Mucho se hablado de los recursos que se “despilfarran” con motivo de las campañas políticas. Pero muy poco se habla del impacto que estas tienen en la generación de empleo, al menos temporal, y de los ingresos que generan en diversos sectores de la economía. Desde brigadistas hasta medios de comunicación, pasando por imprentas y profesionales. Todos obtienen una tajada de esa carrera que ellos no corren, pero que ayudan a correr a otros.

Llegan las elecciones y las calles comienzan a llenarse de palomas, gigantografías y letreros incitando a votar por uno u otro candidato. Las radios comienzan a tocar los jingles de los aspirantes a los puestos en disputa, mientras que los brigadistas salen a las calles a entregar volantes y dícticos. Una postal repetida elección tras elección y que muchas veces es motivo de crítica, en lo referido al uso de los recursos monetarios empleados en algo tan poco ortodoxo como lo es la política.

Pero si bien, hay muchos que trabajan en los distintos comandos de manera voluntaria, hay un importante porcentaje que presta sus servicios de manera remunerada. Publicistas, locutores, diseñadores gráficos, periodistas, asesores, choferes, pintores. Un sinnúmero de profesiones y oficios son utilizados para estos fines. Ello, sin contar servicios prestados por empresas, tales como imprentas, medios de comunicación y agencias. Todos ellos viven la bonanza que entrega la época eleccionaria, que para muchos incluso, puede ser un salvavidas hasta para la mitad de un año.

Límites, obligaciones e impactos

La ley 18.700 sobre elecciones populares y escrutinios fija un monto máximo para el gasto electoral. En términos generales se puede afirmar que lo que se invierta, por ejemplo en el caso de los presidenciales, alcanza a los $5.086.797.265 y en segunda vuelta, $ 1.695.599.088. Esto en lo referido a gastos totales, contando el aporte de privados. Pero la ley también regula el máximo de aporte público a las campañas (que es el dinero que se debe rendir para obtener luego las devoluciones según la votación obtenida) este limite esta fijado en 1.500 millones de pesos en primera vuelta, bajando su tope en un eventual balotaje.

Cuando hay necesidades importantes en sectores como educación o salud, tal danza de millones puede parecer casi una obscenidad. Y quizás si lo sea. Pero también hay miles de personas que reciben estos ingresos por el trabajo desarrollado durante este tiempo. Y no solo en los temas presidenciales. Cada comando contrata a sus brigadistas, conductores, periodistas, fotógrafos y diseñadores gráficos, por nombrar solo algunos de los empleos más comunes. Junto con ello, las imprentas reciben una importante cantidad de encargos para dípticos, folletos y papelería, que antes fue elaborada por diseñadores gráficos, con fotografías tomadas por profesionales del rubro. "En definitiva, una larga cadena que se alimenta de lo que llamamos, gasto electoral. “Lo que hacen las campañas en este periodo es incentivar la creatividad de algunos profesionales para generar estrategias comunicacionales. Ello aumenta el mercado de la publicidad, y se grafica en radios, televisión y otros soportes” señala el seremi del trabajo, Cristian Martínez.

En la región, la misma ley también regula el gasto por distrito, en una ecuación que tiene que ver con el número de electores. Es así que el límite de gastos en el distrito 7 es de $98.881.590. En el distrito 8 es de $110.447.765 mientras que en el noveno alcanza a los $79.992.202. En suma, una inyección de recursos que moviliza a la economía del país, y que seguramente se verá reflejada en la próxima medición del índice de desempleo, puesto que la normativa laboral exige que todos quienes desempeñen labores remuneradas en periodo de campaña, deben tener contrato de trabajo.

Todos con contrato

El que sea un trabajo de algunos meses no exime a los comandos de cumplir con la normativa vigente. Es por ello que quienes no hacen trabajos en forma voluntaria, y que cumplen órdenes, deben estar necesariamente contratados. Así lo explica la directora regional del trabajo, María Cecilia Gómez. “Cuando hay gente que cumple con una jornada laboral, cumple horarios, participa los fines de semana o part time, que cumple instrucciones donde hay una relación de dependencia y subordinación, ahí debe haber un contrato de trabajo, sobretodo si se realiza actividades en terreno, que tienen riesgos involucrados, tales como accidentes. Allí obviamente se requiere hacer contratos de trabajo y pagar las cotizaciones de salud” señala.

Afortunadamente los comandos han comprendido esta situación, dándose muy pocos casos de infraccionalidad. “La verdad que hasta el momento no hemos recibido ninguna denuncia. Lo que ha pasado en años anteriores, es que una vez concluida la campaña electoral, nos han llegado algunos reclamos de gente que señala, no se les pagó lo convenido. Aunque no es un tema muy frecuente. Son uno o 2 reclamos” afirma.

La idea es que sean los propios comandos lo que se preocupen de este tema. Eso al menos ha pasado en la región, ya que antes del periodo de campaña, todos se acercaron a la Inspección del trabajo a consular cuales eran los requerimientos que exige la ley.

La directora del trabajo, María Cecilia Gómez, explica que es lo que exige la ley para el trabajo de campaña. “Debe ser un contrato de plazo fijo, a objeto de asegurar el pago de previsión, especialmente de salud”. El contrato asegura que no se pueden exceder las 45 horas semanales, con un máximo de 2 horas extras por dia y que establezca de manera específica las funciones que el contratado deberá realizar, ya sea brigadista, chofer, asesor u otro, así como las remuneraciones que va a percibir por su desempeño.