Como la ley de Telecomunicaciones es de 1982 y en esa época Internet no existía, hay un serio vacío legal que impide que los consumidores puedan exigir a las compañías que no les prohíban el acceso a contenidos y servicios de la web. Lo mismo pasa con el ancho de banda, tema que también se analiza en el Congreso. En la actualidad las compañías que proveen el servicio de Internet banda ancha sólo aseguran el 10% de la velocidad del servicio contratado. Es decir, si un consumidor contrata Internet de un megabyte de velocidad, su proveedor apenas le garantiza que podrá navegar a 100 kilobytes de velocidad.