De LND de hoy, reportaje de Hugo Arias V.

Tras fallos clave de la Corte de Apelaciones: El nuevo escenario del caso Inverlink

Las últimas semanas de agosto dieron al fisco claras esperanzas de recuperar buena parte de los más de 80 mil millones de pesos defraudados a Corfo en marzo de 2003, ya que las resoluciones del tribunal de alzada empiezan a cerrar el círculo en torno a las entidades financieras privadas involucradas en el caso.

Después de más de tres años de investigación y luego de varios fallos relevantes de la Corte de Apelaciones que han "corregido" la senda del ministro Patricio Villarroel, el fisco comienza a ver la luz al final de túnel en el caso Inverlink: el derrotero judicial comienza a despejarse y ello augura buenas posibilidades de recuperar los más de 80 mil millones de pesos en papeles que en marzo de 2003 la Corfo perdió a manos de la red ilegal que durante años armó y operó Eduardo Monasterio, el líder del, hasta ese momento, pujante holding financiero.

El avance de las causas y la confirmación en tribunales de la participación de operadores del mercado financiero en la defraudación a la entidad fiscal tuvieron en el fallo del 31 de agosto pasado uno de sus momentos cúlmines: la Décima Sala de la Corte de Apelaciones (integrada por los ministros Amanda Valdovinos y Cornelio Villarroel, más el abogado integrante Nelson Pozo) revocó ese día el sobreseimiento que el juez instructor había dictado en favor del fiscal del Banco Santander-Santiago, Gonzalo Romero Astaburuaga, para someterlo a proceso como autor del delito de estafa por 980 millones de pesos.

¿Por qué?

Según el fallo, porque, teniendo claro conocimiento de la crisis financiera en que se encontraba Inverlink y a sabiendas de que podría haber irregularidades en Corfo, Romero Astaburuaga aceptó que Monasterio pagara el 5 de marzo de 2003 una deuda de más de 950 millones de pesos con un vale vista tomado por el entonces jefe de la mesa de dinero de Corfo, Javier Moya, a nombre de la entidad fiscal en el BCI.

Traducido al español, la corte afirma que el fiscal del Santander quiso asegurarse el pago de la deuda que el desfalleciente Inverlink tenía con el banco, sin importar que la operación pudiera estar viciada.

¿Pero cómo podía saber eso Romero?

Porque un día antes, Monasterio intentó cancelar con 14 depósitos pertenecientes a Corfo y endosados por Moya, hecho que llamó la atención en el Santander, al punto que el propio Romero fue hasta las oficinas de la estatal para saber si el jefe de la mesa de dinero podía realizar ese tipo de operaciones.

La respuesta fue un rotundo no, por lo que el Santander no aceptó esa fórmula.

Pero un día después no sólo recibió el vale vista por 980 millones y le dio 27 millones "de vuelto" a Monasterio, sino que además le devolvió al líder de Inverlink los 14 depósitos endosados irregularmente por Moya.

Así, "fluyen presunciones fundadas para estimarlo autor del delito de estafa que se ha tenido por configurado", dice el fallo de la Corte de Apelaciones, lo que para los querellantes (la Corfo y el Consejo de Defensa del Estado) es un triunfo muy importante.

¿Por qué?

Porque en la medida que se pruebe la culpabilidad de este funcionario, se puede perseguir la responsabilidad civil del banco, y con ello el pago de los dineros defraudados, una lógica que opera en varios otros millonarios juicios y que podría cerrar con éxito una apuesta arriesgada que en su momento hizo el Gobierno de Ricardo Lagos.

UN ACUERDO DE CABALLEROS

Para entender este lío es necesario recordar cómo comenzó todo.

¿Se acuerda usted que el escándalo estalló en febrero de 2003, cuando se descubrió que la secretaria del presidente del Banco Central le rebotaba "ilegalmente, por cierto" mails confidenciales de su jefe al gerente de Inverlink?

¿Recuerda que a partir de allí comenzaron a develarse las oscuras artes con que el holding se había transformado en protagonista del mercado financiero y se conocieron las historias sobre las irregularidades financieras cometidas por Eduardo Monasterio en los años 80 como funcionario del Chase Manhattan Bank?

¿Se le viene a la memoria también la estampida de inversionistas que pedían sus dineros a Inverlink, buena parte captada de manera ilegal, empujando así por el barranco las finanzas del grupo?

Bueno, fue justamente en medio de esa debacle que Monasterio debió poner en marcha su red en busca de dinero fresco que lo ayudara a salir del atolladero.

A fines de febrero consiguió que Moya le facilitara documentos de Corfo, como tantas veces lo había hecho, a cambio de un buen incentivo, para operar con ellos en el mercado financiero y que agentes de otras corredoras de bolsa (filiales de bancos) hicieran su parte.

Pero todo se le escapó de las manos.

La demanda de los inversionistas era tan grande que Monasterio terminó engañando incluso a Moya, vendiendo los papeles de Corfo que había prometido devolverle y poniendo en jaque a todo el sistema financiero, porque una vez que el Gobierno descubrió el fraude intentó impedir judicialmente el pago de esos documentos.

