Pude leer la respuesta que envió la oficina de la presidencia a una animalista que escribió a la presidenta una carta protestando por la ley que permitirá a las municipalidades aplicar la eutanasia como método de control de la población canina. Estamos hablando de la indicación substitutiva enviada por el Ejecutivo para el proyecto de ley 6499-11, en el que, sorprendentemente -porque va contra el espíritu original del proyecto-, faculta a las municipalidades para deshacerse de perros vagos recogidos de las calles mediante su adopción, venta en subasta o su eliminación.




Durante la manifestación frente a la municipalidad de Viña del Mar tras el hallazgo de diez cadáveres de perros en el contenedor del canil de calle 5 Oriente el jueves 27 de noviembre, una de las manifestantes me preguntó por qué creía yo que la muerte de esas mascotas -que suponemos que eran en su mayoría abandonadas- constituía delito de maltrato animal. Su pregunta me sorprendió, pese a que me la han hecho otras veces. Yo pensaba que la respuesta era evidente. Según ella, sólo la muerte con violencia o dolor constituye delito de maltrato. No estoy de acuerdo.
Quizá en ningún otro lugar queda tan en claro como en Playa Ancha, que no se puede pensar la historia social de Chile sin incluir a las mascotas de sus habitantes. La historia de los barrios es impensable sin los perros callejeros, que las autoridades llaman habitualmente perros vagos y que se vienen esforzando por erradicar de nuestro paisaje urbano recurriendo a argumentos de salud pública y a la estricnina y otros venenos. La población resiste y se organiza para defenderlos. Y ha creado espontáneamente formas alternativas de relación con los animales que se cuentan ahora entre los elementos centrales de la cultura y de la identidad porteñas.
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