado una ciudadanía pasiva y conformista respecto a la forma en que se administran sus destinos.

Esto a generado  que en Actualmente en Chile, existan  ineficientes políticas públicas que orienten a los diferentes territorios a lograr un desarrollo desde su base, si bien es cierto,  en los últimos años se ha avanzado en aspectos como infraestructura, aún el peso de los viejos paradigmas impuestos por la concertación continua golpeando y  anclándonos al subdesarrollo.

En este escenario debemos comprender que el desarrollo, no puede eludir el problema de la ciudadanía, en este sentido un gobierno responsable  deben  facilitar al mayor número posible de personas los recursos económicos, políticos y comunicacionales, a fin de poder utilizar con la máxima autonomía posible la información y poder participar de manera tanto más activa en la formación de los diferentes polos de desarrollo.

Es aquí donde no es posible construir desarrollo sin una intervención activa del gobierno en la promoción y definición de los procesos de transformación social. Seguir dejando a la ciudadanía de lado  y no dándole la importancia que merece, equivale a validar un sistema social desigual, poco justo y sin oportunidades.  

La concertación al parecer no ha entendido que los procesos que consoliden el desarrollo deben avanzar desde la ciudadanía, recogiendo su participación, empoderándola en distintos espacios. Chile necesita estructuras estatales y legales  más fuertes para el desarrollo, ¡no para intereses sectoriales pertenecientes a la concertación!; para la lucha contra la pobreza, no para la legitimación de la diferenciación y exclusión inhumanas; para la inclusión protagónica de la ciudadanía ejerciendo poder y, de este modo, construyendo democracia.

La institucionalidad estatal debe abandonar su inclinación al uso de los medios en función proselitista pro-gubernamentales, abriéndose a su responsabilidad de fomentar procesos educativos y de afirmación cultural, posibilitando la existencia justa y democrática de todas las voces, incentivando la producción propia y generando políticas y estrategias que partan del ser humano y de los territorios.

Es necesario definir e implementar políticas públicas dirigidas a promover el desarrollo. Este desafío implica el diseño de políticas públicas democráticas de de corto, mediano y  largo plazo, poniendo el proyecto social por encima del interés político  y del interés sectorial. No se trata sólo de reparar  las propuestas de las políticas nacionales actualmente usadas. Es necesario además recuperar la participación ciudadana, para dar paso a la construcción de políticas ciudadanas que legitimen el derecho a desarrollarse en forma democrática y pluralista.

Profesionales por el Cambio, Renovación Nacional.