CHILE: UN PAÍS QUE INVOLUCIONA

Hemos querido poner voz a un silencio que ya se prolonga por más de una década.

La presión de los grupos fácticos: -que han manipuleado el tema de los derechos humanos en Chile; -que han discriminado nuestra opinión, por no corresponder nuestro perfil con el tradicional, aquel de los oficialismos u obsecuencias; -que ha transformado el tema de los derechos del hombre en moneda de cambio o en argumento para empatar políticamente en nuestro país, desnaturalizando asi esta causa fundamental que mueve los verdaderos valores de la sociedad mundial.

En esta etapa en que todo se globaliza, los derechos humanos son el único medio para relacionar el sentir de la sociedad contraponiendolos ante la insensible estructura de poder del Estado.

Su incorporación al derecho interno de los países y al orden judicial internacional marcan un proceso de progresiva expansión, se ha producido un incremento del catalogo de estos derechos, lo cual ha ocurrido con la consagración de nuevas generaciones.

En una primera generación, la de los derechos civiles, que limitó el poder de la autoridad; debemos agregar una segunda generación, la de los derechos políticos, que logra que las personas puedan participar en la génesis y ejercicio del poder.

Por su parte, una tercera generación, la de los derechos sociales a la salud, al trabajo, a la educación, a la vivienda, a una seguridad social oportuna y justa, aspiran a que las sociedades participen en el poder y además las mandata a comprometer a los que ejercen este poder a crear condiciones materiales dignas de vida para todos.

En nuestro pasado reciente, Chile violó bárbara y masivamente los derechos humanos, los de primera, segunda, y tercera generación, lo que generó en nuestra sociedad consecuencias traumáticas.

Grandes masas de ciudadanos fueron violados en su dignidad como personas, al vulnerarles sus derechos como ciudadanos, como trabajadores como mujeres o como ni os.

Los catastros que se han construido, solo dan cuenta de un porcentaje menor de este da o colectivo, representan lo simbólico emotivo: la pérdida de la vida, el desaparecimiento forzado, la prisión política, la tortura, el exilio, la pérdida del trabajo y la consiguiente proscripción por las ideas que se tenían.

Baste decir, que los planes de empleo mínimo consideraron a más de 660.000 personas, las cuales, por espacio de más de diez a os vivieron en condiciones infrahumanas.

Sector social el cual hasta el día de hoy no es catastrado ni indemnizado.

O la participación de los salarios en el PIB, el cual, en 1972 era del 52.2 %, participación que cae abruptamente en 1973 como consecuencia del golpe de Estado a un 37% sin que hasta el día de hoy hayan recuperado los trabajadores de Chile este margen de participación en la riqueza del país.

Desde Nuremberg, el mundo ha establecido un "corpus juris" cada vez más sólido.

Los principios de ese juicio histórico, las convenciones contra el genocidio, el apartheid, la tortura, la imprescriptibilidad, además de los pactos sobre derechos humanos, los estatutos de los Tribunales para la ex Yugoslavia, Ruanda, Camboya, Sierra Leona, la Corte Internacional permanente, los proyectos de códigos de crímenes internacionales, las resoluciones de las comisiones regionales de derechos humanos y de las dos Cortes especializadas, y una gran cantidad de principios, reglas mínimas y declaraciones no pueden ser desconocidos por Chile a partir de esta dolorosa experiencia histórica.

Este "corpus juris" ha destruido los dos mayores soportes de la impunidad, como son las leyes de amnistías y el juzgamiento de las atrocidades por parte de Tribunales militares.

En su base hay una génesis profundamente democrática: han sido las sociedades civiles, especialmente las organizaciones de víctimas, las grandes impulsoras del proceso, muchas veces en oposición frontal a los poderes del Estado; por ser una conquista moral contra la inmoralidad; por la solidez con que el derecho internacional ha asumido la doctrina y ética de los derechos humanos como fundamento de todas las instituciones, desterrando a un segundo plano anacrónicas concepciones de la "soberanía nacional" y la "razón de Estado" para justificar lo que la Declaración Universal llama: "actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad".

