El
domingo 13 de septiembre de 2009, El Mercurio publicó una investigación
sobre la venta de bases de datos que hace el Servicio Electoral de Chile.
Como
el tema me pareció digno de interés, y también preocupante desde la óptica de
derechos fundamentales, escribí lo siguiente:
Señor
Director:
A propósito del reportaje del día domingo sobre venta de base de datos por el Servicio Electoral (SERVEL), creo conveniente hacer ciertas acotaciones de interés ciudadano: (Leer más)


Leo en El Mercurio de hoy los anuncios del
Ministerio de Hacienda sobre los avances en el proyecto de reforma en
el sistema de información comercial que incorporará las deudas
positivas de los chilenos, o sea, esas que tenemos usualmente con las
casas comerciales y que pagamos regularmente (Falabella, Paris, Ripley,
etc.).

Las cosas andan mal para los ciudadanos de nuestro país.
¿Anda corto de dinero?, ¿su nivel de ingresos no le permite acceder a instrumentos crediticios?.
No se trata de que deudas están impagas o haya morosidad, cuestión que ya saben, sino que lo que quieren es conocer quién les dio crédito y cuál es el monto, justificándolo por razones de supresión de riesgos.









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