Felipe Calderón, el presidente de México, debe estar contando los días que le quedan para dejar el poder. No porque no quiera seguir en la política, sino por los duros golpes que a su estrategia de seguridad le siguen propinando los carteles de la droga y que, al final, afectarán a su Partido de Acción Nacional (PAN).

Las masacres del pasado fin de semana en Monterrey y otras ciudades mexicanas contribuyen brutalmente a la pérdida de confianza y optimismo de los mexicanos sobre el futuro de la nación. El Partido Revolucionarios Institucional (PRI) ha comenzado a cabalgar hacia la sede de Los Pinos sobre el lomo de la violencia y por encima de los cadáveres que deja esta absurda y prolongada guerra contra las drogas.

Hace poco, en un editorial para EL COLOMBIANO, dije que ha sido injusto y provocador señalar a Calderón como el responsable de toda esta debacle mexicana. Yo creería que, por el contrario, Calderón ha sido la principal víctima de una larga historia de desinstitucionalización vivida en México por culpa, precisamente, de décadas de desgobierno del PRI.

Calderón tuvo que echar mano del ejército para enfrentar el deafío narco no porque así lo quisiera. Se vio obligado a hacerlo ante la profunda descomposición institucional dentro de la policía federal, cooptada por los narcotraficantes y puesta al servicio de ellos. En aras del debate, aceptemos que Calderón se equivocó en la estrategia, pero no en el fondo del problema. Los mexicanos no pueden olvidar quiénes son sus enemigos, y con toda seguridad, Calderón no está entre ellos.

El asesinato del cantautor Facundo Cabral en Guatemala debería servir de campana para que la región centroamericana, y todo el hemisferio, despertara de esta pesadilla. No para culpar a alquien en particular, sino para que aceptemos que todos somos culpables. Por acción o por omisión. Se nos acaba el tiempo para hacerlo.