Por las versiones de prensa publicadas hoy, habría sido el ministro de Hacienda quien convenció a la presidenta Bachelet de que el Transantiago debía partir el 10 de  febrero para no seguir aplazandolo.

Ambos sabían perfectamente que el sistema estaba notoriamente incompleto, casi inoperable, pero sacaron cuentas mezquinas acerca de las multas que el gobierno debería pagar a las empresas operadores si el plan no se echaba a andar ese triste 10 de febrero.

La decisión, inhumana, insensible, alejada de los ciudadanos, fué sencillamente que el estado no pagaría esos costos de la ineficiencia estatal y en cambio quienes deberían