Este monumental esfuerzo que la sociedad mundial ha desplegado en los últimos sesenta a os, tiene como objetivo primero: poner al ser humano como centro de todo proyecto o modelo de sociedad, los cuales en su concepción institucional están obligados a incorporar estos cuerpos legales que protegen los diferentes ámbitos de los derechos esenciales.

Chile en este aspecto, ha sido una excepción dramática, pese a su experiencia histórica.

Desde hace treinta a os nos rige una institucionalidad impuesta a la sociedad en 1980 por un régimen de facto así catalogado por el mundo entero, donde las garantías sociales e individuales estaban gravemente afectadas, donde los derechos esenciales de primera y segunda generación eran violados completamente.

La constitución de 1980, que nos rige hasta hoy día, se funda en claros principios ideológicos neoliberales en opinión de afamados tratadistas como Pablo Ruiz Tagle, el cual, destaca al derecho de propiedad como uno de sus pilares fundamentales en oposición al derecho a la vida el cual, debiera ser la esencia de este cuerpo jurídico.

Otro aspecto de fundamental importancia de esta institucionalidad es el rol que otorga al poder ejecutivo como generador de la iniciativa legislativa, facultad que convierte al Presidente de la Republica en un tirano constitucional, relegando la representación popular que tiene el parlamento a un papel secundario.

Esta facultad será la que en definitiva hará recaer la responsabilidad en lo que ha sido la política de Derechos Humanos del Estado de Chile, única y exclusivamente en el primer mandatario desde 1990 en adelante.

La política del Estado de Chile sobre los derechos fundamentales del hombre, en la etapa de transición por la cual transitamos aún, se caracteriza por dos aspectos: el legislativo que esta dirigido a la promulgación de algunas leyes que buscan insertar socialmente y reparar algunas de las más simbólicas violaciones a estos derechos y un rol por omisión que ha desarrollado principalmente el ejecutivo y que le ha impedido cumplir con el objetivo de verdad y justicia, desconociendo asi la obligación ética y moral que con respecto al tema, y que asumió con el país al iniciarse la transición.

Además este rol desconoce la obligación que le asiste al ejecutivo a velar que exista plena compatibilidad entre la Constitución y el Derecho Internacional.

Queremos detenernos en un análisis del rol por omisión que le ha correspondido al Estado y donde la responsabilidad fundamental recae en los gobiernos que ha tenido el país en estos dieciocho a os: - La ley de amnistía, jamás fue un objetivo en términos de su derogación. Boeninger en su libro "Democracia en Chile", reconoce que Aylwin tomó la decisión de no hacer nada para derogar o anular este decreto ley, pese a que ello era un compromiso en el programa de la Concertación.

Peor aún, se trató de legitimarla: el acuerdo marco de 1990; la ley Aylwin de 1993; el proyecto Frei de 1995; el acuerdo Figueroa Otero de 1995; el proyecto de ley de la Comisión DD.HH del Senado de 1998; el proyecto de ley presentado por Lagos el 2003; el proyecto de ley de los senadores de la Alianza y la Concertación del 2005, dan cuenta de este empe o aberrante que le ha correspondido al Estado en esta materia.

- Así mismo, no solo en casos de relevancia internacional como los de Prats y Leighton, donde nada hizo Chile en esos juicios internacionales, sino que también en los casos de Berrios y Soria y por cierto, la culminación de esta política cual fueron las gestiones que el gobierno de Frei hizo desesperadamente para librar a Pinochet de una condena segura en Europa, o cuando, el gobierno de Lagos realizó numerosas presiones públicas y privadas ante el juez Guzmán y los tribunales para que el ex dictador tampoco fuera condenado en nuestro país.

- Por último, la búsqueda de la impunidad se ha materializado en la llamada ley Valech, donde se prohíbe a los tribunales acceder a las denuncias por tortura testimoniadas ante la comisión del mismo nombre.

