¿Vuelve la derecha a Chile?
En las últimas dos décadas la derecha chilena estuvo alejada de la presidencia, aunque no exactamente del poder. Ahora, en la figura de Sebastián Piñera, puede volver al gobierno, en lo que sería el primer revés electoral de la Concertación desde la caída de Pinochet.
Hace ya tiempo que la derecha chilena no sabe qué es gobernar. El último conservador en ocupar el Palacio de La Moneda fue Augusto Pinochet, cuya dictadura fue responsable de al menos 2.200 muertos, 1.200 desaparecidos y una larga lista de violaciones de los derechos humanos. Cuando finalmente la pesadilla terminó, en 1988, tras un referendum en el que los chilenos votaron por el fin o la continuidad del régimen, los principales partidos de centro e izquierdas decidieron unir fuerzas.
Desde entonces, la coalición ha vencido en todas las elecciones presidenciales realizadas en el país. Michelle Bachelet es la cuarta integrante de la Concertación en la presidencia de Chile. Además de ser la primera mujer en ocupar el cargo, la presidenta socialista también sostiene el mayor nivel de aprobación popular de la historia: 80% de los ciudadanos apoyan su gestión. A pesar de ello, Bachelet tendrá que dejar el puesto en marzo del 2010, porque en el país no se permite la reelección. Sin un candidato fuerte para sustituir el carisma de la mandataria, la Concertación enfrenta serios riesgos de perder su hegemonía electoral y abrir paso al regreso de la derecha al poder.
El nombre que intentará mantener la invencibilidad de la coalición en el Palacio de La Moneda ya se sentó en la silla presidencial una vez. El democristiano Eduardo Frei, que gobernó entre el 1994 y el 2000, renació como opción, pero no como favorito. El Centro de Estudios Públicos (CEP), órgano que viene prediciendo con exactitud todos los resultados electorales de Chile desde la caída de Pinochet, señala al ex mandatario como el segundo colocado en la carrera por la presidencia. Los comicios se realizan en próximo 13 de diciembre y Frei tiene solamente el 26% de las intenciones de voto.
“Frei hasta ahora no ha logrado entusiasmar al electorado porque los partidos de la Concertación no han ideado fórmulas nuevas para gobernar”, explica Loreto Correa, analista del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago. “Tampoco se han mostrado en estos cuatro años capaces de solucionar los tres temas de opinión pública más importantes del país en este momento: la deuda histórica con los profesores de la educación pública, el conflicto en el sector de la salud y la debilidad de los propios partidos de centro-izquierda gracias a la rivalidad interna de sus líderes”.
Para Loreto Correa, escoger a Eduardo Frei como candidato fue un acto “forzado” de la Concertación. De hecho, ésta fue la primera vez desde la victoria del socialista Ricardo Lagos, en 2000, que los caciques concertacionistas prefirieron no realizar previas. Esta concentración de poderes ha desgastado la alianza y acabó jugando en contra de la imagen de Frei, que, según la analista, ya no tiene el liderazgo que tenía cuando fue candidato por primera vez.
“Su gobierno no fue tan bien visto como la gestión de Lagos o Bachelet. Se lo ve como un presidente que lo hizo bien, pero que podría haberlo hecho infinitamente mejor. Se le ve como un hombre viejo y desgastado, sin propuestas nuevas y con un equipo que no tiene nada nuevo que ofrecer”, opina Correa. “Ésa es la ventaja que explota la derecha y también Marco Enríquez-Ominami”.
Aire Fresco
El candidato Marco Enríquez-Ominami, de 36 años, vivió en Francia, estudió filosofía y se ha destacado en el mundo de las artes chilenas como documentalista y director de cine. Está casado con una famosa periodista de la televisión y hace poco fue electo diputado por la Concertación. Prefirió, sin embargo, romper con el Partido Socialista (PS), una de las principales organizaciones de la coalición, cuando ésta eligió a Frei –y no a él– para disputar a la presidencia.
Ominami, entonces, se lanzó como candidato independiente. Logró juntar las 36.000 firmas que necesitaba para postularse oficialmente junto a la autoridad electoral, invirtió en marketing y utilizó las nuevas tecnologías de internet –Twitter, YouTube y Facebook– para diseminar sus ideas sin gastar dinero. El resultado, que no deja de ser sorprendente, es una intención de voto del 19%.
