La aplicación de medidas económicas por parte del gobierno de Mauricio Macri ha venido generando un clima de agitación social en Argentina, que recrudeció en diciembre de 2017 y apenas se calienta este año, con miras a intensificarse.
Y como suele ocurrir en cualquier país, el hecho económico se entrelaza con la pugnacidad política.
Para el gobierno, las medidas son más que necesarias para sanear la economía del país austral y reducir la temida inflación que se encuentra alrededor del 25%. Para otros sectores, entre ellos representantes del sindicalismo, se trata de medidas injustas, “hambreadoras” que sólo empobrecerán a la ciudadanía.
Un segmento de la sociedad está exasperada y esto ya se evidenció en diciembre de 2017 cuando decenas de miles de personas protestaron en Buenos Aires contra la aprobación de una ley destinada a recortar el monto de las jubilaciones y aumentar la edad de retiro, que, de acuerdo con las denuncias, únicamente perjudicará a los jubilados y demás trabajadores.
Aquellas grandes movilizaciones de los días 14 y 18 de diciembre de 2017 podrían ser sólo el preludio de lo que pasará en Argentina durante los meses venideros en 2018. Lo que viene podría ser el recrudecimiento de una lucha a pulso entre dos grandes sectores, cada uno con motivos suficientes para mantener sus posiciones.
Es lo que parece, luego de una enorme concentración realizada en Buenos Aires el pasado 21 de febrero, donde el foco se centró nuevamente en las medidas económicas de Macri.
Una serie de medidas
En 2017 el gobierno de Mauricio Macri celebró a lo grande su segundo cumpleaños con una victoria en las elecciones legislativas, lo que aprovechó para lanzar una serie de medidas difíciles de aceptar y comprender por buena parte de la población.
Se trata de un puñado de resoluciones, decretos y proyectos de ley para tratar de canalizar los problemas de la economía argentina que, según expresan voceros gubernamentales, son “heredados de la era kirchnerista” pero que han sufrido una profundización.
Las reformas en cuestión son tres: laboral, tributaria y previsional, que conforman un programa económico a gran escala.
Las reformas laboral y tributaria están orientadas a reducir costos empresariales y ajustar las condiciones de trabajo.
Uno de los puntos más polémicos en estas reformas es la indemnización por despido, la cual se calculará sobre el monto básico de la remuneración y no sobre el ingreso habitual del trabajador.
Otro punto que ha encendido el debate es que la jornada laboral podrá extenderse hasta 10 horas (en la actualidad es de 8) sin pago de horas extra. Pero al mismo tiempo se establece un fondo de horas que obliga al patrono a compensar más adelante las horas adicionales trabajadas.
Asimismo, en el aspecto tributario uno de los puntos más criticados es la reducción de aportes patronales a la seguridad social para financiar jubilaciones.
También en este punto se reducirá el impuesto a las ganancias de las empresas cuando reinviertan sus utilidades.
Por su parte, la reforma previsional apunta a compensar los menores ingresos fiscales derivados de las otras reformas, por la vía de la reducción del gasto en jubilaciones.
Aquí uno de los puntos álgidos lo constituye la pérdida de ingresos que sufrirá el organismo encargado de pagar las jubilaciones y pensiones por la rebaja de aportes patronales.
De acuerdo con algunos analistas, de aplicarse este cambio los jubilados recibirían en total 100.000 millones de pesos menos. Número que podría ascender a 150.000 millones de pesos si se incluye lo que tampoco se cancelará por pensiones.
Hoy en día, 600 mil millones de pesos en déficit fiscal y un déficit comercial de 6 mil millones de dólares hacen que el país deba cubrir un agujero fiscal con dólares de una balanza comercial negativa.
En medio de todo lo mencionado está la inflación. Para 2018 el gobierno de Macri tiene el reto de hacer crecer la economía y bajar la inflación, pero es más fácil decirlo que hacerlo.
Sin embargo, el mandatario argentino continúa esgrimiendo una cantidad de argumentos que para él son logros indiscutibles.
Algunos de ellos son que la economía ha cobrado auge, “la inflación alcanzó el menor nivel en una década, los salarios se han recuperado, y la pobreza y el desempleo se han reducido», ha dicho en foros internacionales.