Es tan aberrante este engendro que su perversidad legal parece ser superada solamente, en los anales republicanos chilenos, por el decreto ley de auto amnistía de 1978.

Su mantención no solo provocará una impunidad generalizada respecto a la tortura ejercida en dictadura, sino que constituirá un oprobio permanente para nuestro país y sus instituciones.

De esta forma, se consolida nuevamente en nuestro país la impunidad en sus cuatro caras: la política, la moral, la histórica y la jurídica.

Gabriel Salazar, nuestro premio nacional de historia, asegura que este comportamiento responde a nuestra idiosincrasia, la que enaltece a los golpistas y glorifica a las figuras anti democráticas, y para demostrarlo nos trae de vuelta a Portales, O‘Higgins, Bulnes, Alessandri y Prieto, héroes que a su juicio fueron los gestores de los más grandes asesinatos políticos de la historia de Chile, además de Pinochet por supuesto.

En el plano legislativo, la política de derechos humanos del Estado desde 1990, ha guardado fielmente este sello, el de la perversidad.

Mediaticamente los gobiernos en este periodo han hecho creer a la opinión pública nacional e internacional que el tema se encuentra resuelto, la promulgación de leyes que pretenden la inserción social y la reparación a los efectos provocados por la muerte, el desaparecimiento, el exilio, la prisión política y tortura y la exoneración política no han sido mas que iniciativas insertas en una estrategia que busca prestigiar ilegítimamente a los gobiernos y contener el conflicto político con las Fuerzas Armadas y los grupos civiles que sustentaron a la dictadura.

Esto determinará el destino de la transición en materia de Derechos Humanos.

A este efecto mediático debe sumarse el objetivo de obtener dividendos políticos que aseguren la sustentabilidad en el poder, estas leyes han sido instrumentalizadas para cometer un escandaloso intervencionismo electoral y cometer actos de corrupción incalificables.

En los comienzos, de este periodo la Comisión Rettig, establece una verdad "posible" no total, con valor puramente político y sin valor judicial.

Uno de sus objetivos estratégicos es destruir la imagen de masividad de la represión llevando esta solamente a un debate sobre 4.500 victimas que son las catastradas en dicho informe, con esto, se logra acotar los ámbitos de la acción del proceso judicial, el cual, deberá remitirse a dirigir su acción a los autores materiales de los crímenes y no al alto mando militar y civil creadores intelectuales del plan de aniquilamiento.

En el proceso de judicialización de los datos de este informe, las cifras son elocuentes. Sobre la base de 1.464 desapariciones forzadas, solo se han abierto 480 causas de las cuales, solo 8 están terminadas, han sido identificados sólo 162 cadáveres y 96 se encuentran en proceso de identificación lo que indica, la falta de interés dado el tiempo transcurrido por partede los gobiernos en el tema.

La ley 10123 pretende reparar materialmente a las víctimas: madres, esposas, e hijos de los asesinados que da cuenta el informe, para este objeto, el Estado chileno ha gastado entre los a os 1994 y 2006 la suma de M $102.200, suma que resulta irrisoria y confirma el desapego a la obligación que tiene el Estado con el derecho internacional.

Una segunda iniciativa enmarcada en este objetivo estratégico, fue la de promulgar una ley para reinsertar a los miles de exiliados que produjo la dictadura, la aplicación de esta norma esta plagada de escándalos de corrupción, baste decir, que el funcionario jefe de la oficina del retorno fue encarcelado por las masivas irregularidades.

Dos informes de la Comisión Investigadora que la Cámara de Diputados constituyó para investigar estos sucesos son elocuentes, el informe compromete a altas autoridades políticas y administrativas en el manejo de estos recursos que países extranjeros entregaron a Chile.

Hoy en el país, los que retornaron del exilio fueron condenados a ser parias económicos en virtud de esta ley y sus escándalos, lo cual obviamente transgrede las obligaciones que impone el derecho internacional sobre la materia.

