Unos de los hitos más emblemáticos del movimiento obrero sudamericano es un hecho sangriento ocurrido un 21 de diciembre de 1907 en el Norte Grande de Chile. Un hecho cuyas heridas todavía no se curan del todo en ese país: la masacre de Santa María de Iquique.
Se trata de una tragedia acaecida en la época del auge de la producción salitrera en las regiones de Antofagasta y Tarapacá, bajo los gobiernos parlamentarios.
En aquella época, las miserables condiciones de trabajo y la explotación indiscriminada de que sufrían los obreros del salitre los llevó a unirse en una gran huelga.
El uso de la fuerza armada por parte del gobierno del presidente Pedro Montt para reprimir esa huelga dio lugar a una terrible matanza en la que tropas gubernamentales acabaron con la vida no sólo de los trabajadores sino de sus familias y además dieron un trato especialmente cruel a los sobrevivientes.
Si bien los reportes oficiales hablan de 126 muertes, otras versiones afirman que aquel día fueron asesinadas entre 2200 y 3600 personas.
¿Cómo ocurrió un hecho tan pavoroso? ¿Cuáles fueron sus antecedentes y cuáles sus consecuencias?
En este artículo intentaremos descifrarlo.
Salitre, fuerza de la economía
La zona del salitre en Chile está integrada por el desierto de Atacama. Los territorios de Tarapacá y Antofagasta fueron obtenidos por Chile luego de la Guerra del Pacífico (1879-1884), y significaron para ese país el acceso a una zona de enorme riqueza mineral compuesta principalmente por grandes yacimientos de cobre y salitre.
Precisamente el salitre se convirtió a fines del siglo XIX en el principal refuerzo de la economía chilena.
Una vez que Chile se había constituido como el productor exclusivo de salitre a nivel mundial, las tensiones inducidas por el dominio de las minas fueron de las principales causas de la Guerra Civil de 1891, cuando el bando del Congreso, protegiendo los intereses chilenos y británicos de la zona, dominó en la contienda.
Los yacimientos se hallaban en la mitad de la pampa, justo en la planicie entre el océano Pacífico y la cordillera de los Andes.
Era muy dura la vida en las minas en aquellos tiempos. Las empresas ejercían un inhumano control dentro de los yacimientos, con múltiples arbitrariedades.
Los trabajadores eran cada vez más vulnerables ante los abusos de los dueños.
Para 1907, en Tarapacá y Antofagasta trabajaban cerca de 40 mil operarios, de los cuales alrededor de 13 mil provenían principalmente de Bolivia y Perú.
Aparte de ser propietarias de las viviendas de los obreros, las empresas tenían con un sistema policial propio, y además controlaban las bodegas y a todos aquellos que se dirigían a realizar negocios en cualquier dependencia.
Comienza la huelga
Fue así como los obreros del salitre reclamaron en muchas ocasiones al Gobierno de Santiago las necesarias mejoras en sus condiciones de vida y sus deplorables condiciones laborales.
Sin embargo, los gobiernos parlamentarios eran renuentes a intervenir en los tratos entre empresas y trabajadores. De hecho, consideraban que las grandes movilizaciones obreras eran “rebeliones incipientes”.
Una huelga general se desató en la salitrera San Lorenzo el 10 de diciembre de 1907 y se extendió a la de Alto San Antonio, lo que dio lugar a la Huelga de los 18 peniques, que tuvo este nombre porque los jornaleros pedían el pago de sus pagos en esta moneda pues el salitre era comercializado en libras esterlinas.
Una cuantiosa formación de huelguistas de Alto San Antonio llegó al puerto de Iquique, sede del gobierno regional, portando banderas de Chile, Perú, Bolivia y Argentina.
A este grupo se sumaron otras oficinas salitreras, lo que significó que también había entrado en huelga casi todo el comercio e industria del norte del país.
Según reportes de la época, los huelguistas sumaban entre 15 mil y 23 mil personas, lo que conllevó a la total paralización de las actividades del puerto y de la actividad minera.
La masacre
El gobierno de Santiago dio la orden de envío de tres regimientos para reforzar otros dos que había en Iquique y envió desde Valparaíso el crucero Blanco Encalada con tropas de desembarco. Posteriormente otros regimientos y tropas se fueron sumando.
Los huelguistas se negaron a desalojar la Escuela Santa María, en donde permanecían desde hacía una semana, y fue así como el 21 de diciembre el general Roberto Silva Renard ordenó a sus tropas hacer fuego en contra de la multitud.
El gobierno de la época ordenó que no se expidieran certificados de defunción detallados de los fallecidos y decidió enterrarlos a todos en una fosa común en el cementerio de Iquique.
Solo en 1940 se exhumaron los restos, que fueron enterrados nuevamente, esta vez en el patio del Servicio Médico Legal de la ciudad.
Mucho tiempo después, al conmemorarse los cien años de la matanza, el gobierno de la entonces presidenta Michelle Bachelet ordenó que se exhumaran nuevamente los restos y que fueran depositados en un monumento especialmente dedicado a ellos en el lugar del crimen.
Fue así como finalmente se hizo justicia para aquellos miles de obreros chilenos, peruanos y bolivianos que habían bajado desde la Pampa y unido su movimiento reivindicativo al de sus compañeros iquiqueños.
Pero a día de hoy, hay gente que no tiene idea del impacto de esta masacre en el pueblo chileno.