Limitar la libertad de expresión exigió la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, a los diputados de la Asamblea Nacional mediante la aprobación de la Ley de Delitos Mediáticos.
El proyecto de ley que redactó el Ministerio Público castiga con hasta 4 años de cárcel a quienes atenten contra el Estado, la salud mental de los ciudadanos y la seguridad de la nación. Se aplicará a periodistas y a todo aquel que se exprese en un medio.
“Se trata de una nueva criminalidad producto de la difusión de noticias”, afirmó la funcionaria. “El Estado debe sancionar esas nuevas formas de delitos, pues los ciudadanos están indefensos ante los medios”.
La Fiscalía General propone en el documento presentado en el Parlamento el 30 de julio:
-Castigar las omisiones de los medios.
-Proteger a los periodistas de cualquier presión de los dueños de los medios de obligarlos a informar un hecho falso.
-Castigar la difusión de noticias falsas.
-Sancionar a los propietarios de medios que tergiversen noticias para crear una matriz y generar terror.
-Revocarle a los productores independientes que comentan delitos mediáticos el certificado que los acredita como tal.
“No podemos aceptar que los medios no tengan límites. Está en juego la seguridad de la nación frente a la libertad de expresión. Reclamo que se ponga límite a ese derecho”, dijo Ortega Díaz.
Los argumentos expuestos por el Ministerio Público a favor del proyecto legal son que la Constitución de 1999 proscribió la propaganda de guerra y que el derecho de los demás termina donde comienzan los del otro.
La sentencia 1742 del Tribunal Supremo de Justicia, que establece que los medios pueden debilitar al Estado con propósitos particulares, también sentó las bases del proyecto de Ley de Delitos Mediáticos.
Por ahora no será discutida la Ley de Delitos Mediáticos
Desde el mismo momento en que fue presentado el proyecto de Ley de Delitos Mediáticos, organizaciones nacionales y extranjeras, incluyendo a las Naciones Unidas, expresaron su rechazo.
El Gobierno dio marcha atrás. La prueba más contundente es que la presidenta de la Asamblea Nacional, Cilia Flores, se vio obligada a anunciar que la normativa no sería discutida por el Parlamento debido a las divergencias surgidas.
"La ley propuesta por la fiscal del Ministerio Público no tuvo consenso y no es un proyecto de ley que esté en nuestra agenda legislativa'', aseguró Flores.
La presidenta del Parlamento recalcó que muchos de los aspectos planteados en el documento ya están regulados en el Código Penal actual, en el que se contempla el delito de injuria y calumnia.
"Lo importante es que se cumpla lo que ya está establecido en esa legislación'', agregó Flores.
Otros enlaces:
http://el-nacional.com/www/site/p_contenido.php?q=nodo/92656/Nacional/Venezuela-ser%C3%A1-el-%C3%BAnico-pa%C3%ADs-que-penalice-delitos-medi%C3%A1ticos
http://www.cnpven.org/data.php?link=4&expediente=250
http://www.youtube.com/watch?v=9Az-cObpg31
Hoy en día, el surgimiento constante de ideas utópicas distintas a las establecidas han creado la necesidad de expresar lo que sentimos. Si bien gran parte de los países del mundo basan sus gobiernos en la participación ciudadana, esto no siempre ha sido así. Chile ha vivido un proceso muy particular en esta índole, donde se ha necesitado de años para lograr que las minorías tengan un espacio en la sociedad.
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