Los sucesos actuales,  posteriores al terremoto del sábado último,  dejan en evidencia que la estructura misma del estado,   ha sido socavada  por la violencia de los acontecimientos.  El vandalismo,  saqueo y pillaje que se ha producido en distintas regiones del país,  nos habla directamente de caos y anarquía.  Posiblemente podremos encontrar alguna justificación a ciertos hechos acontecidos en las regiones mas apartadas;  las mismas que fueron mas afectadas y/o devastadas por la fuerza de la naturaleza.  Lugares donde la ayuda tarda y la distancia e incomunicación,   fomentan la idea de abandono y desamparo.  Pero en modo alguno alguien podría excusar hechos similares ocurridos específicamente en la Región Metropolitana.

Un evento sísmico de las características del último que hemos vivido,  siempre traerá consigo consecuencias económicas y sociales de importancia. Las mismas que tienden a permanecer más allá del mismo evento inicial que las provocó.  Solo superadas por el proceso de recuperación nacional,  necesario e indispensable para la normalización del sistema.  La tendencia natural y esperable es que con el paso de los días,  el impacto inicial sea superado y se ponga en marcha el aparato estatal y privado en pro de la recuperación,  tanto moral,  como económica y social.  El proceso conlleva la recuperación de las confianzas, el restablecimiento del aparato productivo y por supuesto el fortalecimiento del estado y sus instituciones. Sin embargo tenemos un proceso inverso,  superado el drama inicial,  como fenómeno natural  inmanejable e irresistible.  No se registra un retorno  paulatino a la normalidad,  al contrario.  Al parecer el fenómeno inicial hace las veces de detonador de otro particularmente grave y preocupante, el vandalismo. 

La crisis actual,  ya que no hay manera de calificarla que no sea esta,  se apoya básicamente en los siguientes elementos: desinformación,  desidia gubernamental,  impunidad,  inoperancia.

Una fuerza soterrada y anónima surge por generación espontánea y pone en jaque la autoridad del estado,  hace tambalear el sistema sembrando el pánico y la confusión no solo entre la población común o en ciertos sectores.  Afecta el aparato económico  por medio de la desconfianza  y el temor.  Y lo que es peor y mas grave aún;  demuestra con su sola existencia que un sector pequeño,  marginal e inadaptado de la sociedad,    puede no solo surgir de un momento a otro,  también puede combatir abiertamente al stablishmen,  desafiando y atacando los tres poderes del estado. Esta fuerza ha demostrado que es posible sobrevivir e incluso mandar al margen del estado,  de la ley y lo que conocemos como convivencia nacional o contrato social si es que queremos darle ese calificativo a nuestro modo de vida en sociedad.

Esta especie de “Quinta Columna” está descubriendo que no necesita de la estructura social,  económica  y política para  existir.  Saben muy bien ahora que estando al margen y con una pequeña organización,  pueden obtener mediante la fuerza mucho mas que lo obtienen mediante su sometimiento al sistema imperante.  Peligrosísimo descubrimiento. 

Desinformación.  

La desinformación no solo es la ausencia de noticias o la falta de novedades,  se refiere también a la propagación de falsas informaciones,   rumores.  Este es el principal aliado del vandalismo.  El constante bombardeo de rumores,  las alertas salidas de la nada sobre horda que atacan las poblaciones,  barrios acomodados,  centros comerciales,  etc.  Solo contribuyen a magnificar su imagen,  aumentar el miedo,  crear confusión,  generar respuestas equivocas en materia de seguridad.  Sobredimensionando el problema,   terminan imponiendo el temor y la angustia en la población.  Que reacciona  también desconociendo la ley y el estado.  Aumentando con esto la inseguridad y la inestabilidad social.  Diariamente se comenta que se han atacado muchos  sectores, se citan lugares y se dan nombres.  Pero no todo es cierto,  la gran mayoría de estas informaciones no son exactas o simplemente son mentiras.  Resultado mas miedo,  mas temor.  Basta con ver ciertos sectores de la ciudad en los cuales arden fogatas,  junto a las cuales los vecinos y pobladores esperan al “enemigo” para defenderse de su ataque.  Enemigo que nunca llega.  Y no es que ese enemigo no exista,  solo que no tiene ni el tamaño ni la capacidad operativa,  que el rumor y el miedo le han atribuido.

Desidia gubernamental.

