Recurso 2165/2005 - Resolución: 12589 - Secretaría: UNICA

SENTENCIA DE REEMPLAZO

Se reproduce la sentencia de primer grado, pero con las siguientes modificaciones:

Del segundo, se reemplaza la parte que dice: durante el verano de 1975 y hasta mediados de ese año, por durante el primer semestre del año 1974 al primer semestre de 1975.

Se reemplaza el acápite primero del considerando 8°, por lo siguiente: 8°) Que el imputado Miguel Krassnoff Martchenko no reconoce intervención el delito específico que se ha descrito en el fundamento 3°, pero al respecto se han obtenido los siguientes elementos de convicción:

Se sustituye el párrafo primero del fundamento 11°) por lo siguiente: 11°) Que en cuanto a la participación del acusado Gerardo Ernesto Urrich González en el hecho punible de este proceso se han agregado a los autos los antecedentes que siguen:

En el 15°), y reemplazándose el punto final por una coma (,), se agrega: en la forma que se explicará más adelante.

En el 34°) se agrega, cambiándose el punto final que contiene, por una coma (,), lo que sigue: Hoy es causal de atenuación de la responsabilidad penal de los sentenciados su colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, que, de resultarle aplicable al encausado por serle favorable la reforma, no lo es porque no se encuentran acreditados los elementos fácticos que lo hace procedente.

De la primera parte del fundamento 40°) se reemplaza la frase: por la organización criminal, por por la organización.

De su letra b) se extrae su parte final que comienza: lo cual, por el contrario y termina: numeral 42° del fundamento 2°, cambiándose la coma que sigue del numeral 30 37, por punto final.

B.- DE SUS CITAS LEGALES

Se elimina la referencia que se hace a los artículos 29 y 51 del Código Penal, y 

QUINTO: Que en cuanto al grado de participación que en el delito de esta causa le ha cabido al procesado Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, aparte de los antecedentes de prueba que se expresan en el considerando 5°), se pueden señalar los que se detallan a continuación:

Posteriormente fue enviado a José Domingo Cañas, en donde también había detenidos.

En septiembre de 1974 fue trasladado a un departamento en calle Agustinas mientras la jefatura de la brigada Purén permaneció en Vílla Grimaldi, pero parte de ella se instaló en el cuartel ubicado en calle Irán con Los Plátanos, cuyo jefe local era Gerardo Urrich, pero la jefatura superior estaba en Villa Grimaldi y la ejercía Raúl Iturriaga.

Primeramente fue destinado al Cuartel Uno, en un subterráneo en la Plaza de la Constitución y más tarde al local de Londres 38, en donde llegaban detenidos, con la vista vendada.

El personal se dividió en 2 Brigadas: la Caupolicán, al mando de Marcelo Moren y la Purén, al mando de Eduardo Iturriaga Neumann.

3) Testimonio de Rudeslindo Urrutia Jonquera, fojas 903, (66) en cuanto expresa que como alumno de la Escuela de Suboficiales de Carabineros fue destinado a prestar servicios en la DINA después de una preparación previa en la que se les habló del momento político del país y que iban a trabajar de civiles para reunir información para el Estado.

Perteneció también a la brigada Purén, a la cual Eduardo Iturriaga estaba relacionado porque siempre circulaba por el recinto.

En noviembre de 1975 se trasladó al cuartel de calle Irán, cuyo jefe fue Eduardo Iturriaga.

Luego lo trasladaron al subterráneo de un edificio en la Plaza de la Constitución, desde donde debía salir a la calle a investigar los bienes de los partidos políticos.

6) Deposición de Héctor Alfredo Flores Vergara, fojas 913, (69) quien, al igual que los anteriores junto a otros funcionarios de la Escuela de Suboficiales de Carabineros hizo un curso en Rocas de Santo Domingo y posteriormente fue destinado al Cuartel Uno, a Londres 38 y al cuartel de calle Irán, cuyo jefe era Miguel Hernández.