"Aquí hay instituciones financieras reputadas que sabían perfectamente la situación que estaba ocurriendo con Inverlink, y el haber aceptado un documento endosado por ésta difícilmente se concilia con el principio de la buena fe", argumentaba el ministro de Hacienda de entonces, Nicolás Eyzaguirre, el 10 de marzo de 2003, cuando ya se conocía el robo en Corfo.

Pero sus dardos iban más allá, porque los malos antecedentes de Inverlink eran vox populi desde hace muchos años en el mercado. De hecho, en 1994 la Corfo había decidido no operar con la corredora del holding precisamente por las historias que corrían sobre Monasterio y por las sospechas que generaban las altas tasas que pagaba en sus operaciones.

Optaron por la misma vía otras grandes empresas del Estado, como Codelco, Enap y la Enami.

Y en 1999, la Superintendencia de Bancos, que bien conocía a Monasterio desde los años 80, le cerró la puerta cuando éste llegó a solicitar una licencia bancaria.

Desde la otra vereda, los empresarios argumentaban que el mercado opera sobre la base de la confianza y que los documentos robados podían haber llegado a manos de inversionistas "inocentes" a los que no se podía castigar con el no pago, porque ello significaría el colapso del sistema.

Los grandes defensores de esta tesis fueron los bancos y las AFP, representados por Hernán Sommerville y Guillermo Arthur, quienes luego de tres días de negociaciones con Eyzaguirre "que entendió los peligros reales del conflicto" llegaron a un "acuerdo de caballeros": los papeles serían reconocidos como válidos y pagados, lo que implicó reconocer que Corfo había sufrido una millonaria pérdida, pero los agentes financieros se comprometían a devolver los dineros si en el futuro la investigación judicial determinaba que esos papeles habían sido mal habidos.

Y ahí está la clave que en los últimos meses parece comenzar a despejarse, a pesar de los enormes esfuerzos en contrario que han desplegado las corredoras de bolsa bancarias en las que se detectaron operaciones que permitieron a Monasterio y Moya comenzar a hacer circular en el mercado los papeles sustraídos a la Corfo.

Una de las corredoras involucradas era la del Scotiabank, pero los ejecutivos de este banco prefirieron un rápido acuerdo y devolvieron el dinero, un punto que siempre ha pesado en contra de las otras entidades bancarias involucradas.

Así, ni el Santander ni el BBVA han querido negociar hasta ahora, aunque en el caso de este último se puede entender, ya que su filial corredora de bolsa debería pagar unos 27 mil millones de millones, y hay que anotar que en 2005 las ganancias individuales del banco (sin sus filiales) bordearon los 30 mil millones.

CORRIGIENDO A VILLARROEL

El del 31 de agosto no es el primer fallo que enmienda una decisión del juez Patricio Villarroel, quien ha investigado el caso Inverlink desde sus inicios.

En octubre del año pasado, por ejemplo, la Décima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó el procesamiento que el juez había dejado sin efecto en contra del ejecutivo del BBVA Juan Pablo Prieto Viviani, atendido que sus acciones permitieron a Monasterio y Moya poner irregularmente en el mercado unos 27 mil millones de pesos en papeles sustraídos a la Corfo.

El juicio, que debiera haber cerrado ya la etapa de sumario, algo que los querellantes pidieron expresamente, ha sido reabierto en su etapa de investigación a petición de la defensa del BBVA, lo que podría demorar al menos por un año una sentencia que comience a despejar definitivamente el camino para que el fisco recupere los dineros defraudados a Corfo.

Pero hay más.

Recién el 22 de agosto pasado, la Corte de Apelaciones acogió una apelación de la Corfo, anuló una decisión adoptada por el ministro Villarroel y corrigió una serie de procesamientos que afectan a los principales responsables del fraude a la entidad estatal.

La Décima Sala amplió los procesamientos contra Eduardo Monasterio, Ignacio Wulf, Enzo Bertinelli, Patricio Collarte y Francisco Edwards (los máximos ejecutivos de Inverlink), pasándolos del delito de estafa a "estafa reiterada"; además, elevaron los cargos contra Javier Moya, el ex jefe de la mesa de dinero de Corfo, a la figura de malversación de caudales públicos "reiterada".

Según comentó ese mismo día el vicepresidente de la corporación, Carlos Álvarez, el fallo definía "importantes orientaciones para seguir las investigaciones en el futuro", pero también auguraba "que la investigación debiera acelerarse e ir rápidamente a determinar el destino final de los recursos sustraídos, identificar y sancionar lo más pronto posible a los culpables y también avanzar en la identificación de dónde están los recursos, para efectos de poder recuperar todo lo que de ello se pueda obtener".

Así de claro.

Y eso que por esos días aún se esperaba saber qué pasaba con el fiscal del Banco Santander.

CICERONE

P.S. 

Sobre el mismo Tema:

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Quedo con la grata sensación de que, en algo ayudó CICERONE en este avance de la justicia.