El actual gobierno está a días de entregar el mandato,  ninguna de las autoridades salientes desea en modo alguno,  verse ligado con casos de derechos humanos.   No desean exponerse a si mismos a ser blanco de críticas en ese sentido.  Conocen claramente lo que significa un decreto ley que faculte a las Fuerzas Armadas a actuar bajo estado de excepción,  de conmoción interna o como quieran calificarle. La suspensión de las garantías constitucionales, es materia en la cual no quieren  decidir.  Por más clamor social que exista para que una medida similar sea tomada.   Pues bien saben ellos,  que lo que hoy puede ser aplaudido por la mayoría;   mañana podría ser motivo de castigo.  La Sra. Presidenta,  está apostando a que las cosas se calmen,  nadie de su equipo está por la mano dura y la energía. Para la cúpula política  no está en juego la seguridad y el orden de la nación,  está en juego la  imagen internacional de los que hoy dejan el  poder y la continuidad de sus carreras políticas.

Vano esperar por parte de esta autoridad medidas espectaculares y severas,  que impongan y restablezcan con base en el derecho pero de manera frontal y decidida el orden y la tranquilidad.  Para ello deberían recurrir a las Fuerzas Armadas.  Los militares y los policías en esencia son diferentes,  y esas diferencias son las que asustan al gobierno.  Para que las instituciones funcionen plenamente,   será necesario que estas se violenten así mismas y eso no está en los planes de la Sra.  Presidenta.

Impunidad.

Nuestro sistema de justicia,  viciado por las deficiencias administrativas,  superado por el modelo copiado a naciones con mayor nivel de desarrollo, con una ya  consabida incapacidad para administrar una justicia que satisfaga las necesidades de nuestra sociedad.  No será capaz y posiblemente no tendrá las herramientas y los recursos para castigar o sancionar a los vándalos.   Por no hablar de la quimérica posibilidad de reparación o compensación para las victimas.  En episodios que nos son familiares y recurrentes,  a estas alturas tradicionales.  Protestas de tipo social,  manifestaciones con motivo del 11 de Septiembre,  etc.  Nunca han podido dar una señal clara y categórica sobre casos similares.  ¿Cuanta gente está detenida purgando una condena larga y agravada  por actos de vandalismo similares ocurridos el año pasado?  Pues si los detenidos por alguna razón no son ante la ley inimputables,  son liberados prontamente con sanciones mínimas y sin pagar de manera alguna el daño causado.  ¿Alguien piensa que hoy sería diferente?

Esta realidad malsana,  brinda al delincuente la seguridad y confianza para actuar libremente.  Amparados en la masa y la confusión procederán sin temor,  sin miedo.  Si algo sale mal,  y son detenidos pueden recurrir a muchos recursos legales que el garantismo les ha regalado y en cuyo uso ya son expertos.

Por su parte las victimas incluido el mismo sector público,  los particulares y la empresa privada,  saben que deben asumir resignados las pérdidas sufridas,  sin esperar reparaciones de ninguna índole;  sean estas morales,  legales,  o económicas.

Inoperancia.

Ya han pasado cinco días desde el fatídico suceso,  no es entendible que al momento la red celular,   no  funcione correctamente. Tampoco es comprensible que Chilectra,  mantenga sin energía a muchos sectores de la ciudad,  o que Aguas Andinas no haya podido restablecer el suministro en forma total.  A estas alturas ninguna de estas empresas puede justificarse a si misma.  Todas ellas son parcialmente culpables del clima de inseguridad y abandono que una gran parte de la sociedad está experimentando.  Han sido inoperantes,  ineficientes e irresponsables.    Conductas que redundan en el aumento de riesgos sociales de todo tipo;  desde sanitarios hasta de seguridad pública.  Mas allá de la simple incomodidad de verse privado de estos servicios,   es aquí otro ejemplo de porque el ciudadano pierde confianza y credibilidad en el estado y la institucionalidad.  Si a esto le sumamos la decisión de los bancos de no abastecer de dinero a muchos cajeros automáticos.  Maquinas que están plenamente operativas,   pero vacías.  No solo tenemos la privación de servicios básicos para los ciudadanos comunes,  tenemos también la muestra patente de la desconfianza.  Esta vez proveniente nada menos que de las instituciones bancarias.  Preocupante.

El estado no se ha acabado, la nación no se ha terminado.  Pero demostró su fragilidad,   su fractura en un momento clave quedó expuesta siniestramente.  Al no poder asegurarles a los ciudadanos el más elemental de los derechos,  el derecho a la tranquilidad a la seguridad.  Un grupo de delincuentes apoyados por una horda de rumores,  han sido más poderosos que la ley y las instituciones.

Si la tragedia hubiera sido peor,  si los daños fueran mayores y el saldo de victimas mas alto aún.  ¿Quién imperaría en este país?