“La candidatura de Enríquez-Ominami es una crítica al sistema partidario y a la distribución de poder en el interior de las élites. También captura el desencanto de la sociedad por los partidos políticos. Basta con decir que 4 millones de individuos en edad de votar, en un universo de 11 millones, no están inscritos para estas elecciones”, argumenta Guillermo Holzmann, politólogo de la Universidad de Chile.
Sin embargo, el próximo presidente, de acuerdo con las encuestas del CEP, no vendrá ni los sectores independientes de Ominami, ni de los más experimentados de Frei, sino de la derecha de Sebastián Piñera. El candidato de Renovación Nacional (RN) es un gran empresario, principal accionista de LAN Chile, la mayor compañía aérea del país. Tiene también una posición política muy clara, que viene siendo demarcada desde la derrota en comicios pasados frente a Michelle Bachelet. No en vano lidera los sondeos. Ominami fue obligado a romper con la Concertación para convertirse en una opción electoral. Frei tuvo que asumir recién en 2009 las consecuencias de la indecisión de la alianza. Piñera, en cambio, lleva más de cuatro años haciendo campaña y mostrándose como candidato.
“Su propuesta es el cambio en el estilo de Gobierno. Piñera suscribe todo lo realizado hasta ahora, incluyendo las políticas públicas orientadas a superar la pobreza y mantener la protección social. Sus propuestas tienen que ver con la eficiencia, básicamente. No propone privatizaciones, pero sí un rol más activo del sector privado, incentivando las inversiones”, analiza Holzmann. “En lo fundamental, los tres candidatos principales adhieren a un modelo de base liberal, donde Frei apuesta a la continuidad del gobierno de Bachelet, Enríquez-Ominami se plantea con un discurso de crítica a la distribución de poder y Piñera propone la alternancia y el cambio como fundamentos de un mejor gobierno y un estilo distinto.”
Es consenso entre la opinión pública chilena, por lo tanto, que habrá una segunda vuelta. Y si las encuestas están correctas, lo que decidirá el embate electoral es la transferencia de votos del comunista Jorge Arrate para el futuro adversario de Piñera. En cuarto lugar en los sondeos, Arrate cuenta con el apoyo de cerca de 5% del electorado. Es ideológicamente improbable que el elector de Arrate vote a Piñera a la hora de la verdad. Hay una posibilidad, sin embargo, de que la opción comunista acabe llenando las urnas de Frei o, más probablemente, de Enríquez-Ominami, debido al hastío acumulado hacia la Concertación.
El candidato independiente tiene a su lado la novedad de su figura política. Es hijo de Miguel Enríquez, el mítico líder del Movimiento Izquierda Revolucionaria (MIR), asesinado por agentes de la policía secreta pinochetista en los primeros años de la dictadura. Carlos Ominami, su padre adoptivo, es un viejo cuadro del PS, ex ministro de Economía y senador. Su madre, Manuela Gumucio, periodista y socióloga, es una militante política bastante conocida en el país.
Además de su herencia, algunos de los puntos de la agenda del candidato también agradan a la izquierda. Enríquez-Ominami se muestra favorable a la unión civil entre homosexuales, promete debatir con seriedad la legalización de la marihuana y no es contrario a la despenalización del aborto. Genera desconfianza, empero, cuando defiende la privatización de algunos sectores del aparato estatal que, para él, en manos privadas podrían ganar más eficiencia. Uno de los blancos del discurso de Marco es la Compañía del Cobre (Codelco), nacionalizada durante el gobierno de Salvador Allende. La empresa hace de Chile el mayor exportador del mineral en el mundo, pero, según Ominami, su utilización política ha hecho que perdiera oportunidades de incrementar su competitividad.
Causa olvidada
Una de las cuestiones más candentes en la sociedad chilena, sin embargo, es el conflicto indígena en el sur del país. Los mapuches históricamente reivindican un acceso más amplio a la tierra que un día fue suya. En la lengua hablada por los pueblos ancestrales de Chile, la palabra mapuche significa “gente de la tierra”, algo de lo que carecen sus descendientes y que reclaman insistentemente.
De los 15 millones de habitantes que viven en el país, 600.000 (el 4% de la población) tienen origen indígena. Los mapuches, sin embargo, están concentrados sobre todo en la Araucanía, una de las regiones más ricas y más pobres de Chile: la provincia dispone de abundantes recursos minerales, hídricos y forestales, pero a la vez carece de servicios sociales y se encuentra en la cola del desarrollo humano.