El revuelo nacional que tuvo este escándalo motivó a la periodista Maura Brescia a escribir el libro "ManosLimpias" reportaje que muestra la dimensión de esta vergüenza pública que según ella estima llegó a los 400 millones de dólares.

En 1993, fue promulgada la ley 19234, que pretende reparar los da os ocasionados por la pérdida de la fuente laboral debido a las ideas políticas del exonerado.

En el país de acuerdo a cifras oficiales entre 1973 y 1990 perdieron su trabajo 330.000 personas aproximadamente por causas de responsabilidad del Estado.

Dos hechos doblegaron la inconmovible negativa del gobierno de Aylwin para legislar sobre esta materia, el primero de ellos lo constituyó la condena de la Corte Suprema al Estado de Chile por la exoneración ilegal de 3.200 personas y el segundo de estos hechos, fue una huelga de hambre indefinida que duro sesenta días y que movilizó a todo el país, estas razones decidieron el envió del proyecto de ley al parlamento.

El acuerdo entre exonerados politicos y gobierno puntualiza que el horizonte total de personas afectadas por exoneración fue de 56.000 en los 17 a os de dictadura.

Lo increíblemente paradójico de esta ley de reparación, es que los beneficios reparatorios son financiados en parte por la propia victima con su patrimonio previsional, esta situación califica a esta ley al menos como una mala norma, en catorce a os de aplicación a mostrado su ineficiencia y su absoluto desapego a la formativa internacional, el 52% de los calificados tiene derecho a pensión, y estas en un 92% son mínimas.

El Ministerio del Trabajo, a través del INP ha aplicado esta ley en forma arbitraria e ilegal distorsionando su rol reparador.

Se han descartado resoluciones de la Contraloría General de la Republica que trata de volver al objetivo de la ley.

Constitucionalmente, se viola el principio de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad.

No se aplican fallos de la Corte Suprema de Justicia sobre imprescriptibilidad, sobre actualización económica etcétera, etcétera.

Igual que lo ocurrido con la ley del retorno antes analizada, esta ley de exoneración política ha sido objeto de una escandalosa instrumentalizacion.

El intervencionismo electoral ha generado la calificación ilegal de 100.000 personas que contravienen totalmente el perfil que la propia ley define para ser calificado.

Esta irregularidad es producida por la facultad discrecional que la norma entrega al Presidente de la Republica, el cual, por esta razón es responsable de abuso y arbitrariedad lo cual ha permitido calificar un conjunto de personas tres veces superior al establecido por acuerdo en 1992.

Este abuso ha permitido movilizar a mas de 250.000 personas las cuales, exigen ser calificadas y al mismo tiempo constituyen un mercado cautivo para fines electorales.

Parlamentarios en ejercicio han sido elegidos a través de este abusivo procedimiento.

Extra amente, esta ley ha sido modificada demagógicamente en periodos preelectorales con un claro propósito cual es usar el proyecto modificatorio en cada oportunidad como anzuelo.

Esta ley y su aplicación, deben ser producto de una profunda investigación por parte de la Contraloría General de la Republica y la Cámara de Diputados para determinar las responsabilidades en la comisión de los delitos que se encuentran en sus procedimientos de aplicación, las arbitrariedades y también la ilegalidad con que se aplica.

Extemporáneamente, trece a os después de iniciado el proceso de transición, lo que claramente demuestra la voluntad contraria a abordar el tema de la prisión política y la tortura ocurrida en Chile, el gobierno de Lagos en forma oportunista y demagógica ya que se acercaba un periodo electoral y además, a las reiteradas prisiones de instituciones internacionales, anuncia a través de una propuesta rimbombante el envío de este proyecto de ley que será conocida como ley Valech.

La ley una vez promulgada forma parte del símbolo mas elocuente de lo que ha sido la estrategia de derechos humanos en 18 a os.

La ley transgrede absolutamente a todo el derecho internacional sobre la materia.

Es un aberrante tratado sobre como construir impunidad a partir de los testimonios de las víctimas de prisión política y tortura.

