En septiembre de 2009 un grupo de diputados de oposición visitó al embajador de Estados Unidos en Caracas para pedirle ayuda económica. Necesitaban dinero para iniciar una radio y/o un canal de televisión para difundir sus ideas políticas, pensando en las elecciones de 2010. Habían pedido ayuda el National Endowment for Democracy y otras instituciones. Se acercaron a la embajada para saber la respuesta. Aparentemente, les dijeron no. Es el informe del embajador Patrick Duddy el que publicó recientemente WikiLeaks. En este, el embajador reproduce parte de la conversación. Les dijo que Estados Unidos no intervenía en asuntos internos de Venezuela, que aparentemente fue el motivo por el que se rechazó la petición de los políticos. "Este es el momento de empezar", le dijeron. Más adelante en el encuentro ofrecen explícitamente defender los intereses de EUA en el país, sobre todo considerando la presencia de Cuba e Irán. Este elemento de extorsión no pasó desapercibido para el embajador, que dice que creyó que los políticos actuaron movidos por el pánico.


El 26 de agosto pasado publicaba un diario del norte de Chile una breve e intrigante nota de seis renglones. Decía esta que el senador Hernán Larraín, cabecilla de la extrema derecha chilena, y hasta hace poco secretario general de la Unión Demócrata Independiente, "señaló que en la medida que Chile avance en la tipificación de los delitos que contempla el Tratado de Roma -que creó la Corte Penal Internacional- como el genocidio, delitos de lesa humanidad y de guerra, ‘podemos pensar en que la aprobación del Tribunal Penal Internacional (TPI) sea algo posible'" (
Hace unos días un editorial de 










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