A ese recinto llegaban detenidos enviados por los grupos operativos desde otros cuarteles de la DINA y se decía que esos detenidos pertenecían al grupo del teniente Miguel Krassnoff.

7) Deposición de Guido Arnoldo Jara Brevis de fojas 917 en que expresa que recibió clases en Rocas de Santo Domingo, cuando se encontraba haciendo un curso en la Escuela de Suboficiales de Carabineros e ingresó la DINA.

Más tarde estuvo en Londres 38 y los jefes eran Marcelo Moren, Miguel Krassnoff y Gerardo Urrich.

Reitera sus dichos en el plenario a fojas 1697 y aclara que fue en 1975 cuando trasladó a un detenido desde Villa Grimaldi hasta Irán con Los Plátanos.

La actividad básica del grupo era búsqueda y proceso de información de fuentes abiertas y cerradas en los servicios de salud del Área Metropolitana; fueron jefes suyos Urrich y Carevic y el de toda la agrupación era Iturriaga.

Agrega a fojas 1723 en el plenario que Gerardo Urrich integró la DINA en mayo de 1974.

SEXTO: Que, en definitiva, el imputado Iturriaga ha reconocido haber servido en la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, desde marzo de 1974, integrando su plana mayor.

Cumplió la misión de reclutar gente para organizar el servicio y producir inteligencia para el cumplimiento de los programas y metas del Gobierno Militar; tuvo la jefatura de la Brigada Purén, la que se subdividió en grupos para abarcar toda el área económica, y en la cual tuvo bajo su mando a Urrich y Carevic.

Tampoco acudía a los cuarteles, salvo a Villa Grimaldi porque en ella tenía personal trabajando.

Para el establecimiento de esos hechos resultan suficientes los dichos de los testigos mencionados pues reúnen los requisitos validez que exige el artículo 459 del Código de Procedimiento Penal.

Por el contrario, fuerza a concluir que del oficial superior Raúl Eduardo Iturriaga Neumann emanó dicha orden que en definitiva cumple el grupo operativo al mando del oficial Krassnoff Martchenko, de modo que debe ser responsabilizado como autor conforme lo obliga el N° 1° del artículo 15 del Código Penal.

DÉCIMO QUINTO: Que a los acusados Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann los beneficia una circunstancia atenuante de responsabilidad y no les afecta agravante alguna, por lo cual, al recibir sanción, y atento el hecho que la pena asignada por la ley al delito de secuestro consta de tres grados, la sanción definitiva a aplicárseles no podrá ser en su grado máximo; a su vez, Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, respecto al cual no operan causales modificatorias de responsabilidad penal, puede recibir sanción en cualquier punto de su extensión.

DÉCIMO SEXTO: Que con los argumentos y criterios adoptados por los sentenciadores tanto en la presente sentencia, como en la de primer grado en lo que ha quedado subsistente, se discrepa del parecer del Ministerio Público Judicial que por su dictamen de fs. 2158 estima que se debe revocar la sentencia en alzada y absolver a los acusados por favorecerlos tanto la prescripción de la acción penal como el Decreto Ley 2191, de 1978, sobre Amnistía, y

SE CONFIRMA EN LO DEMÁS APELADO la misma sentencia, pero con las siguientes declaraciones:

B.- Que se deja condenados a RAÚL EDUARDO ITURRIAGA NEUMANN y MIGUEL KRASSNOFF MARTCHENKO a sufrir, cada uno de ellos, la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, como autores del delito de secuestro calificado cometido en la persona de Luis Dagoberto San Martín Vergara a contar del 17 de diciembre de 19774, más accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena y al pago de las costas de la causa.

D.- Que los abonos considerados para los mismos en la decisión VII) -con excepción del contenido del numeral 3) que se elimina-, les serán aplicados en su oportunidad por quien corresponda.

Se previene que el Ministro Nibaldo Segura no comparte el contenido de la letra c) del considerando 25°) por estimar que los demás argumentos son suficientes para decidir la materia de que tratan, en la forma declarada.