“Cuando se formó el Estado, en 1818, los mapuches se quedaron al margen y fueron excluidos del sistema republicano”, explica Loreto Correa, de la Universidad de Santiago. “Paulatinamente, a lo largo del siglo XIX, se les fue quitando las tierras y anulando como cultura, hasta el punto de que Chile hasta muy poco tiempo ni siquiera los reconocía como pueblo”. Por eso, no será coincidencia que también en la Araucanía se observen los peores índices nacionales de alcoholismo, desempleo, analfabetismo e inversiones, sean públicas o privadas.
Hoy día, además de las tierras que les fueron robadas, los mapuches exigen autonomía política ante el Estado. Y son intransigentes en estas demandas.
Las relaciones entre el Gobierno y las comunidades mapuches jamás llegaron a buen término, pero la situación se tensó todavía tras la muerte de Jaime Facundo Mendoza, un nativo de 24 años alcanzado por un disparo de los carabineros durante una manifestación. Fue el tercer asesinato de un militante mapuche desde 2002. Antes de ello, en agosto, la presidenta Michelle Bachelet ya había dado su contribución para agravar el conflicto cuando se negó a recibir a una delegación mapuche que marchó a Santiago para dialogar sobre la devolución de propiedades agrícolas.
Desde 1993, el Estado chileno ya le concedió a los indígenas alrededor de 600.000 hectáreas de tierra. Bachelet, a su vez, promete terminar su mandato cumpliendo con la promesa de entregarles 33.000 hectáreas más a las comunidades.
Recientemente, sin embargo, su gobierno anunció un plan de seguridad “para combatir a los atentados indígenas”. El proyecto prevé la instalación de cámaras de vigilancia en las carreteras que registran más acciones de militantes mapuches. Con el agravamiento de la crisis, el Gobierno también ha movilizado más carabineros para las regiones conflictivas y ha militarizado las zonas conflictivas.
Los indígenas chilenos se consideraron blanco de una campaña permanente de criminalización por parte del Estado. Para ellos, la situación no parece muy distinta con respecto a los años de la dictadura de Pinochet. Mientras tanto, la situación se radicaliza. El pasado octubre, activistas mapuches quemaron dos camiones de una empresa forestal instalada en la Araucanía. Y el mismo mes la Coordinadora Arauco-Malleco, renegó la ciudadanía chilena y declaró guerra al Estado.
El gobierno responde a los ataques con una dureza que para muchos excede lo razonable. Muchos mapuches han sido detenidos bajo una Ley Antiterrorista que viene de 1984 y que, por lo tanto, es uno de los pocos artificios legales de la dictadura que todavía no fueron proscritos en Chile. La legislación reduce los derechos civiles, autoriza penas más duras y viene siendo aplicada contra el pueblo mapuche desde que fue creada. La UNESCO y Human’s Right Watch ya se pronunciaron en contra del Estado chileno por lo que consideran abusos contra los derechos humanos y de los niños cometidos por los carabineros en la Araucanía.
“Ésa es la gran deuda histórica de Chile, que ni la Concertación ni Bachelet fueron capaces de resolver y que tal vez el próximo gobierno, independiente de quien salga vencedor de las elecciones, tampoco lo resolverá”, cree Loreto Correa. Quizás porque, puntúa Guillermo Holzmann, “los candidatos han evitado referirse directamente a la cuestión mapuche durante la campaña, mostrando que ese será un tema inevitable para los cuatro años que vendrán”.
Como socialista que soy mi voto es para Jorge Arrate por que es la verdadera Izquierda.
7 compromisos para democratizar Chile y 21 medidas en el primer año de Gobierno de Jorge Arrate
Democratizar el poder
La transición hacia la democracia no ha modificado el régimen político excluyente, el modelo económico favorable a los grandes empresarios y el sistema social promotor de las desigualdades.
La institucionalidad política, económica y social fue establecida por la derecha, con las armas de Pinochet, y está consagrada en la Constitución del 80, pero la Concertación no ha tenido voluntad real de modificarla.
Nuestro proyecto se propone transformar la institucionalidad existente para derribar así las barreras económicas, sociales y políticas que dividen a los chilenos y frenan el desarrollo.
Queremos construir una democracia plena, que permita el acceso a espacios de representación de todos los partidos políticos, organizaciones sociales y sindicales y que favorezca la incorporación de nuevas fuerzas a una vida ciudadana activa, muy especialmente a los jóvenes.
Impulsaremos una estrategia de desarrollo en que el crecimiento económico vaya de la mano con los equilibrios sociales, la desconcentración productiva, la descentralización territorial, la protección de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente.