Otro argumento pone a dudar a mucha gente, porque expresa que en Argentina se ha alcanzado “un consenso político en torno a una agenda de reforma permanente”.
En vista de los últimos acontecimientos, este último punto está por verse.
¿Fuerte, pero no tanto?
Apenas en los inicios del 2018, el ambiente se calienta con una gran demostración de fuerza enmarcada en la pugna personal entre quien fuera el jefe de la vigorosa Confederación General del Trabajo (CGT), Hugo Moyano, y el presidente Macri. Ambos fueron alguna vez aliados políticos.
Fue un llamado a tomar la calle el pasado 21 de febrero que miles de personas aceptaron para inundar la avenida 9 de Julio, principal arteria de Buenos Aires. Pero, aunque la imagen de multitudes fue impactante, el sector más combativo del peronismo, representado por Moyano, no lució tan poderoso.
Una buena cantidad de los gremios que componen la central sindical resolvieron no acompañar a su antiguo líder, porque han visto “un interés personal” en sus demandas contra el Gobierno.
Y es que el veterano sindicalista tiene sobre su cabeza acusaciones de enriquecimiento ilícito y malversación.
Aún así la asistencia a la marcha en la capital argentina fue masiva y contó con la participación de movimientos sociales, el kirchnerismo y los partidos de izquierda, entre otros.
Y para Macri el panorama tampoco está sencillo. Desde entonces, su popularidad se ha resentido aunque continúa en un 50% de aprobación según algunas encuestas.
Luego de pocos meses desde que su partido, Cambiemos, dispersara a la oposición peronista en las elecciones legislativas de medio término, el presidente argentino debe apretar muchas tuercas para afinar sus medidas económicas.
Pero, como ya se vio en la reciente marcha, no será tan fácil. Moyano, el sindicalista más poderoso de Argentina desde hace 30 años, se le ha plantado de frente con esta gran movilización.
Sin embargo, ya con 74 años, y acusado por el presunto uso fraudulento del dinero de su enorme sindicato de 200.000 afiliados y un aglutinado de empresas con clínicas de salud, hospitales y hoteles, el líder sindical no luce tan fuerte como en décadas anteriores.
«Dicen que esta marcha es para defenderme de mis causas judiciales. No estoy implicado en ningún tema de corrupción, pero si fuera así, tengo las suficientes pelotas para defenderme solo…”, afirmó Moyano, lo que para sus enemigos políticos fue una contundente muestra de debilidad.
Y es que comenzar el acto hablando de sus causas judiciales, fue, para muchos, la evidencia de que el motivo de la marcha era para defenderse y no para defender la causa de los trabajadores.
Mientras tanto, Macri apuntaba al desprestigio de su ahora oponente con una frase lapidaria: «El camino es el trabajo y el diálogo, sin extorsiones ni comportamientos mafiosos».
Pero apostar a la mala imagen de los opositores no será suficiente. La situación es complicada.
Inflación, dólar y más
De acuerdo con algunos analistas, el progresivo desempleo en Argentina ya ronda el 15% de la fuerza laboral, pero para los jóvenes menores de 30 años la cifra alcanza un 45%.
Entretanto el gobierno intenta negociar un aumento de salarios mucho menor que los índices actuales de inflación.
Existen también contradicciones entre los exportadores de granos que reclaman una cotización del dólar lo más alta posible, y los importadores de mercancías y banqueros argentinos, que solicitan mantener la equivalencia actual.
Y es que en medio de todas las dificultades está el llamado “atraso cambiario”, o dicho de otra forma, el dólar barato.
Un déficit fiscal creciente crea una inflación que “atrasa” el dólar. Este dólar barato hace que el país no pueda producir sus propios dólares legítimos y en consecuencia, el déficit comercial debe ser equilibrado con un mayor endeudamiento.
Es un círculo vicioso del cual ha sido difícil salir para los argentinos.
De acuerdo con algunos investigadores, no durará para siempre esa facilidad de adquirir dólares baratos agregados efímeramente al mercado debido a una elevada tasa para los bonos en moneda extranjera.
Agregan que permanecerá en el tiempo únicamente mientras los compradores acepten el riesgo de una cesación de pagos.
Entretanto, el Gobierno de Macri ha venido tomando algunas decisiones con cierto optimismo. Una de ellas es “recalibrar” las metas de inflación, por lo que para el año 2018, la meta es del 15 por ciento.