PRIMERO: En la sentencia de primer grado, en el considerando 2º) reproducido en el presente dictamen de reemplazo, se describen los hechos que fluyen de los elementos probatorios reseñados en el motivo primero que le antecede, en la siguiente forma:

SEGUNDO: Que, revisados los antecedentes probatorios aludidos, relacionados en el considerando 1º de la sentencia ahora en alzada, dan cuenta de la existencia de hechos que dicen relación con la realidad de lo acontecido con la víctima.

1º.- Recurso de Amparo Rol Nº 11.894, presentado el 9 de Enero de 1975, en la Corte de Apelaciones de Santiago por doña Lidia de las Mercedes Vergara Hernández a favor de su hijo Luis Dagoberto San Martín Vergara de 22 años de edad, estudiante de Agronomía de la Universidad de Chile que fuera detenido el 17 de Diciembre de 1974 en su domicilio de calle Los Bergantines 5126, Villa Frei por sujetos que no se identificaron y que se lo llevaron en una camioneta color blanco modelo C-10, recurso que no tuvo resultados;

a) Testimonios de Patricia de las Mercedes San Martín Vergara, quien relató que con su madre recorrieron todos los Centros de Detención, Comisarías y Postas para ubicar a Luis Dagoberto, y que hace un par de aa) Testimonios de Patricia de las Mercedes San Martín Vergara, quien relató que con su madre recorrieron todos los Centros de Detención, Comisarías y Postas para ubicar a Luis Dagoberto, y que hace un par de años, Carmen Holzaptel les contó que había estado detenida con Luis Dagoberto en el Centro de Detención llamado Venda Sexy, dice que lo vio con claros signos de haber sido torturado y que presentaba un paro respiratorio y que los captores dijeron en ese momento que lo llevarían a una clínica, pero no regresó.

3º.- Solicitud de reapertura del sumario presentada por Alejandro González Poblete, por el Consejo Superior de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, mediante escrito de 8 de Agosto de 1996, en la causa Rol Nº 2601-2002 del Octavo Juzgado del Crimen de Santiago, que da cuenta que Luis Dagoberto San Martín era militante del MIR, agrega que fue visto en el recinto de la DINA denominado Venda Sexy lugar en que desaparecieron 19 personas. Incluye información dada por Beatriz Constanza Batasew Contreras, simpatizante del MIR, novia de Luis Dagoberto San Martín, quien describe torturas sexuales, y añade, que un día llegó Fátima Mohor quien le contó que Luis Dagoberto había sido detenido, que estaba muy mal y que lo habían llevado a una clínica.

6º.- Manifestaciones de Ingrid Silvya Heitmann Ghigliotto, detenida en dos ocasiones en cuarteles de la DINA, la segunda vez en Diciembre de 1974, quién trabajaba en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, la llevaron al cuartel Venda Sexy, allí había un muchacho en muy malas condiciones físicas, con quemaduras de cigarrillos, le parece que es el de una fotografía que le mostraron, de nombre Luis Dagoberto San Martín;

Al volver a su habitación vio en el suelo a un apersona tendida, las otras detenidas le dijeron que era El Peluca, a quien le habían hecho masaje cardiaco porque estaba en muy malas condiciones físicas por las torturas sufridas, tenía 20 años y estudiaba Agronomía;

10.- Declaración de Cristian Alejandro San Martín Vergara, en el sentido que por dichos de Alejandra Holzapfel supieron que habían visto a Luis Dagoberto en el centro de detención y torturas de la DINA de calle Irán Nº 3037, en muy malas condiciones físicas, con quebraduras de los dedos de las manos y quemaduras en el cuerpo;

