Es fácil determinar en este dictamen (69752, titulado ‘Sobre control y eliminación de los perros vagos por parte de las municipalidades')  su evidente mala fe. La interpretación de la ley, que es función del contralor, es tan torcida que es posible fundamentar una acusación contra este por prevaricación, vale decir, la interpretación a sabiendas torcida de la ley de maltrato animal 291 bis. Dice el documento que es "público y notorio que el número y concentración de jaurías de perros pone en serio riesgo la integridad física de los transeúntes". Esta afirmación es patentemente falsa. Todos los últimos ataques de perros, que provocaron la reacción homicida de algunos alcaldes, y particularmente de los recurrentes, fueron cometidos por perros con dueño y en las cercanías del domicilio.