Los
jueces chilenos defendieron hoy su independencia y rechazaron las
"presiones" y críticas "hostiles" del Gobierno chileno por las
decisiones que toman los magistrados sobre los detenidos por desórdenes
en las movilizaciones estudiantiles.
El
ministro de Justicia, Teodoro Ribera, ha advertido de que el Gobierno
evaluará los fallos de los jueces de garantía sobre los detenidos por
desmanes públicos antes de decidir su promoción dentro del Poder
Judicial, al considerar que estos no están actuando "con equilibrio".
Ministro de Justicia, Teodoro Ribera
También
el portavoz del Gobierno, Andrés Chadwick, se quejó el viernes de que
los jueces de garantía hayan dejado en libertad a los más de 1.700
detenidos en seis meses de protesta estudiantil, y sólo cinco hayan
sido condenados.
Portavoz del Gobierno, Andrés Chadwick
En
tanto, Gustavo Hasbún, diputado de la oficialista Unión Demócrata
Independiente, anunció hoy que su partido prepara un proyecto de ley
para acusar constitucionalmente a los jueces de garantía y castigarlos
"drásticamente" si no cumplen "con la normativa legal vigente".
El diputado Gustavo Hasbún (UDI)
"Proteger
los derechos de los subversivos sobre los de las víctimas demuestra
claramente que son cómplices de querer quebrar la institucionalidad de
nuestro país", dijo el parlamentario en una rueda de prensa.
"Ellos
tienen que entender que son garantes de nuestro sistema democrático, y
que en la forma en que ellos están actuando están demostrando con
creces que no están cumpliendo con su deber", añadió.
Al
respecto, el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, que hoy
clausuró unas jornadas de reflexión en la ciudad sureña de Concepción,
desestimó que se pueda aplicar una medida de ese tipo contra los
magistrados.
"Hay
ciertos diputados que han hecho una permanente crítica sobre la manera
como los jueces deciden cuestiones propias de la jurisdicción. Eso
evidentemente no les corresponde a ellos, porque esa es una función
propia de los tribunales", recalcó Juica.
"Los
jueces tienen que gozar de una independencia absoluta en sus
decisiones, y si se equivocan (...), para eso están los recursos
procesales que tienen que ser revisados por los tribunales superiores
de justicia", agregó el presidente del alto tribunal.
En
una entrevista que publica hoy el diario El Mercurio, Juica argumentó
además que el 90 % de las peticiones del Ministerio Público han
terminado con prisión preventiva, y sólo el 10 % en libertad, y reitera
su preocupación por las críticas del Gobierno.
"Nos
preocupa que esto se transforme en una campaña sistemática en contra
de los jueces y que se afecte su independencia", señaló Juica.
"Aceptamos
las críticas, pero cuando a éstas se les agregan ciertas observaciones
en el sentido de que vamos a hacer tal cosa, eso nos preocupa, deja de
ser una crítica y es una hostilidad", advirtió.
También
el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados, Leopoldo
Llanos, criticó ayer las declaraciones del ministro Ribera.
"Se
podría estimar que esto es una suerte de presión o derechamente una
intimidación para que los jueces durante su desempeño se guíen por los
criterios del Ejecutivo para ser posteriormente nombrados", dijo en
Radio Cooperativa.
Llanos advirtió que nunca antes, "ni siquiera en la época de la dictadura", se había hecho "este tipo de afirmaciones".
En
cinco meses de movilizaciones, los estudiantes han protagonizado
decenas de marchas, la mayoría de las cuales han finalizado con
disturbios entre grupos violentos de encapuchados y agentes policiales,
cuya actuación también ha sido puesta en entredicho.