TERCERO: Que, estos antecedentes, apreciados en forma legal, constituyen presunciones judiciales que cumplen todas las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, que permiten acreditar que Luis Dagoberto San Martín Vergara fue detenido el día 17 de Diciembre de 1974, que había sido buscado en los días anteriores, por sujetos armados que se movilizaban en una camioneta color blanco marca Chevrolet, modelo C-10, y llevado al sitio de detención denominado Venda Sexy, en calle Irán Nº 3037, esquina de calle Los Plátanos, llamada también la Discoteque, por tener continuamente música en volumen muy alto, lugar en que fue visto por personas que relatan que estaba en muy malas condiciones físicas, torturado mediante corriente eléctrica, con quemaduras de cigarrillos, rompimiento de dedos y muñecas de las manos por suspensión del cuerpo a través de esos miembros y parte de las manos, tormentos y lesiones que le causaron problemas graves de salud, incluyendo, a lo menos un paro cardiaco del que salió con la ayuda de personas que le prestaron auxilio mediante masaje cardiaco, que se mantenía botado en el suelo sin poder sostenerse de pie, siendo sacado de ese sitio para ser llevado al exterior a una clínica, hecho este último sin comprobación, siendo esta la última oportunidad en que fue visto con vida, lo que aconteció el 18 o 19 de Diciembre de 1974.

A lo menos, esta proposición presenta más racionalidad que aquella que pretende que en la actualidad permanece esta víctima privada de libertad, suponiéndose que en manos o poder de los acusados, a pesar del tiempo transcurrido y que no se admite que dicha situación o estado de cosas constituye una ficción jurídica.

Atendida la circunstancia que, como exponen los testigos que se han incluido en el listado de antecedentes consignados en el capítulo tercero, la víctima fue severamente castigada, torturada y afectada en su integridad física y salud, infiriéndosele lesiones que le causaron incluso un paro cardiaco que lo tuvo al borde de la muerte, del que fue oportunamente auxiliado por otros detenidos, su detención y encierro no ha podido durar más del tiempo consignado en el artículo 141 del Código Penal, en su redacción vigente a la fecha de los sucesos, que sólo fue modificado por Ley Nº 19.241, de 28 de Agosto de 1993, texto que había sido sustituido anteriormente por la Ley Nº 18.222, de 28 de Mayo del mismo año, esto es, de noventa días.

En cambio, presumir lo contrario, no resulta posible, no hay hechos conocidos o manifestados en el proceso, en realidad ningún hecho real y probado, que permitan deducir que después de esos sucesos, y aún hoy día, perdura la privación de libertad de la víctima;

La primera consiste en el encierro y detención de una persona, sin derecho, privándole de su libertad, y cuyas modalidades de perpetración se reducen al encierro y la detención por breve tiempo, no más de noventa días y sin que por la privación de libertad resulte para la víctima grave daño en su persona o intereses.

La segunda forma de ejecución del delito, se consigna en el inciso tercero, que establece: que si la detención o encierro se prolongara por más de noventa días, o si de ellos, la detención o encierro, resultare un daño grave en la persona o intereses del sujeto encerrado o detenido, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados.

SEXTO: Que, los hechos así descritos permiten ser calificados jurídicamente como constitutivos del delito de secuestro con grave daño, de Luis Dagoberto San Martín Vergara, previsto y sancionado en el inciso tercero del artículo 141 del Código Penal, en su redacción vigente en el mes de Diciembre de 1974, por cuanto la víctima ha sido encerrada y detenida por un lapso de tiempo no superior a noventa días con grave daño en su persona;

OCTAVO: Que, en el entendido que la privación de libertad de la víctima durara breve tiempo, probablemente sólo algunos días, resulta procedente razonar sobre las causales de extinción de la responsabilidad criminal, especialmente de la prescripción de la acción penal;

El delito no ha sido objeto de persecución penal, y la pena, en su caso, no ha sido cumplida, produciéndose la cesación o fin de la potestad represiva del Estado.