Trabajaremos a favor de la reducción de las desigualdades sociales y regionales, para que los frutos del crecimiento económico beneficien a todos los chilenos.
Impulsaremos un nuevo tipo de Estado, con un sector público eficiente, capaz de regular el mercado adecuadamente, intervenir los monopolios y crear actividades empresariales.
Derribaremos la muralla que divide a los chilenos en la educación, salud y la previsión para construir un sistema social de la misma calidad para todos los niños, jóvenes, enfermos y adultos mayores.
Terminaremos con las discriminaciones políticas, económicas, sociales y culturales que sufren los pueblos indígenas.
Queremos una sociedad plural, donde se expresen las diversas formas de pensamiento, para que nuestros compatriotas puedan decidir libremente y sin imposiciones hegemónicas el país que desean construir.
No descansaremos hasta que la autonomía reproductiva de las mujeres se haga efectiva y se termine con la discriminación a las opciones sexuales de las personas.
Enfrentaremos decididamente toda forma de corrupción, convirtiendo el sector público en ejemplo de honestidad y terminaremos con esos peligrosos vasos comunicantes entre la política y los negocios.
Terminar con la discriminación
El desafío exige una potente fuerza política de izquierda en el país, porque los partidos históricos de ese signo, miembros de la coalición de gobierno, renunciaron a la tarea transformadora que les dio origen.
En segundo lugar, porque las demandas crecientes de una ciudadanía desencantada podrán encontrar allí su referente político. Y, en tercer lugar, porque la democracia se verá fortalecida con una participación y representación ciudadana que abra sus fronteras más allá de los estrechos límites actuales.
Existen otras dos razones poderosas para la reconstrucción de la izquierda en el país y además para convertir las elecciones de diciembre en una gran jornada a favor de la transformación de Chile.
La crisis económica en curso provocará un desempleo que superará en el 2009 el sufrido a fines de los años noventa, con movilizaciones generalizadas de trabajadores, reanudación de las reivindicaciones estudiantiles y acentuadas protestas de los pequeños empresarios frente a una banca insensible. Ello pondrá en dificultades al gobierno, radicalizando al mismo tiempo el cuestionamiento a la propia institucionalidad que inventó la derecha.
Por otra parte, los vientos de cambio que recorren todos los países vecinos, en desafío al neoliberalismo y a la corrupción política, soplarán con mayor fuerza en nuestro país y marcarán la campaña electoral. Chile no es una isla y la demanda por un nuevo pensamiento y liderazgos alternativos estarán a la orden del día.
Un bloque político y social por los cambios, con un nuevo
pensamiento que se haga carne en el pueblo de Chile, es tarea
prioritaria para una izquierda moderna que pretenda enfrentar una
transición inconclusa y transformar la institucionalidad que discrimina
a la mayoría nacional.
Las próximas elecciones presidenciales son un hito para cumplir con esa tarea mayor.
Un candidato único de la izquierda y una propuesta transformadora le dirán al país que existe una alternativa frente a la derecha, inventora de la institucionalidad actual, y a la Concertación, que no tuvo voluntad para cambiarla.
Nos hemos propuesto reconstruir la nación sobre la base de un nuevo trato para todos los chilenos y chilenas y un horizonte, donde las diferencias de ingreso, étnicas, sexo, edad, barrio o región no sean obstáculos para el progreso personal y familiar.
Más aún, creemos firmemente que los más débiles de nuestra sociedad, como los trabajadores, pequeños empresarios, pueblos originarios, adultos mayores, mujeres, jóvenes y niños merecen un trato preferente de parte del Estado y de toda la sociedad.
Este nuevo trato no sólo es éticamente justo y socialmente indispensable, sino también permitirá que nuestro país aproveche integralmente todas las potencialidades económicas de sus habitantes. Para ello es necesario:
Que todas las personas tengan las mismas oportunidades de participación en la vida política.
Que los niños y jóvenes se eduquen en un mismo espacio de encuentro, independientemente de su origen social, y con la misma calidad de formación.
Que el derecho a una salud digna sea realidad para todos los chilenos.
Que mujeres y hombres tengan derecho al mismo salario por igual trabajo
Que exista efectivo respeto cultural y reconocimiento constitucional a los pueblos originarios.
Que pequeños, medianos y grandes empresarios disfruten de oportunidades similares para el despliegue de sus actividades económicas.
Que los consumidores sean protegidos por el Estado para que no sufran la agresión usurera de la banca, casas comerciales y farmacias.
