Escrito por Daniel Sandoval

Corresponsal La Opiñon

Presentan moción a Ley Sanitaria para eximir a las viviendas sociales (750 uf) del cobro por conexión a la red de agua potable y alcantarillado,ésto beneficiaria a miles de familais de escasos recursos.

Cada familia que logra acceder a los fondos solidarios de vivienda, en su mayoría allegados, hacinados o arrendatarios, debe cancelar a parte del ahorro para la vivienda entre 6 a 10 unidades de fomento a las sanitarias, es decir, entre 120 a 200 mil pesos, para conectarse a la red de agua potable y alcantarillado, cuando estas nuevas poblaciones se encuentran emplazadas fuera del área operacional o de concesión de las empresas sanitarias.

Este cobro es lo que desea eliminar el Diputado Eugenio Tuma junto al Concejal Hilario Huirilef, con la presentación de una moción a la ley de servicios sanitarios para eximir a las viviendas sociales o subsidiadas de hasta 750 unidades de fomento, del costo de conexión a la red de agua potable y alcantarillado.

Así lo dio a conocer el parlamentario junto a una decena de dirigentes de comités de vivienda que se han visto seriamente afectados al tener que pagar un costo que no tenían contemplado al comenzar a construir el sueño de la casa propia a través de los fondos solidarios de vivienda del MINVU, lo que se ha transformado en un serio obstáculo económico para miles de familias del país.

Recursos

"Para muchas familias, conectarse al sistema de agua potable y alcantarillado, les sale mas caro que la propia vivienda, tras haber ahorrado con mucho sacrificio los dineros para terminar con el hacinamiento o su condición de allegados", comentó Huirilef.

En la región el año 2006 el MINVU entregó 5500 subsidios del fondo solidario de vivienda, aquí las familias más pobres de la región pagaron aproximadamente a las sanitarias $880.000.000 por conectarse a la red y desde su creación el año 2001 a la fecha, el programa Fondo Solidario de Vivienda, ha otorgado unos 10 mil subsidios en La Araucanía, lo que se traduce en un pago a las sanitarias de unos $1.600.000.000

"Con el explosivo aumento demográfico de las ciudades, prácticamente ya no quedan terrenos para vivienda dentro del área de concesión de las empresas sanitarias, ello hace que para llevar la infraestructura hacia estas nuevas poblaciones se les cobre a cada familia entre 6 a 10 unidades (120 mil ? 200 mil pesos) de fomento para poder conectarse al servicio, recursos que no son reembolsables como sucede cuando este costo es a cargo del urbanizador cuando se encuentra dentro del radio operacional", explicaron el Diputado Eugenio Tuma y el Concejal Hilario Huirilef.

Esto ocurre, precisó el parlamentario "con la edificación de proyectos inmobiliarios en lugares en que no existe red de agua potable o alcantarillado. Las sanitarias, para prestar el servicio, y los urbanizadores para desarrollar sus proyectos, optan por cobrar el denominado costo de acercamiento, es decir, el valor que significa realizar las construcciones necesarias para quedar en condiciones de prestar el servicio.

Aparte de este costo de acercamiento, existe un costo ?regulado en la ley, en cuanto a quien debe asumirlo- y que es el costo de conexión. De acuerdo a las disposiciones la Ley General de Servicios Sanitarios, este costo es de cargo del urbanizador.

Con las viviendas sociales o subsidiadas, se produce una situación absurda, ya que a las personas beneficiarias de los programas de viviendas les son entregados beneficios conforme a los cuales les resulta más caro asumir el costo de conexión que el de la vivienda misma; en otras palabras, pagan más cara la urbanización que las casas.

Y lo que ocurre en este caso, es que no obstante establecerse en la ley que el costo es de cargo del urbanizador, muchas veces ocurre que el urbanizador son los propios comités de la vivienda, o bien empresas contratadas para el efecto, que atendido el valor de adjudicación para la construcción de las viviendas, no tienen capacidad para asumir.

Por último, Tuma y Huirilef recalcaron que esperan de las Empresas Sanitarias de nuestro país demostrar su compromiso social al respaldar dicha iniciativa legal, "ya que este costo lo podrían asumir las mismas empresas, ya que no les significará una carga excesiva que vaya a desestabilizar su estructura financiera ante la prestación de un servicio rentable, monopólico y que presta un elemento vital para la calidad de vida de miles de familias, que muchas veces nunca han contado con un digno sistema de agua potable y alcantarillado.