El transcurso del tiempo, la falta de ejercicio efectivo de la acción punitiva del Estado, la posibilidad del error judicial debido a las dificultades de conocimiento y rendición de pruebas tanto para los supuestos responsables como de los interesados en el castigo de estos, la necesidad social que alguna vez lleguen a estabilizarse las situaciones de responsabilidad penal que corresponda, y que no permanezca en el tiempo un estado permanente de incertidumbre en relación al sujeto activo y quienes podrían tener interés en la concreción de la sanción penal, han hecho posible en nuestro Derecho Penal la subsistencia de la prescripción como causa de extinción de la responsabilidad criminal, institución que se ha reconocido regularmente y cuyo desconocimiento, en este tiempo, crearía una condición de desigualdad que no es posible ignorar, no obstante las motivaciones que pudiesen estimular la comisión de hechos punibles graves como los que refieren los antecedentes de la causa, y que, por ello, se pudiese estimular el desconocimiento de los principios generales del derecho, especialmente la vigencia plena de la ley;

En cuanto a la acción penal, esta se ejercita mediante querella criminal presentada en el Octavo Juzgado del Crimen de Santiago con fecha 29 de Junio del año 2002, dirigiéndose en contra de quienes resulten responsables, sin designarse persona determinada como responsables de los delitos de secuestro, lesiones corporales y de asociación ilícita comprendidos en ese libelo.

DÉCIMO PRIMERO: Que, en este caso, por tratarse de la imputación de un delito de secuestro calificado, cuya privación de libertad llegó a su fin en la época antes anunciada, cuya pena es de presidio mayor en cualquiera de sus grados, que tiene por dicha circunstancia la condición de crimen que la ley castiga con esa pena, el plazo de la prescripción es de quince años, término que en todo caso transcurrió en exceso como se evidencia de lo razonado en el motivo precedente;

DÉCIMO TERCERO: Que, la materia de que se trata, hechos ocurridos con posterioridad al pronunciamiento militar llevado a cabo en el país en Septiembre de 1973, hace necesario emitir las reflexiones conducentes a establecer la influencia que los tratados y convenciones internacionales - que en el transcurso del tiempo han llevado a jueces de la República a absolver o a condenar a militares, a funcionarios civiles adscritos al régimen militar, o simplemente a civiles - tienen en el ámbito nacional, con el fin de determinar su aplicación en el juzgamiento y condena de los acusados;

DÉCIMO QUINTO: Que, los Convenios de Ginebra de 1949 fueron aprobados por Chile por D. S. Nº 752, de 1951, publicado en el Diario Oficial de 17, 18, 19 y 20 de Abril del mismo año, encontrándose vigentes a la fecha en que se perpetraron los hechos investigados en esta causa.

Excepcionalmente, se aplican en caso de conflicto armado sin carácter de internacional, conforme a lo previsto en el artículo 3º común para todos los Convenios de Ginebra.

Con todo, enumeró una lista de tales condiciones, extraídas de las diversas enmiendas discutidas, con el propósito de poder deducir el significado de tan importante concepto, entre los que cabe destacar:

b) que el Gobierno esté obligado a recurrir al ejército regular para combatir a los insurrectos, que han de estar organizados militarmente y disponer de una parte del territorio nacional;

d) que los insurrectos tengan un régimen que presente las características de un Estado; que las autoridades civiles de los insurrectos ejerzan el poder de facto sobre la población de una fracción determinada del territorio nacional; que las fuerzas armadas estén a las órdenes de una autoridad organizada y que estén dispuestas a conformarse a las leyes y las costumbres de la guerra y que las autoridades civiles de los insurrectos reconozcan que están obligadas por las disposiciones del Convenio.

Estas acciones hostiles tendrán un carácter colectivo; procederán de un grupo que haya alcanzado determinado grado de organización y capaz de ejecutar acciones concertadas.

DÉCIMO SEXTO: Que, el Protocolo II, Adicional al Convenio de Ginebra de 12 de Agosto de 1948, relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados sin Carácter Internacional, aprobado por D. S. Nº 752, del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial de 28 de Octubre de 1991, en su artículo 1º Nº 1º, sin modificar las condiciones de aplicación del artículo 3º común a los Convenios de Ginebra, dispone que se aplicará a todos los conflictos armados que no estén cubiertos por el artículo 1º del Protocolo I, relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales, y que se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar el Protocolo II.