Construye la ficción de que las víctimas son reparadas pero en la realidad, esta reparación es tan miserable que se transforma en una humillación y en un vejamen al transformarla además en incompatible con otro tipo de reparaciones violando el derecho nacional e internacional al discriminar arbitrariamente con otras leyes sobre la materia.

Ninguna norma jurídica ni mucho menos la norma internacional sobre derechos humanos a las que Chile se encuentra sujeto, ni tampoco tribunal internacional ni jurisprudencia internacional alguna ha establecido estas disposiciones o resuelto jamás que si una persona fue afectada en algunos de sus derechos y reparada por aquello pierda su derecho a una nueva reparación por que se demuestre que fue victima de otra forma de abuso.

Por el contrario, las obligaciones internacionales de Chile en materia de reparación a victimas de tortura son categóricas en exigir del Estado responsable que ella sea real y plena.

Esta ley promulgada en forma tardía y cuya iniciativa no obedece al cumplimiento de deberes morales o de conciencia sino que, a mezquinos intereses que tienen que ver con las ansias de poder y la imagen falsa internacional que han construido a partir de mentiras, es un claro testimonio de lo que hemos querido probar en este ensayo; repugna leer declaraciones de conspicuos funcionarios de gobierno sobre el tema de la tortura: Viera Gallo, en entrevista al Mercurio el 14.02.01 "Si se multiplicaran los procesos por torturas se produciría un atochamiento judicial imposible de sobrellevar porque los casos son miles.

Abrir hoy día en Chile un debate judicial sobre la tortura es verdaderamente inconducente".- Ya a comienzos de esta década diversas autoridades de gobierno y lideres politicos se pronunciaron claramente en contra de la justicia en casos de tortura, el entonces Ministro del Interior José Miguel Insulza declaró al diario La Nación el 15.02.01: "Me preocupa que en este país todo el mundo se ponga a denunciar, por que creo que sería negativo… ¿Queremos ir a buscar a cinco o veinte mil autores, todo el que golpeo a alguien tiene que ser llevado a los Tribunales de Justicia?".

Tales declaraciones de emblemáticos líderes de la coalición gobernante y además Ministros de Estado, demuestran un claro compromiso con la impunidad y además un desprecio a las personas que sufrieron este tipo de barbarie.

Es vergonzoso para el país, que sujetos de este perfil moral estén decidiendo el futuro de la sociedad.

La periodista Maria Olivia Monckeberg, en un libro que apareció el a o pasado, investiga el tema de la educación superior.

En este reportaje denuncia el vergonzoso uso que se ha dado al beneficio de educación superior que contiene esta ley llamada Valech por parte de las universidades privadas, entre las cuales se destaca la Universidad Uniacc cuyo consejo directivo esta conformado por ex miembros de gobiernos de la Concertación como: Mariana Aylwin, Daniel Farkas, Jorge Schaulsohn.

Sobre el mismo escándalo también reporteó la revista El Periodista en su edición del 14.09.07, naturalmente la atención del periodismo sobre estos hechos marcan la importancia de estos ilícitos.

Una última iniciativa legal de este escalabro que pretende resolver el tema de los derechos humanos y con el cual se ha enga ado al país y al mundo es la llamada ley "PRAIS" cuyo objeto es dotar de un sistema de salud especial y gratuito a las personas afectadas por el trauma represivo en sus diferentes formas.

Acá como en lo anterior al sujeto beneficiario se le humilla, es vejado al someterlo a constantes discriminaciones y arbitrariedades al tratarlo cual indigente sometiéndolo a interminables trámites y esperas.

El sistema creado esta permanentemente colapsado por falta de recursos y por la malversación que en muchos casos ha afectado su financiamiento.

Este oprobioso balance, marca desgraciadamente una constante en nuestra historia.

No podemos olvidar que las tres Constituciones que nos han regido han sido producto de golpes de Estado, han sido dictadas por tiranos cuyo propósito estuvo relacionado con intereses subalternos y nunca los superiores del país y su pueblo