El 26 de agosto pasado publicaba un diario del norte de Chile una breve e intrigante nota de seis renglones. Decía esta que el senador Hernán Larraín, cabecilla de la extrema derecha chilena, y hasta hace poco secretario general de la Unión Demócrata Independiente, "señaló que en la medida que Chile avance en la tipificación de los delitos que contempla el Tratado de Roma -que creó la Corte Penal Internacional- como el genocidio, delitos de lesa humanidad y de guerra, ‘podemos pensar en que la aprobación del Tribunal Penal Internacional (TPI) sea algo posible'" (El Chañarcillo).

No deja de resultar extraño que, después de haber dirigido la oposición contra la ratificación de ese y otros tratados en materia de derechos humanos, uno de los jefes de la reacción haya cambiado de opinión tan radicalmente. ¿Por qué hace unos años no convenía ratificar el Estatuto de Roma, y ahora aparentemente sí? ¿Qué ha pasado entretanto?