Jaime Gajardo, Presidente del Colegio de Profesores

La  llamada "deuda histórica docente", es un asunto pendiente de las políticas implementadas en educación por el régimen militar. Con la transición administrativa desde el sector público al municipal, el acuerdo previamente pactado pasaba a ser omitido. A dos décadas de la llegada de la democracia, los profesores siguen exigiendo una solución y llamando a las autoridades a a poner fin a un compromiso que es un responsabilidad del Estado.

El Colegio de Profesores encabeza -desde su fundación en 1977, durante pleno régimen militar– la discusión frente a la "deuda histórica" estimada en unos 6,5 billones de pesos, de acuerdo a lo señalado por la Comisión Parlamentaria de Educación durante el 2008. Pero el Gobierno niega la existencia de ésta, argumentando un fallo de la Contraloría y la Corte Suprema, en favor de la nulidad de la deuda tras existir un traspaso de empleador, es decir, desde el sector público al municipal. Amparada por el Poder Judicial, la Ministra de Educación Mónica Jiménez, ha representado esta postura que ha impedido llegar a un acuerdo entre ambas partes.

Pese a ello, lo que durante años han exigido los funcionarios de la educación municipal es la toma de consciencia moral de la deuda, a la cuál atribuyen los paros a nivel nacional realizados actual y anteriormente, en busca de instancia de diálogo resolutiva. En ese sentido, se le ha hecho un llamado al Ministro de Hacienda, Andrés Velasco, quien sin éxito propuso cerca de US$1.335 millones como solución -pese a ser aprobados por el Colegio, pero rechazados posteriormente por el mismo Gobierno-, argumentando el fallo mencionado arriba.

Continuidad de los "paros" 

Pese a la advertencia de la Ministra de Educación del "no-pago" de los sostenedores, y asimismo del financiamiento público a los municipios, los profesores se han mantenido en paro, argumentando la "intransigencia" del Gobierno a la hora de negociar soluciones concretas. Más aún, cuando han señalado en reiteradas oportunidades, que con la llegada de la democracia esperaban negociaciones de manera mucho más fluida. 

Esta situación ha hecho que los  funcionarios públicos de educación vean todo fuera de lugar. Quienes trabajan en las provinciales desde la llegada del último Secretario de Educación, Cristián Martínez, aseguran que todo se volvió "confuso". Según Cristián Oyarce -supervisor de la provincial Cordillera del Ministerio-, su función es "solucionar problemas del alumnado y de velar por el buen trabajo de los profesores. Sin embargo, no hay líneas claras a seguir, existiendo poca claridad dentro de las instituciones ministeriales". Los funcionarios no pueden manifestarse con libertad en este tipo de paros y levantamientos sociales. El escenario es más grave con la actual suspensión de clases.

Por otra parte, la propia comunidad escolar afectada por la suspensión de clases, se ve también dañada por la decisión del pago de la deuda, la cuál podría ser clave en la continuidad de establecimientos que además de entregar educación, garantizan un espacio de seguridad y alimentación a sus alumnos. En Maipú, por ejemplo, esto lo confirma la directora de la escuela Vicente Reyes Palazuelos, María Teresa Avilés, quién precisa que "al no existir jornada escolar, son los mismos alumnos quienes no aprovechan los beneficios otorgados de manera gratuita, siendo esto más grave cuando se trata de jóvenes de escasos recursos que pueden verse vulnerados sin educación".

La otra propuesta 

Paralelamente, desde hace un año existe un movimiento ciudadano que busca mejorar sustancialmente la calidad y la igualdad de la educación chilena, de aquí al año 2020. Se nombre es Educación 2020, la cual sin colores políticos plantea una propuesta que podría garantizar una nueva educación pública en los próximos diez años.

El "cómo hacerlo" está especificado en el siguiente vídeo: