El Subsecretario de Hacienda, Rodrigo Alvarez, por quien siento gran respeto, lanzó ayer en Twitter una idea - preliminar- que me erizó los escasos pelos. Esta consistiría en proveer una deducción tributaria a los gastos en educación y salud privada.

Me referiré sólo a la educación. Me cuesta imaginar una proposición que profundice más la de por si terrible inequidad de la sociedad chilena. Un dato: el indicador de segregación o variabilidad de resultados inter-escuelas del test de  PISA es de 53 puntos para Chile, 40 para Uruguay, 12 para España y 5 para Finlandia. La segregación en Chile es feroz: educativa, racial, geográfica, y de clases sociales. El país con mejor equidad educativa de América Latina es Uruguay, y aun así un 40% de sus estudiantes de 15 a 19 años está en o por debajo del nivel 1 - en la escala de 1 a 6 - del test de lectura de PISA. Este porcentaje es de 48% en Chile, 50% en Brasil, y en Perú llega a la escalofriante cifra de 80%. 

Ahora, imaginemos que el Estado, que le ofrece una subvención per capita de, para redondear, 40 mil pesos mensuales a un alumno que asiste a una escuela particular subvencionada, le cofinanciara además, por la vía del descuento tributario, 20 mil de los 40 mil pesos del copago adicional que esa familia de clase media realiza en esa escuela. El Estado estaría entonces invirtiendo 40 mil pesos en un alumno de escasos recursos, y 60 mil mensuales en este alumno de clase media.

Si de igualdad de oportunidades se trata, esto es ir exactamente en la dirección contraria. Sería darle más recursos para la educación a los alumnos de clase media que a los de clase baja, que por cierto no tienen recursos para financiar un copago, y que ni siquiera pagan impuestos porque no tienen con qué. Eso, sin contar con que el efecto neto de reducción en la recaudación fiscal disminuiría la de por si menguada capacidad del Estado para asegurar calidad en la educación, la salud o la vivienda a las familias vulnerables.

Cosa muy distinta es otorgar una subvención estatal diferenciada a cada niño vulnerable, dando igual si el está asistiendo a una escuela municipal o particular subvencionada. Eso es correcto, es intentar “aplanar la cancha” a aquellos niños cuyo capital cultural y recursos financieros son menores que los de familias adineradas.

Cuando cuestioné esta idea en Twitter, un ciudadano me respondió: “Tengo 3 hijos, gasto 600 mil en educación + dividendos. Ganaba 3 palos, quede sin pega más de 1 año, hoy gano 1,5. ¿me considera rico?” En realidad no, no lo considero rico, pero debo comentarle que su ingreso familiar de 1,5 “palos”, si se divide entre las 5 personas que supongo integran su familia, le deja un ingreso per capita de 300 mil mensuales. Esto lo deja exactamente en el ingreso que define la frontera entre el 10% más rico y el 90% más pobre de Chile. Si definiéramos clase “media” como aquel que está en la frontera entre el 50% más rico y el 50% más pobre de Chile, este señor sumado a su señora debiera estar ganando...  0,5 “palos”, es decir, 100.000 per capita. La inequidad en Chile es terrorífica. 

Por otro lado, de adoptarse esta medida, la educación pública de administración municipal, que ya viene cayendo en picada, terminaría por destruirse, al otorgársele privilegios económicos a aquellos alumnos que migren a la educación particular subvencionada con co- pago. Sería el golpe de gracia a la ya alicaída educación pública administrada por el Estado. La matrícula pública municipal era el 78% del total en 1981, hoy debe ser menor al 45%, y con el “efecto terremoto” es posible que llegue a 40%.

Aquí subyace un dilema central, que algunos se atreven a esbozar en pasillos, mas no públicamente. Si ya la Ley General de Educación (supuestamente) permitirá la adecuada supervisión de la calidad y uso de recursos públicos de los sostenedores privados, y si el Colegio de Profesores (previsiblemente) persistirá en la actitud de confrontación y los paros reiterados, ¿por qué no ahorrarse problemas y permitir discretamente la lenta agonía de la educación pública municipal, dejando que la tendencia a la disminución de matrícula deje esta modalidad educativa reducida a su mínima expresión, probablemente en zonas muy aisladas? Muchos alcaldes, después de años de luchar contra las dificultades burocráticas y financieras que el Estado les ha impuesto, estarán más que felices de deshacerse del “cacho” que les significa la educación.

Es obvio que en la zona terremoteada la oferta educativa privada resurgirá más rápido que la pública (si no se hace algo para reducir la burocracia reconstructiva).  Bastaría con proveer adecuados incentivos al retiro de los profesores públicos, aumentar los recursos de la subvención o voucher, y dar esos terroríficos incentivos a la desigualdad sugeridos por mi buen amigo Rodrigo, para terminar con un 80 o 90% de la educación siendo del tipo particular subvencionada. Esa idea no me gusta.