Se espera que la meta de inflación será reducida a un dígito hacia el año 2020, con un objetivo final del 5 por ciento.
Además, voceros en la administración de Macri aseguran que en 2017 la economía creció y comenzó una mengua de la recesión.
También han afirmado que en 2017 el promedio de los salarios generó la posibilidad de hacer crecer el salario real en 3 puntos.
El gobierno de Macri sostiene que el objetivo final es reformar la estructura productiva para generar más oportunidades de empleo.
Obviamente, no todos piensan lo mismo.
¿Oleada de movilizaciones?
Despidos, movilizaciones defensivas, represión y detenciones son parte de lo que denuncian sectores opuestos al gobierno.
Una referencia frecuente la constituyen los sucesos en el ingenio La Esperanza de Jujuy, con 400 despidos y decenas de heridos el 20 de diciembre de 2017 así como la represión a los jubilados y docentes de la provincia de Santa Cruz, a tres días de finalizar el año pasado.
Igualmente se mencionan las cesantías y represión durante las últimas semanas de enero y comienzos de febrero de 2018 a los mineros del carbón de Río Turbio, los empleados del Instituto de Tecnología Industrial (INTI) y los profesionales del Hospital Nacional Posadas.
Para algunos observadores la implacable acción de las fuerzas de seguridad “es una decisión política del gobierno nacional”.
Los más radicales opinan que la aplicación de “medidas neoliberales” por parte del gobierno de Macri se ha visto posibilitada por la confabulación de la burocracia sindical y de la oposición en el parlamento.
Según esta tesis, el paso siguiente ha sido el aumento de la represión y la violación de las leyes y la Constitución.
A juicio de algunos sectores de oposición a la administración Macri, la Corte Suprema y los tribunales se han prestado para la violación de la legislación vigente.
Estas denuncias se basan en que las figuras de “asociación ilícita” y “prisión preventiva por peligrosidad”, se han empleado indiscriminadamente para detener a cualquier opositor o luchador social.
Y van más allá. De acuerdo con esta visión, un Decreto de Necesidad y Urgencia promulgado por el presidente Macri en enero de 2018, derogó 19 leyes y decretos y modificó otros ciento cuarenta de modo inconstitucional.
Bajo esta óptica, a Argentina le esperaría en 2018 una oleada de movilizaciones de calle.
Lo que podría pasar
En marzo de este mismo año los gremios sindicales buscarán, a través de convenios con sus concernientes entidades patronales, los aumentos salariales que dominen a la inflación y rescaten parte de lo perdido en años anteriores.
Para estos sectores la inflación de 2018 en Argentina estará muy por encima del 15% que estima el Gobierno.
Y es por ello que obreros, docentes, jubilados, militantes de movimientos sociales, empleados de comercio y cooperativistas populares marcharon y se concentraron el pasado 21 de febrero en Buenos Aires.
Ellos quieren que se echen atrás algunas reformas y que cesen los despidos.
Alrededor de todo esto, hay un ambiente de posible diálogo entre las partes en pugna, que algunos ven como condicionado.
Una prueba de ello podría ser que durante el acto masivo en la capital argentina no se amenazó con profundizar la protesta. Se habló del rechazo al nuevo sistema de cálculo jubilatorio y también a la reforma laboral. Pero no se amenazó con un paro general.
Más aún, un día después de una masiva convocatoria en el centro bonaerense, Hugo Moyano mostró disposición a reunirse con el presidente Mauricio Macri. «Si el Presidente me llama, voy a ir», declaró a Infobae.
Entonces ¿qué pasará ahora? Algunos analistas consideran que después del acto de 21 de febrero hay dos alternativas: podría haber sido el punto de máxima conmoción con el gobierno de Macri o podría ser el primer paso de una gran progresión de conflictos.
El gobierno sigue insistiendo en que mediante estas reformas se logrará promover una mayor inversión, tanto nacional como extranjera, y que esto ayudará a elevar los niveles de empleo.
Voceros del gobierno argentino sostienen que actualmente los empresarios no invierten mucho más debido a los altos costos y rigurosidad en los contratos de los trabajadores.
Mientras tanto, la probabilidad de una total paralización y del incremento notable de la tensión política sigue en el ambiente y amenazan los planes reformistas de Macri. Ya veremos.