Noticias de Chile : rodolfo-varela.tk

Este primero de mayo nos encontramos frente a la preparación de los ataques más importante contra los derechos laborales de los trabajadores desde la dictadura militar.

El gobierno de Piñera que claramente es un gobierno de los empresarios, quiere terminar con las pocas conquistas que todavía tenemos los asalariados de este país.

Uno de los primeros objetivos es terminar con la indemnización por años de servicio, que por lo demás ya está limitada a 11 años como tope. La propia Camila Merino, Ministra del Trabajo, lo ha planteado en innumerables ocasiones desde que asumió el cargo, en una de sus primeras entrevistas dijo que “Debemos encontrar la fórmula para reducir las indemnizaciones mejorando el seguro de cesantía”.

Otro objetivo del gobierno es imponer una flexibilización ultraliberal, que busca terminar con los pocos derechos laborales que aún quedan en el código laboral. “El gobierno estudia una fórmula para flexibilizar el mercado laboral” Explico el subsecretario del trabajo, Marcelo Soto en el seminario Laborum, realizado recientemente.

En La Tercera del 16 de abril, nos pudimos informar que el gobierno está decidido a llevar adelante su agenda laboral y que para esto el gobierno ha iniciado contactos para crear una comisión sobre flexibilidad laboral, esta comisión estaría encabezada por el Ejecutivo e integrada por empresarios, trabajadores y académicos.

La composición de la supuesta comisión quiere dar la apariencia de ser representativa, pero el Ejecutivo representa a los patrones, los empresarios a sí mismos, los académicos mas de los mismo y si los representantes de los trabajadores son los actuales dirigentes de la CUT estamos más que jodidos. Solo basta preguntarse ¿quien financia a la CUT? ¿Quien paga los salarios de Martínez y compañía? Definitivamente no los trabajadores, hoy al igual que bajo los gobiernos de la Concertación, los que financian a la Central es el gobierno y el que paga la orquesta, decide que música es la que se toca.

El gobierno acaba de informar que creara 20 mil puestos de trabajo en las regiones más afectadas, pero estos puestos de trabajo tienen un pequeño detalle, serán creados y supervisados por el Centro Militar del Trabajo (CMT) ¿Que tienen que hacer las fuerzas armadas supervisando este programa? ¿Que se persigue con esto? Cada trabajador recibirá $120 mil pesos por mes, como les explico el subsecretario del Trabajo Marcelo Soto a los dirigentes de los portuarios de Talcahuano y que si querían trabajar tenían que presentarse al CMT de su región. Con esto queda claro que el gobierno no piensa respetar el salario mínimo por la vía de los hechos y al trabajador que no le gusten las condiciones, tendrá al frente a un “jefe” que esta armado hasta los dientes y listo para reprimir, que para eso están las FF.AA. en la sociedad.

Los despidos por fuerza mayor, sin pagar las indemnizaciones por años de servicio que aplicaron varios empresarios sobre miles de trabajadores, es un pequeño adelanto de lo que viene para el próximo periodo, pero necesitan darle una especie de respaldo legal.

Hay que agregarle además el despido de 1.074 trabajadores de ASMAR, un despido realizado por el gobierno y materializado por el Ministro de Defensa, Jaime Ravinet.

La necesaria respuesta de los trabajadores.

Esta claro que bajo ninguna excusa podemos aceptar, que nos quiten las indemnizaciones por años de servicio, tampoco podemos aceptar una mayor flexibilización, que en los hechos significara una moderna forma de esclavización para los asalariados.

Los trabajadores no tenemos más camino que movilizarnos y luchar para defender los pocos derechos que todavía nos quedan, siguiendo precisamente el ejemplo de los luchadores obreros de Chicago y la razón porque conmemoramos cada 1° de Mayo.