Similar definición está contenida en el artículo 8.2.d) del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en los siguientes términos: El párrafo 2 c) del presente artículo se aplica a los conflictos armados que no son de índole internacional, y por lo tanto no se aplica a situaciones de disturbios o tensiones internas, tales como motines, actos aislados y esporádicos de violencia u otros actos de carácter similar.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, el D. L. Nº 5, de 1973, que erróneamente se invoca de contrario, para tener por acreditado que en la época en que se perpetraron y consumaron los hechos investigados en esta causa el país se encontraba en estado de guerra interna, realmente se dictó para los efectos de aplicar una penalidad más drástica, la de estado o tiempo de guerra que establece el Código de Justicia Militar y demás leyes penales y, en general, para todos los efectos de dicha legislación.

a) en el país existía una situación de conmoción interna;

c) que era conveniente, en esas circunstancias, dotar de mayor atribuciones a los Tribunales Militares en la represión de algunos de los delitos de la Ley Nº 17.798 sobre Control de Armas, por la gravedad que significaban y la frecuencia con que se cometían.

Sin embargo, la ocurrencia de tales acciones, cuya veracidad no está en duda, no es suficiente razón, a la época de perpetración de los hechos investigados, para tener por establecido que en Chile existía un conflicto armado no internacional en los términos del artículo 3º común para los Convenios de Ginebra de 1949.

Tampoco se ha acreditado que el 12 de Septiembre de 1973 existía en Chile una rebelión militarizada capaz de provocar el estado de guerra interno, situación que ni siquiera se mencionó en sus considerandos.

DÉCIMO OCTAVO: Que, no corresponde rechazar la aplicación de la prescripción de la acción penal, invocándose el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, convención internacional que Chile suscribió el 16 de diciembre de 1966, siendo depositado el instrumento de ratificación correspondiente el 10 de Febrero de 1972 y mandado cumplir y llevar a efecto como ley de la República por D. S. Nº 778, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 30 de Noviembre de 1976, realizándose su publicación en el Diario Oficial el 29 de Abril de 1989.

Sostener lo contrario, significa crear e invocar otra forma de ficción jurídica, que se pretende se constituya en la creencia, sin discusión en contrario, de la existencia y presencia de hechos y situaciones que no tienen sustento en la realidad, como si realmente lo tuvieran.

DÉCIMO NOVENO: Que, se decide además, que en virtud de la aplicación del Pacto en referencia, los hechos investigados deben ser calificados como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que son por consiguiente imprescriptibles conforme a los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional;

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de Julio de 1998 por la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una corte penal internacional, según el acta final de dicha conferencia y en el acta de rectificación del estatuto original de la Corte Penal Internacional de 10 de Noviembre de 1998, contiene en sus artículos 7º y 8º las definiciones de crímenes de guerra y en su artículo 29 dispone que los crímenes de competencia de la Corte, entre los que se incluyen los antes nombrados, no prescribirán.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, los hechos de la causa dicen relación con la realización de acciones que miradas imparcialmente, sin los extremos de las ideológicas, son ciertamente graves y reprochables, y desde luego merecen las sanciones que la ley nacional contempla, y aún de la ley internacional cuando ella haya sido admitida legal y constitucionalmente e incorporada al derecho nacional, pero sin que ello implique el quebrantamiento de los principios que informan y reglan la aplicación del Derecho Penal, entre ellos el de reserva o legalidad que garantiza que solamente la ley puede crear figurar delictivas y determinar sus penas, que los hechos imputados sólo pueden sancionarse como determinados delitos siempre que hayan sido establecidos con anterioridad a la época en que ocurren y que la ley penal al configurar y establecer delitos y penas, debe referirse a los hechos que los constituyen.

Esta reflexión se formula por este disidente, en vista que pareciera que lo perseguido en materias como las que motivaron la presente causa, es que debe imponerse sanción a toda costa, y que quienes quebrantan la ley penal pueden verse expuestos a ser sancionados mediante estatutos diferentes, unos en una forma y otros con normas diversas, con grave quebrantamiento del principio de igualdad que informa tanto al derecho nacional como al derecho internacional.

Redacción del Ministro Nibaldo Segura Peña y la disidencia de su autor.