Siete militares fueron dados de baja por participar en los saqueos posteriores al terremoto en Concepción. Además se encuentran detenidos por ser considerados un peligro para la sociedad.

Siete militares, entre ellos un teniente, un subteniente, dos cabos y tres soldados conscriptos fueron procesados por hurto y robo con fuerza, en dos hechos distintos ocurridos horas después de que cerca de 5 mil militares fueron dispuestos para mantener el orden y la seguridad en la VIII Región.

En estos momentos los uniformados se encuentran detenidos en el Regimiento de Infantería Nº 12 de Sangra, en Puerto Varas, por ser un peligro para la seguridad de la sociedad y fueron dados de baja.

Los hechos ocurrieron el martes 2 de marzo cuando un grupo de militares colaboraba en la confección de paquetes de comida para los damnificados en el centro de distribución y acopio, ubicado en los estacionamientos del supermercado Lider de Plaza El Trébol.

Ese día, el teniente Alejandro Alarcón, el cabo primero Francisco Gacitúa, la cabo Mayerlin Martínez y el soldado conscripto Pedro Romero fueron sorprendidos hurtando productos electrónicos que estaban en el supermercado, ya que no habían sido llevados por los saqueadores.

El botín fue de tres notebooks, un netbook, una cámara fotográfica, cinco celulares, además de una mochila de marca Saxoline y fue una de sus compañeras, quien hizo la denuncia inmediatamente a sus superiores.

Personal del Ejército allanó sus habitaciones y encontró las especies, razón por la cual el 4 de marzo fueron puestos a disposición de la Fiscalía Militar de Concepción. Dos días después, el fiscal militar Fernando Grandón los procesó por el delito de hurto simple.

El otro hecho delictual ocurrió cuando el subteniente Gabriel Vásquez, los conscriptos Sergio Letelier y Gerardo Henríquez estaban custodiando un servicentro, cuando forzaron la oficina y robaron 6 mil pesos en monedas, una caja de leche, pilas y un paquete de salchichas, de acuerdo a lo que publica “El Mecrcurio”.

Este hecho quedó al descubierto al día siguiente, cuando el dueño del recinto se dio cuenta de que la puerta había sido forzada e hizo la denuncia correspondiente.

El personal militar está confeso y también están detenidos por ser un peligro para la seguridad de la sociedad y procesados por robo con fuerza.

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