Que los trabajadores tengan derecho a potenciar sus organizaciones sindicales y a la negociación colectiva.
Que todas las regiones tengan los mismos derechos y oportunidades de desarrollo que Santiago.
Que la protección del medio ambiente y los recursos naturales sean componentes fundamentales del desarrollo de Chile.
7 COMPROMISOS
COMPROMISO 1: Democracia plena, sin exclusión política
incorporación de nuevas fuerzas a una vida ciudadana activa, muy especialmente a los jóvenes.
COMPROMISO 2: Desarrollo económico para las mayorías
COMPROMISO 3: Terminar la discriminación social y el abuso contra los consumidores
COMPROMISO 4: Ampliar la protección de los derechos humanos
COMPROMISO 5: Promover la diversidad cultural
COMPROMISO 6: integración, paz y reducción de armamentos con América Latina
COMPROMISO 7: Enfrentar la crisis priorizando el empleo
21 Medidas en el 1er. año de Gobierno
indígenas, paridad de género, sufragio de chilenos en el exterior, derecho de dirigentes sindicales a ser candidatos al Parlamento, elección de los intendentes y consejeros regionales.
2.- Defenderemos la probidad pública y privada, con la eliminación del secreto bancario y tributario y el término del lobbismo;
3.- Daremos inicio a un gran movimiento social y político para nacionalizar gran minería del cobre, con el propósito que su riqueza beneficie a todos los chilenos y podamos refinar e industrializar el metal rojo en el país;
4.- Impulsaremos la nacionalización del agua, porque su acceso es un derecho humano fundamental y debe ser tratada como un bien común de uso público;
5.- Impulsaremos la desconcentración económica de Santiago,
6.- Impulsaremos un programa masivo de inversión en energías renovables no-convencionales, para reducir los costos ambientales que significan las grandes represas hidroeléctricas y otras energías contaminantes;
7.- Reduciremos la tasa de interés y costos del crédito para los pequeños empresarios, convirtiendo el Banco Estado en una entidad financiera dedicada principalmente a las pequeñas empresas;
mediante reducciones impositivas a las empresas que se instalen en regiones, y elevando sustancialmente las asignaciones salariales a los funcionarios públicos que trabajen fuera de la región Metropolitana; 8.- Impulsaremos una reforma tributaria progresiva que disminuya el IVA y aumente los impuestos directos a las empresas;
9.- Construiremos un sistema previsional público, basado en la contribución solidaria, y eliminaremos el 7% que se descuenta de la pensión a los jubilados para la salud;
10.- Priorizaremos la educación pública y terminaremos con la municipalización en la educación, traspasando los establecimientos al ministerio de educación, que los administrará a través de Servicios Regionales de Educación;
11.- Aseguraremos el abastecimiento de medicinas genéricas a toda la población, convirtiendo a CENABAST en organismo abastecedor para todos los enfermos;
12.- Terminaremos con la usura de las tarjetas de crédito, reduciendo la tasa máxima convencional de intereses, que actualmente alcanza al 58% anual;
13.- Perseveraremos en instalar en el país el derecho la sindicalización y a negociación colectiva para todos los trabajadores;
14.- Eliminaremos la figura de la subcontratación en el giro principal de las empresas, terminando con las múltiples razones sociales que ocultan el verdadero empleador;
15.- Terminaremos con la militarización de la Araucanía;
16.- Perseveraremos en erradicar la ley de amnistía de 1978, en la prosecución de la verdad y justicia, e impulsaremos una revisión de todas las medidas de reparación a fin de mejorarlas a niveles dignos;
17.- Promoveremos una educación sexual responsable, el acceso universal a métodos anticonceptivos modernos, y garantizaremos el aborto por decisión de las mujeres en el primer trimestre de gestación;
18.- Favoreceremos el pluralismo en la publicidad de los organismos del Estado de manera que ayude al financiamiento de los diversos medios de comunicación de carácter nacional, regional, comunal y digital;
19.- Consolidaremos la presencia de Chile en UNASUR y pondremos en marcha una política coordinada con la región para la reducción de armamentos;
20.- Impulsaremos el financiamiento estatal de las empresas en crisis, sobre la base de estricta vigilancia gubernamental, mediante: participación de funcionarios de CORFO en las decisiones financieras, productivas y laborales de esas empresas; y, regulación de los salarios de los ejecutivos y directores;
21. Impulsaremos un Plan Nacional de capacitación para todo trabajador desempleado, con un subsidio que represente la mitad de su salario en actividad.
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