absoluta ineficacia del sector privado, basado única y exclusivamente en el lucro. Copio del diario La Tercera.

La Contraloría General de la República ordenó a Gendarmería y al ministerio de Obras Públicas  abrir sumarios, luego que un informe del organismo acreditara que las autoridades no cobraron multas a las concesionarias por costos de operación en estos penales, durante 2008.

De acuerdo al informe, era al  ministerio de Justicia y a los privados a quienes les correspondía pagar, en partes iguales, gastos de agua, luz e insumos básicos. No obstante, las concesionarias  de los penales de Alto Hospicio, La Serena, Rancagua, Santiago I, Valdivia y Puerto Montt,  no cumplieron con los pagos lo que determinaba que se le cobraran  multas por un valor de $ 7.834.628.160, informó radio Biobío.

Consultado por el no cobro de estas multas, el director nacional de Gendarmería, Alejandro Jiménez, endosó la responsabilidad al ministerio de Obras Públicas.

 “ Nosotros como Gendarmería estamos obligados a ir informando e ir dando cuenta de las situaciones y eso es lo que normalmente hacemos, y en definitiva el cumplimiento del contrato en sí está en manos del MOP”, dijo Jiménez.

La autoridad penitenciaria que presentó su renuncia al cargo que se hará efectiva a partir de fines de la próxima semana, agregó que ellos optaron por asumir el pago total de los servicios básicos para evitar un problema mayor en los penales.

“Nosotros como Gendarmería teníamos la obligación de hacer funcionar las unidades penales, era una problemática porque teníamos que cubrir las boletas y el día de mañana nos van a cobrar a nosotros si no hay luz (…) quisimos hacer funcionar el sistema”, enfatizó.

El órgano contralor también establece que  por concepto de vacantes no utilizadas, el Fisco pagó a los administradores de estos recintos durante 2008, $3.971.000.000. Paralelamente el informe indica que el ministerio de Justicia pagó multas por sobrepoblación en Santiago I por $342 millones, durante el segundo semestre de 2008.